Puerto Rico III. Historia. HIST.

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Historia

1. Población prehispánica. Al llegar los primeros europeos a la isla de P. R. encontráronla habitada por un pueblo que era el resultado del choque y amalgama de diversas oleadas migratorias. Los más antiguos pobladores parece ser que formaron parte del complejo cultural arcaico, que por vía marítima y procedente de Florida o de América Central ocupó las Antillas Mayores en época anterior a la era cristiana. Pueblo carente de agricultura y cerámica, fue reemplazado en los siglos que preceden inmediatamente al descubrimiento de América por nuevos invasores agricultores y ceramistas, pertenecientes a la familia arauaca de la región del Orinoco (V. ARAUACOS). Hacia finales del s. XV privaba en la isla, al igual que en las otras Antillas Mayores, la cultura taína, suma y compendio de los anteriores trasplantes y, según los más recientes eruditos, de todavía no aclaradas influencias de las altas culturas de Mesoamérica (V. ANTILLAS IV).

Organizada en cacicazgos dispersos a través de la isla, la sociedad taína de P. R., llamada entonces por los naturales Borinquén, oscilaba, según cálculos modernos, entre 30.000 y 60.000 hab. Las varias aldeas, generalmente en las proximidades de los ríos o la costa, comprendían cierto número de clanes matrilineales. Pueblo agrícola, la base de su alimentación la proporcionaba la yuca, dela que se extraía el casabe o pan indio. Cultivaban además maíz, yautía y otras plantas alimenticias, amén del tabaco y algodón. Cada aldea tenía su campo comunal de cultivo, el cual era roturado por medio del palo cavador. La caza de pájaros, jutías y reptiles, así como la pesca, complementaban la economía indígena. En el campo de las artesanías industriales destacábase el trabajo en piedra, cerámica y madera.

Celebraban areitos o bailes de carácter ritual en que dramatizaban su mitología y tradición oral, además de movidos juegos de pelota de aparente origen mesoamericano. Creían en un dios supremo protector y en múltiples dioses menores. Una casta de brujos sacerdotes, los bohitis, dirigía el ritual religioso e intervenía además en la curación de enfermos y en la educación de las nuevas generaciones. Sus principales armas de guerra eran el arco y la flecha, de madera y hueso, y la macana, paleta hecha de tabla de palma con los bordes afilados. En sus canoas y piraguas, fabricadas del tronco de árboles corpulentos, sostenían un extenso intercambio a lo largo de las costas, y hacían ocasionales viajes a las vecinas Antillas Mayores. P. R. era entonces frontera de choque entre los pueblos taínos, que habitaban las Antillas Mayores, y los feroces indios caribes (v.), que ocupaban el archipiélago de las Menores y merodeaban por las costas de Borinquén, saqueando sus aldeas.

2. Descubrimiento y organización. En este ambiente de vida tribal y lucha primitiva entraron las naves de Cristóbal Colón (v.) en su segundo viaje a América, el 19 nov. 1493. El almirante, al tomar posesión de la isla para Castilla, la bautizó con el nombre de San Juan Bautista. Luego de infructuosa tentativa por Vicente Yáñez Pinzón en 1505 (V. PINZÓN, HERMANOS), la colonización de la isla arranca del a. 1508 en que bajo el patrocinio del gobernador de las Indias, Nicolás de Ovando (v.), inicia su conquista Juan Ponce de León, antiguo compañero de Colón y colaborador de Ovando en La Española. Rápidamente se fundan dos incipientes poblados: la villa de Caparra, capital de la nueva colonia, en la costa norte, y la villa de Sotomayor en el litoral occidental; antecesores respectivamente de las actuales ciudades de San Juan y San Germán (v. SAN JUAN DE PUERTO RICO II).

En 1511 habían sido vencidas las huestes de Agueybana, el último cacique isleño. Por algún tiempo más habrían de continuar desorganizada resistencia, desde el interior montañoso y las vecinas Antillas Menores.

Desde los primeros días, la organización socioeconómica y política era un reflejo de la situación en la vecina Española (v.). La economía se estructuró también sobre la base de la producción aurífera y del cultivo agrícola de frutos indígenas (la yuca) y nuevas plantas importadas, como la caña de azúcar, amén de la crianza de prolífico ganado europeo. Con el rápido agotamiento del oro, la agricultura y la ganadería se convierten al poco tiempo en principal aunque precaria fuente de vida. -La utilización de la mano de obra aborigen en la minería y la agricultura propendió a la temprana introducción de la encomienda indiana (V. REPARTIMIENTOS). Ya en octubre de 1509 se hacía el primer repartimiento de indios. La decadencia numérica del indígena se acentuó marcadamente al finalizar la segunda década de la centuria; fue el resultado, ante todo, del éxodo a las vecinas Antillas Menores, enfermedades, y violentas alteraciones socioculturales provocadas por el proceso colonizador. Las nuevas circunstancias obligaron a un aumento en la introducción de esclavos africanos.

