República Española, Segunda HIST.

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Historia

Aunque el advenimiento de la R. se produjese a consecuencia de las elecciones municipales del 12 abr. 1931, una recta comprensión de los hechos exige tener en cuenta, como sus antecedentes lejanos, la doble crisis, institucional y social, registrada en el reinado de Alfonso XIII (v.) desde 1909: desmoronamiento de las bases políticas de la Restauración (sistema del turno de partidos), desde la caída de Maura (v.) a la división de los grandes partidos dinásticos (1913 a 1915); desequilibrio económico-social provocado por la 1 Guerra mundial, con la proliferación del sindicalismo obrero y la agudización de luchas de clases; impacto negativo de la cuestión marroquí e inquietud creciente de los cuadros militares desde 1917. Estos factores, que en definitiva provocaron el golpe de Estado de 1923 y la dictadura de M. Primo de Rivera (v.), habían dado paso a un paréntesis engañoso, dilatado por los éxitos del nuevo régimen; pero cuando éste naufragó en 1930, a raíz de la crisis económica provocada por el desastre financiero de Wall Street, en los momentos en que se tocaba el reverso de una situación de excepción, que no había conseguido reorganizar las bases políticas de la monarquía, sino enfrentarla con aquéllas, la caída del dictador arrastró consigo la del trono.

Los Gobiernos de Berenguer y Aznar, atentos a preparar el tránsito de la dictadura a la normalidad constitucional, fueron sólo un puente a la R., programada ya en el pacto de San Sebastián por los republicanos históricos y los nuevos republicanos, con el asentimiento de los socialistas y regionalistas catalanes y gallegos. El fracasado pronunciamiento de laca (diciembre 1930) creó los mártires y héroes míticos de la "revolución", y el "Gobierno provisional" de la R. salió sublimado de la Cárcel Modelo, tras un proceso que tuvo valor sintomático para el trono. Es cierto que las elecciones municipales del 12 abr. 1931 dieron una mayoría absoluta a las candidaturas monárquicas; pero el hecho evidente es que los sufragios indiscutiblemente sinceros -los de las capitales de provincia, con dos únicas excepciones- se inclinaron unánimemente por las candidaturas republicanas.

Gobierno provisional y Cortes Constituyentes. Para evitar derramamientos de sangre, el Rey se alejó del país y el "Gobierno provisional" pasó a ser Gobierno efectivo. Presidido por Alcalá Zamora (v.), figuraban en él desde el radicalismo de Lerroux (v.) y Martínez Barrio, al socialismo (Prieto, v.; Largo Caballero, v.; y Fernando de los Ríos), así como los radicalsocialistas Marcelino Domingo y Álvaro Albornoz, pasando por la "nueva ola" republicana de Manuel Azaña (v.) y el regionalismo catalán y gallego de Nicolau d’Olwer y Casares Quiroga. El Estatuto provisional del 15 de abril supuso un amplio programa de acción: apertura hacia una "democracia auténtica", reconocimiento de la personalidad de las regiones, revisión del régimen de propiedad de la tierra, examen de las responsabilidades en torno a la crisis marroquí de 1921 (v. ÁFRICA, GUERRAS DE Ii) y al golpe de Estado de 1923. Simultáneamente, el Gobierno provisional hubo de atajar las iniciativas separatistas de catalanes y vascos que rebasaban lo contenido en el pacto de San Sebastián (V. ALFONSO XIII DE ESPAÑA, 7).

Antes de que se abriera el proceso electoral con vistas a las Cortes Constituyentes, se habían producido otros dos impulsos desbordantes: el del anticlericalismo, exultante e irracional, especialmente en las jornadas del 10 al 12 de mayo, en que ardieron una serie de casas religiosas en Madrid y provincias (sobre todo en Andalucía: Málaga y Sevilla); y el del anarcosindicalismo (v. ANARQUISMO), hostil a los socialistas que figuraban en el Gobierno (sucesos de Sevilla: junio-julio). Las elecciones a Cortes dieron una amplísima mayoría a los núcleos políticos representados en el Gobierno provisional, y especialmente a favor de socialistas y radicales. En la minoría de derechas destacaba, como supervivencia de las viejas promociones del liberalismo monárquico, el grupo de los agrarios. En las candidaturas de éstos había sido incluido José María Gil Robles (v.), representante en realidad del partido Acción Popular, formación política de base fundamentalmente católica, pero que aceptaba la colaboración con el régimen para salvar las bases esenciales de la sociedad española, sin plantearse como esencial el problema de las formas de gobierno.

