República Española, Primera HIST.

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Historia

Cronológicamente, es uno de los periodos más cortos de la historia de España, pues no dura más que 11 meses (febrero de 1873 a enero de 1874); pero por su significación y repercusiones, tanto en sentido positivo como negativo, constituye un capítulo interesante dentro de la Edad Contemporánea.

La R. de 1873 fue, en realidad, la consumación del proceso revolucionario de 1868, que derriba la monarquía de Isabel II (v.), e implanta en España una serie de regímenes efímeros, cuyo común denominador es la idea de democracia, con sus consiguientes principios fundamentales: sufragio universal, libertad religiosa, proclamación de los derechos del hombre y ley de jurados (v. LIBERALISMO). El alma de todas estas innovaciones constitucionales era el nuevo partido demócrata, el mejor servido de una escuela intelectual, y, por tanto, el mejor dotado de un programa coherente, de cuantos hicieron la Revolución de 1868 (v.). Prácticamente, todos los demócratas eran republicanos. Sin embargo, los primeros Gobiernos provisionales del nuevo régimen estuvieron dominados por los militares autores del golpe, entre los cuales escaseaban los demócratas. Destacaron bien pronto, de aquel grupo de militares, los generales Serrano (v.) y Prim (v.), el primero unionista con ribetes progresistas, progresista neto el segundo, y ambos monárquicos. Ello explica, entre otros factores, la implantación de la monarquía de Amadeo I (v.), en que se quiso hacer compatible el trono con la soberanía nacional.

Proclamación de la República. Asesinado el general Prim, y divididos los partidos políticos (Edmundo de Amicis, en viaje entonces por España, contó hasta 30 fracciones distintas), D. Amadeo se sintió abocado a un callejón sin salida, y abdicó el 11 feb. 1873. Aquella misma noche, reunidas las Cortes en sesión extraordinaria, decidieron proclamar la República. Aquella decisión pareció a muchos, después de un periodo de transición y vacilaciones, la desembocadura lógica y natural de la Revolución de 1868.

El nuevo régimen, sin embargo, nacía condicionado. El partido demócrata, aunque era el que había dado desde el principio la mayor parte de las ideas y aun de las consignas, seguía siendo minoritario en la asamblea, y no digamos ya en la generalidad del país. Constituían su núcleo fundamental un grupo de intelectuales, emparentados unos con el krausismo (v.; como p. ej., Salmerón), otros prácticamente autodidactas (como Pi y Margall, v.), pero todos ellos ideólogos, teorizantes, con escaso sentido práctico y muy poca, o nula, experiencia de gobierno. Por otra parte, estaban divididos en sus ideas. En cuanto a la forma política que preconizaban, el deseo de república era casi general; pero unos la querían federal y otros unitaria. Respecto del problema social, las discrepancias no eran menos fuertes: los "políticos puros", como Figueras o Castelar (v.), fieles a la doctrina del laissez faire y al dogma "dejad que la libertad corrija a la misma libertad", predicaban el más absoluto inhibicionismo, basados en el argumento de que en un régimen democrático, los trabajadores, si son mayoría, tendrán dentro de la representación nacional elementos suficientes para obtener su redención por métodos puramente políticos; en tanto que el otro grupo (los socialdemócratas, como Fernando Garrido, o Francisco Pi y Margall) estimaba necesaria una acción social específica, con o sin intervención del Estado. Eran estos socialdemócratas los que, por sus ideas y propaganda demagógica, habían conseguido reclutar una cantidad nada despreciable de adeptos entre las clases populares, aunque es evidente que la masa nunca supo comprender, o comprendió muy groseramente, sus engoladas doctrinas.

Tenemos, pues, que en el momento de proclamarse la R., los republicanos estaban en minoría y, además, divididos. Muchos de los que habían votado el cambio político carecían de auténticas convicciones republicanas, y lo habían hecho por no encontrar otra salida viable al régimen revolucionario. Cristino Martos cohonestó aquella actitud de posibilismo monárquico-republicano, recordando a los antiguos cimbrios, que, según Tácito, optaban por uno u otro sistema, de acuerdo con lo que requiriesen los intereses del país. El primer Gobierno, presidido por Estanislao Figueras, fue claramente "cimbrio". Cuatro ministros que el día anterior habían servido al régimen monárquico de Amadeo I pasaron sin más a serlo de la República. Era la única forma de ganarse a la masa amorfa o indecisa de la asamblea, y conseguir así la imprescindible mayoría.

Pero la solución, aunque prácticamente inevitable, tenía un gravísimo defecto. Pudo decirse enseguida que la R. estaba gobernada por hombres que no eran verdaderos republicanos, y que su política tampoco lo era. Las excelencias prometidas antes del cambio de régimen, sobre todo por los demagogos de la socialdemocracia, se veían en peligro de no cumplirse. Como quiera que la crisis social y económica, que había conducido a la Revolución de 1868, no se había superado en 1873, era fácil alegar que el fracaso se debía a aquella falta de autenticidad. Tal es la raíz psicológica de las revueltas que comenzaron a estallar contra el Gobierno de Figueras, atizadas bien por republicanos puros, bien por agitadores profesionales, y cuya base es por lo menos tan social como política. El país se veía sumido en la anarquía, la crisis económica se acrecentaba, y el Gobierno, heterogéneo y dividido, era incapaz, no ya de resolver la situación, sino siquiera de hacerse oír. Figueras, impresionado ante tanto fracaso, abandonó el Gobierno, dejó Madrid, y no paró hasta sentirse tranquilo al otro lado de la frontera francesa.