Entronizado Diego Colón en el gobierno de las Antillas (v. COLÓN, FAMILIA II), Ponce de León se vio obligado a entregar sus poderes en 1511. En adelante, la isla habría de estár regida por t(inientes gobernadores enviados desde La Española; fue objeto, sin embargo, de constante intromisión por parte de la corona, a través de los oficiales de la Real Hacienda, de la recién creada Audiencia de Santo Domingo (1511; v. ESPAÑOLA, LA 2) y de jueces visitadores. En cada una de las incipientes villas, la vida municipal era regida por un cabildo, del cual dependían además diversas aldeas y caseríos, símbolos de la dispersión de los vecinos por la extensión isleña. La capital, transformada ya su denominación en ciudad de Puerto Rico, fue entre 1519 y 1521, por razones de salubridad y economía, trasladada a la vecina ubicación portuaria que desde entonces ocupa. A lo largo de las subsiguientes décadas ocurre el trastoque de nombres entre la ciudad y la isla.

Durante la década de 1520-30 entraba en grave crisis el proceso colonizador en P. R. y las otras Antillas, al desplazarse el esfuerzo poblador hispano hacia la zona continental de América. Como primer punto del Nuevo Mundo a que se extendió la civilización europea, habían constituido las Antillas el laboratorio y base inicial donde España aclimataba animales, plantas, hombres e instituciones y acumulaba experiencias y esfuerzos que han de desparramarse luego por la cuenca del golfo de México, el Caribe y aun más allá. El incremento demográfico de procedencia hispana era bastante lento en P. Rico. El primer censo poblacional, en 1530, aunque sólo incluía matrimonios, arroja la exigua cifra de 369 varones y 57 mujeres de origen español. Otros factores, además del desplazamiento poblacional y la desaparición del indio,contribuían a incrementar el impacto de tan crítica transición en P. Rico. La producción aurífera decrecía. Paulatinamente, disminuyó el rendimiento: documentos oficiales de 1536 consideraban agotadas las minas. Epidemias introducidas por europeos y africanos acabaron de aniquilar la población aborigen y mermaron la europea. Violentos huracanes en 1526 y 1530 dejaron reducido a la miseria a gran parte del vecindario. Incursiones de indios de las islas Vírgenes asolaban caseríos y haciendas de la costa. En 1528 atacaron la isla los primeros enemigos europeos; los franceses destruyeron la villa de San Germán, ubicada entonces en el litoral occidental. La isla quedó al margen del acontecer histórico del mundo continental hispanoamericano; subsistió desde entonces como puesto de avanzada que guardaba los intereses marítimos de España en América.

Fracasada la economía minera, el decaído impulso colonial inició el tránsito hacia el régimen agrícola. Bajo el estímulo de disposiciones locales y metropolitanas se trató de desarrollar, sobre base esclavista, el cultivo de la caña de azúcar, introducido en 1520 en P. Rico. Por un breve periodo, en la segunda mitad de la centuria, el cultivo da indicios de arraigar. En 1582 había ya 11 ingenios que producían 15.000 arrobas anuales. La industria, sin embargo, no prosperó. No existían suficientes capitales ni operaba en las Antillas una organización comercial que permitiese el flexible acarreo del producto al mercado consumidor europeo. Por otro lado, el interés metropolitano se había desplazado plenamente hacia los grandes virreinatos continentales. En 1602 habíanse reducido los ingenios a ocho, con una producción de tan sólo 3.000 arrobas anuales. Loss de este fallido esfuerzo coinciden con diversos ensayos por dotar a la decadente colonia de estables instituciones de gobierno. Traspasados en 1536 los derechos de la familia Colón a la corona, se intentó regir la isla a través de los respectivos alcaldes ordinarios de la capital y San Germán. El experimento duró poco. Hacia 1544 decidió la monarquía gobernar la isla por medio de jueces letrados, al principio designados por la Audiencia de Santo Domingo, más tarde directamente por la metrópoli.

3. Función estratégica desde mediados del s. XVII. Al comenzar, hacia mediados de siglo, los franceses y luego los ingleses a disputarle a España su poderío en el Nuevo Mundo, P. R. desempeñó una importante función estratégica en el conflicto en torno al Caribe y las Antillas. En consecuencia, empezaron a predominar en su desarrollo interno los intereses militares. Pronto se inició la construcción de la serie de fortificaciones que harían de la capital isleña uno de los principales presidios militares de la América Hispana, sostenida desde entonces por fondos anuales provenientes de México, el llamado situado. En 1582 se consolidaron los cargos de gobernador y alcaide de El Morro, la más importante de las fortalezas. La lucha de Inglaterra contra España entró en grave crisis al terminar la centuria. Los corsarios isabelinos hicieron de P. R. blanco de sus agresiones. Se abrió una etapa de heroica resistencia para la capital y plaza fuerte. En 1595, una flota al mando de sir Francis Drake (v.) fracasó en su intento de tomarla. Tres años más tarde, el conde de Cumberland logró audazmente apoderarse de ella. Los efectos adversos de una epidemia le obligaron, al cabo de algunas semanas, a abandonar la isla. Al iniciarse el s. xvii, la corona se apresuró a reforzar y extender las fortificaciones de la ciudad de San Juan. En 1625, una armada holandesa a las órdenes de Boudewijn Hendrikszoon (Balduino Enrico para los españoles) se adueñó de parte de la capital; la tenaz resistencia de españoles y criollos obligó al eventual retiro del holandés, no sin que antes destruyese gran parte del caserío urbano.