Aparte de la elaboración de un código constitucional, muy influido por el socialismo y el anticlericalismo, las Cortes Constituyentes hubieron de examinar y respaldar la legislación de Azaña -que depuraba los cuadros militares, reduciendo una oficialidad desproporcionada y suprimiendo las capitanías generales y los tribunales excepcionales-, y la de Largo Caballero- jurados mixtos, seguros sociales, estatuto sindical, Ley de Términos Municipales...

El bienio social-azañista. El debate en torno a los artículos de la Constitución que subrayaban el carácter laicista de la R., descargando golpes contra las Órdenes religiosas, y en especial contra la Compañía de Jesús, provocó una primera crisis: Alcalá Zamora y Miguel Maura salieron del Gobierno, y Azaña constituyó nuevo

Ministerio, que abrió la etapa social-azañista (el "bienio de izquierdas"). Sin embargo, para evitar una quiebra en las fuerzas que habían traído el régimen, Alcalá Zamora fue designado en noviembre presidente de la R., y, tras jurar la Constitución recién aprobada, encargó a Azaña que formara nuevo Gobierno. En este tercer Gabinete, entraron nuevamente los socialistas -Largo Caballero, Prieto y De los Ríos-, los radicales socialistas y la izquierda catalana y gallega; pero Lerroux y los radicales fueron excluidos, a pesar de constituir por su número la segunda minoría parlamentaria. Ya desde entonces empezó a dibujarse el acercamiento de este núcleo republicano hacia un centro derecha, una vez eliminada la representación de Alcalá Zamora.

Azaña abordó, prolongando la vida de las Cortes Constituyentes, los dos grandes proyectos de ley que reflejaban mejor el carácter del nuevo régimen y- las fuerzas que lo sustentaban: la Reforma Agraria y el Estatuto Autonómico de Cataluña, que había sido aprobado previamente por referéndum en el antiguo principado. En torno a ambos proyectos se tensaron las pasiones durante los meses centrales de 1932, bien entendido que la reacción estaba encarnada no sólo por las viejas resistencias conservadoras, sino por el anarcosindicalismo, cada vez más fuerte -encauzado por los activistas de la FAI (Federación Anarquista Ibérica)-, y espoleado por las dificultades de la crisis económica, que había provocado un paro de enorme amplitud, con una media de 600.000 hombres sin trabajo durante los años que precedieron a la guerra de 1936-39.

En agosto de 1932, el malestar de los decepcionados con el régimen, polarizado por determinados núcleos monárquicos, hizo crisis en el pronunciamiento del general Sanjurjo (v.), que tuvo dos brotes: uno en Sevilla, en que momentáneamente se impuso el prestigio del ilustre jefe; otro en Madrid, que fue ahogado con presteza. Detenido Sanjurjo cuando trataba de alcanzar la raya de Portugal, un rápido proceso decidió la deportación de los principales responsables o comprometidos; al propio Sanjurjo se le conmutó la pena de muerte por el confinamiento en el penal de Dueso. Azaña aprovechó la reacción izquierdista provocada por la intentona de agosto, acelerando la aprobación en las Cortes de los dos proyectos atascados hasta entonces en ellas: el del Estatuto Autonómico Catalán y el de Reforma Agraria. Este último, que suponía la fijación de límites a las propiedades campesinas, cuyos excedentes, adquiridos por el Estado, serían redistribuidos por el Instituto de la Reforma Agraria, creado al efecto, recibió además un nuevo impulso con las revolucionarias disposiciones de Azaña, que, englobando en las responsabilidades del pronunciamiento contra el régimen a toda la clase aristocrática, expropiaban a la alta nobleza, destinando sus tierras a los fines de la reforma proyectada.

En noviembre, Azaña se trasladó a Barcelona para hacer entrega oficial del Estatuto aprobado en las Cortes; se registró entonces el momento de máximo apogeo de su gestión política. Pero la crisis económica continuaba; la lentitud y torpeza con que la reforma agraria fue aplicándose, y la continua agitación del anarcosindicalismo, provocaron, a principios de 1933, una serie de chispazos revolucionarios, de los cuales uno, el de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, se hizo tristemente célebre por la dureza de la represión ordenada por el ministro de la Gobernación, Casares Quiroga. Un violento debate en las Cortes, en torno a estos hechos, estuvo a punto de liquidar la situación política. El Gobierno salió muy quebrantado de aquel debate, y aún contribuyó a debilitarlo el fracaso de sus candidaturas en unas elecciones municipales parciales. Una nueva consulta indirecta a la opinión -la elección de vocales del Tribunal de Garantías-, de resultado negativo para las fuerzas representadas en el Gobierno, produjo a la larga una crisis que el presidente de la R. resolvió otorgando el poder a Lerroux; y, al no contar éste con suficiente quórum en el Parlamento, se encargó de formar Gobierno Martínez Barrio -segunda figura del radicalismo-, ya provisto del decreto de disolución de las Cortes (v. RADICAL, PARTIDO).