Las Cantonales. En julio de 1873 subió a la presidencia del poder ejecutivo (no hubo tiempo de elaborar una Constitución y, por tanto, no llegó a haber un presidente de la R.) un auténtico republicano, Francisco Pi y Margall. Al Gobierno de los "cimbrios" sucedía el de los "pájaros", por los nombres de sus componentes, Pi, Chao, Sorní y Tutau, todos ellos federales y pertenecientes a lo que podríamos llamar ala izquierda del partido. Aconteció entonces uno de los hechos más desconcertantes de la historia contemporánea de España, aunque en parte explicable a la luz del temperamento español, como es el de las Cantonales. Con una interpretación totalmente incorrecta del federalismo de Pi, comenzaron a erigirse "cantones" o repúblicas independientes por todas partes. La doctrina federal del pensador catalán, en el fondo más filosófica que política, era la de que el poder circula de abajo arriba: del individuo, que es soberano, hasta el Estado, que es servidor de todos; y la de que la sociedad se articula a partir de sus células más sencillas, la familia, hasta las más complicadas, el Estado, la federación de Estados. Varias unidades se integran, mediante un pacto federal, en una unidad de orden superior. Pero lo que los españoles parecieron encontrar en la doctrina federal fue lo radicalmente inverso: en vez de integración, desintegración. La Diputación de Barcelona proclamó la R. de Cataluña, y pronto hicieron lo mismo Cádiz, Sevilla, Granada, Valencia, Cartagena y otras muchas ciudades, o hasta pueblos de escasa importancia. En aquella confusa y aún no bien conocida situación se ha visto siempre un ejemplo clásico del particularismo español; pero no cabe duda de que también juegan la reacción contra un absorbente centralismo, y resentimientos políticos, sociales o territoriales. Utrera se declaró independiente de la R. de Sevilla, con la correspondiente lucha entre ambas ciudades; Jaén se rebeló contra Granada, y lo que fue peor, Cartagena, que contaba con la escuadra y una fuerte guarnición, declaró la guerra a Madrid, provocando un largo y sangriento conflicto.

España entera se despedazaba. En esta situación, los carlistas se sublevaron en varias provincias del Norte, reanudando la siempre latente guerra civil. Pi y Margall dimitió a los dos meses escasos de presidencia, incapaz de controlar ni remotamente la situación, pero se mantuvo pertinazmente aferrado a sus doctrinas. Más breve fue la presidencia de Nicolás Salmerón, un intelectual puro, hombre de principios, y consecuente, como Pi, con ellos, a pesar de todos los desastres. Contrario a la pena de muerte, que violaba a su juicio el más elemental de los derechos del hombre, el derecho a la vida, prefirió firmar su dimisión antes que una condena.

Presidencia de Castelar. Le sucedió en el poder ejecutivo el último de sus presidentes, Emilio Castelar (v.), quien, pese a cuanto pudiera sugerir la vacuidad de su brillantísima oratoria, tenía lo que a sus antecesores había faltado: el talento práctico del político. Comprendió que era preciso gobernar con energía para evitar el caos, y robusteció el poder del Estado, suprimió el principio federal, restableció la pena de muerte y recurrió al Ejército, pese a que tal medida significaba para Salmerón "poner la República, maniatada, a los pies de un soldado". El orden se restablecía, pero a costa de conculcar, según los republicanos, los más sagrados principios. La oposición a Castelar revistió, pues, la forma de un puritanismo ideológico. El presidente se defendió con su brillantez acostumbrada, pero no pudo evitar un voto parlamentario de censura, que le obligó a dimitir el 2 en. 1874. Aquella misma noche, cuando se iba a elegir un nuevo presidente, el quinto en diez meses y medio, el capitán general de Madrid, Pavía, temiendo un recrudecimiento de la anarquía, hizo disolver las Cortes.

Restauración monárquica. El golpe de Pavía fue apolítico, y sin pretensiones de asumir el poder. Pasó a ocuparlo, a título provisional, el general Serrano (v.). No era posible afirmar en aquellos momentos si el régimen seguía siendo republicano o no. Alonso Martínez, por llamarle algo, le dio el nombre de "respública", en tanto otros prefieren el de "interinidad". Parece que Serrano aspiraba a una especie de monarquía sin rey, que le permitiera ejercer la regencia por tiempo indefinido. Pero la idea de una restauración monárquica y dinástica se abría paso con fuerza en el país. El 27 dic. 1874, un nuevo pronunciamiento, el de Martínez Campos (v.) en Sagunto, proclamaba rey a Alfonso XII (v.).

La actitud de la R. con respecto a la religión fue claramente antieclesiástica. "Se pretendió sustituir en las escuelas la enseñanza de la religión cristiana por la de la moral universal; se suprimió oficialmente el calendario religioso, se secularizaron los cementerios, se arrancaron de las calles las imágenes y signos religiosos, etc.". (R. García Villoslada, o. c. en bibl. 561).

La primera R. representa un fracaso rotundo, hasta con ribetes de grotesco, entre los múltiples ensayos políticos de la España contemporánea. En parte, explica, por reacción, el periodo de calma y desapasionamiento político que inmediatamente le siguió, bajo el régimen restaurado. Desde el punto de vista ideológico, algunos principios proclamados por los republicanos, escepto la R., se implantarían en España antes de que acabase el siglo.

I. L. COMELLAS GARC( IA-LLERA.

BIBL.: MARQUÉS DE LEMA, De la Revolución a la Restauración, 2 vol. Madrid 1927; A. EIRAS, El partido demócrata español,