La decepción que en la masa neutra produjeron las estridencias del bienio azañista, la hostilidad del anarcosindicalismo y la ruptura de la alianza entre la izquierda burguesa y los socialistas, contribuyeron a que se produjese un cambio total, registrado en las elecciones de noviembre de 1933. Estas elecciones fueron un triunfo decisivo para la gran organización política de derechas, que durante la fase final del bienio azañista se había articulado mediante el entendimiento del núcleo de Acción Popular -dirigido por Gil Robles- y la Derecha Regional Valenciana, agrupación de Luis Lucia: la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), que mantenía de aquélla el principio de la accidentalidad en las formas de gobierno y se inspiraba en ideas más o menos identificables con una democracia cristiana, aunque abarcando demasiados matices para poder constituir una auténtica fuerza efectiva de gobierno. Por lo demás, la mayoría obtenida por la CEDA no era lo suficientemente fuerte para poder prescindir de alianzas; la única posible la representaba el radicalismo lerrouxista.

El bienio radical-cedista. El bienio radical-cedista se inició mediante un Gobierno Lerroux; Gil Robles -mirado con mucha prevención por Alcalá Zamora, dada la filiación monárquica de un amplio sector del cedismose reservó de momento, brindando su apoyo a los radicales para que éstos llevaran a cabo una estricta obra rectificadora del bienio social-azañista.

Durante esta primera etapa se produjo, por lo pronto, una escisión en el lerrouxismo, la de Martínez Barrio, disconforme con la supeditación del tradicional espíritu radical a las orientaciones de la derecha. Por otra parte, los grupos monárquicos del tradicionalismo y de Renovación Española (v. ACCIÓN ESPAÑOLA), que antes se agruparan en el frente montado por la CEDA en las elecciones, se apartaron decididamente de Gil Robles. Lerroux llevó a las Cortes una Ley de Amnistía que favoreció sobre todo a los responsables del 10 de agosto, arbitró medios de subsistencia para el clero parroquial y dejó en suspenso la Ley de Términos Municipales y, prácticamente, la aplicación de la reforma agraria.

Entretanto, la dirección del socialismo -de su agrupación sindical, la UGT (Unión General de Trabajadores)pasó a manos de Largo Caballero, desplazando a Besteiro. Largo Caballero se aplicó a buscar contactos con la CNT (Confederación Nac. del Trabajo) para lanzarse a un movimiento revolucionario en el que se procuró in- - cluir a los vascos -que desesperaban ya de obtener su Estatuto Autonómico- y a los catalanes de la Esquerra, que seguían detentando el poder en Barcelona a través de la Generalidad (v. CATALUÑA Iv). Durante el verano de 1934, y gobernando Samper -radical, como Lerroux-, el estallido se fue preparando: el conflicto entre el Gobierno de la R. y el de la Generalidad fue un auténtico estímulo en la agrupación de fuerzas revolucionarias. Dicho conflicto fue a propósito de la Ley de Contratos de Cultivo, votada por la Generalidad para cortar por lo sano en el viejo pleito rabassaire, típico del campo catalán, pero que según el dictamen del Tribunal de Garantías Constitucionales rebasaba las atribuciones reservadas al Gobierno autónomo.

En octubre de 1934 se formó un nuevo Gobierno Lerroux que dio entrada a tres ministros de la CEDA. Aunque la combinación política era perfectamente constitucional y de acuerdo con la configuración del Parlamento, sirvió de pretexto para que se iniciara el movimiento revolucionario, que tuvo dos principales capítulos: el pronunciamiento secesionista de Companys, al frente de la Generalidad, y el difuso alzamiento socialista, fracasado en la mayor parte de España, pero que en Asturias alcanzó una gravedad extraordinaria (v. ASTURIAS III), movilizando a los mineros de las dos procedencias, socialista y anarquista, fundidos bajo el emblema UHP (Unión de Hermanos Proletarios).

Superado el brote revolucionario por el Gobierno Lerroux, que encomendó la dirección de las operaciones de Asturias al general Franco (v. FRANCO BAHAMONDE, FRANcisco, 3), la liquidación de las responsabilidades en él implicadas -resuelta a través de una fórmula impunista que contrastaba, en todo caso, con la violencia de la represión directa efectuada por las fuerzas expedicionarias en Asturias- provocó una crisis en el Gobierno a la que se sumó, además, la escisión provocada ya en el seno de la CEDA por los proyectos legislativos, de acusado espíritu social, de Giménez Fernández, ministro de Agricultura. Mientras tanto, la izquierda iniciaba una agrupación de fuerzas -preludio del Frente Popular (v. FRENTEPOPULISMO)- que convertía en señuelo propagandístico la fracasada rebelión de "Asturias, la roja".

Tras un paréntesis en la primavera de 1935, en que la CEDA permaneció alejada del Gobierno, a partir de mayo se organizó un quinto Ministerio Lerroux, que reservó cinco carteras al cedismo -Gil Robles, en Guerra-; pero aunque se emprendió una notable obra reorganizadora, especialmente en Hacienda, Trabajo y Guerra, era demasiado tarde, y los escándalos que salpicaron a algunos miembros destacados del radicalismo -estraperlo y denuncia Nombela- fueron fatales para mantener la combinación de fuerzas políticas.

Triunfo y desbordamiento del Frente Popular. Dos Gobiernos Chapaprieta prolongaron la R. de derechas hasta noviembre. Pero obturada la buena marcha parlamentaria por el resentimiento de los radicales, reducidos a una mínima representación formularia en el Gobierno, después de los escándalos mencionados, Alcalá Zamora confió el poder a Portela Valladares, que contaba con su confianza, pero que carecía de apoyo e incluso de acta en el Congreso, otorgándole el decreto de disolución de las Cortes. Las elecciones de febrero de 1936 depararon un discutido triunfo al Frente Popular -que agrupaba a las izquierdas de todos los matices-, situando en segundo lugar a la agrupación de Gil Robles. Alcalá Zamora fue desplazado de la presidencia de la R.; Azaña, que le sustituyó, se inhibió de la lucha política, dejando el campo libre a los máximos extremismos.

A partir de ese momento, el país vivió una situación de práctica anarquía, mediatizado el Gobierno Casares Quiroga por el radicalismo y las organizaciones obreras, y avanzando la legislación a rastras de situaciones de hecho creadas por el desbordamiento revolucionario. El horizonte político quedó polarizado en bloques irreconciliables, que apuntaban ya a resolver sus diferencias en una pugna marginal a la convivencia parlamentaria. Mientras las organizaciones proletarias preconizaban una revolución espoleada por la demagogia desenfrenada de Largo Caballero, el Ejército y los núcleos de derechas -capitaneados en el Parlamento por el Bloque Nacional de Calvo Sotelo (v.)-, y la agrupación Falange Española (v.), fundada por José Antonio Primo de Rivera (v.), preparaban un alzamiento armado que, en último término, fue precipitado por el asesinato de Calvo Sotelo, ocurrido el 13 jul. 1936. Cuatro días después se iniciaba en Melilla el alzamiento nacional que había de abrir la guerra de los tres años (v. GUERRA ESPAÑOLA 1936-39).

V. t.: ESPAÑA VII, 10 y VIII, 6.

C. SECO SERRANO.

BIBL.: J. PLA, Historia de la Segunda República Española, 4 vol. Barcelona 1940; J. ARRARÁS, Historia de la Segunda República Española, I, Madrid 1956; II, Madrid 1963; C. SECO, España contemporánea, en Historia de España, ed. L. PERICOT, VI, 2 ed. Barcelona 1968; J. M. GARCÍA ESCUDERO, De Cánovas a la República, 2 ed. Madrid 1953; J. BÉCARUD, La Segunda República Española, Madrid 1967; S. GALINDO HERRERO, Historia de los partidos monárquicos durante la Segunda República, 2 ed. Madrid 1956; G. LEFRANC, El Frente popular, Barcelona 1971; J. ORDóÑEZ MÁRQUEz, La apostasía de las masas y la persecución religiosa... (1931-36), Madrid 1968; J. M. MARTINEZ BANDE, Los cien últimos días de la República, Madrid 1973.