A la decadencia de la metrópoli en la primera mitad del s. xvii acompaña el establecimiento en las Antillas Menores de franceses, ingleses y holandeses; el rosario de islas se convirtió en base de operaciones para atacar el imperio español y desarrollar una amplia red de comercio clandestino hacia las posesiones españolas. P. R., como la más hacia occidente de éstas, sufrió los más recios embates del doble asalto. El enemigo, prudentemente, dejó de lado a la fortificada capital y, durante más de un siglo, sometió las costas a repetidos asaltos.

Tan sólo la capital y la villa de San Germán (establecida desde 1576 en su actual ubicación) eran entonces poblaciones dignas de tal nombre. Lo demás eran caseríos y haciendas dispersas, montes y selvas. Como productos comerciales se exportaban sobre todo los cueros, y se cultivaba jengibre y algo de azúcar. Eran años de abandono de la isla por parte de los intereses metropolitanos. Documentos de la época hablan de largos periodos en que no llegaban barcos mercantes ni situados. Aislada la isla de las precarias rutas marítimas a que las rígidas normas mercantilistas constreñían el tráfico colonial hispano, el comercio insular comenzó desde temprano a deslizarse hacia el ámbito del contrabando con las vecinas Antillas europeas. Desde lejanas radas y playas, y a veces por la propia capital, con la complicidad de la burocracia peninsular, se contrabandeaba activamente. A cambio de los productos del país, se obtenían esclavos y mercancías europeas. Todo hace pensar que este tráfico clandestino era mayor en importancia y cantidad que el exiguo comercio oficial con la Península.

Durante las primeras décadas del s. XVIII, un cierto irregular incremento en el ritmo demográfico presagiaba loss de un futuro desarrollo socio-económico. El gobernador Esteban Bravo de Rivero participaba en 1759 la existencia, además de San Juan y San Germán, de nueve pueblos y nueve aldeas, algunos de ellos ubicados ya en la zona de la montaña. Contribuía a este desarrollo el aumento del comercio clandestino, que en esos años fue notable, al amparo de dos factores: el tráfico negrero con Gran Bretaña, iniciado legalmente a partir del tratado de Utrecht (v.) en 1713, y las actividades de corsarios peninsulares e isleños, quienes durante las guerras borbónicas de esos años, a la par que hostigaban desde los puertos de la isla a los enemigos de España, patrocinaban también el contrabando.

4. Renovación en el s. XVIII. La política reformista de los Borbones empezó a dejarse sentir hacia mediados de s. xvin en las renovadoras medidas de algunos gobernadores. De particular recordación es la obra del gobernador Felipe Ramírez de Estenós, quien, entre otras providencias, promovió la introducción en la isla del café, una más amplia utilización de las tierras agrícolas, y la participación de un nuevo sector metropolitano, los catalanes, en el comercio insular. En 1765 ocurre la trascendental visita del comisario regio Alejandro O’Reilly, notable por la extensa noticia que aporta de las condiciones entonces prevalecientes y por las reformas que suscita. Por iniciativa suya se lleva a cabo un censo que revela una población de apenas 44.883 hab., de los cuales 5.037 eran esclavos. Informaba el visitador del estado de ingente rusticidad en que había hallado la población rural y la condición anquilosada de la agricultura y la economía. Recalcaba la influencia del contrabando como elemento fundamental en la vida isleña, en contraste con el apagado intercambio legal con la metrópoli. Advertía asimismo el deteriorado estado de las defensas. Sus propuestas dieron base a diversas disposiciones reales. Se incrementó la guarnición y se terminó la construcción de un vasto sistema de fortificaciones. El 16 oct. 1765 firmaba Carlos III una real orden que abría el comercio de las Antillas hispanas a nueve puertos españoles. El nuevo sistema parece haber dado fruto en P. R.: las rentas de aduana que en 1765 llegaban tan sólo a 782 pesos ascendían en 1778 a 16.000 pesos. El desarrollo agrario se vio estimulado por la Real Cédula de 1778 que permitía el avecindamiento de extranjeros expertos en la fabricación de azúcar. El censo demográfico de 1787 demostró un aumento de población: 103.051 hab.

Testimonio del renovado interés metropolitano en P. R. fue la publicación en Madrid, en 1788, bajo manifiesto patrocinio oficial, de la Historia geográfica y civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, por fray Íñigo Abad, primera en su género. Además del material histórico ofrecía la inapreciable observación personal del autor sobre la vida puertorriqueña de entonces. Este modesto desarrollo fue interrumpido por la Revolución francesa y las guerras napoleónicas. Al polarizar este conflicto en el Caribe, en duelo marítimo Inglaterra y España, cerró el s. xvui en P. R. con un ataque a San Juan, en 1797, por una expedición inglesa. Pudo ser rechazado gracias al auxilio de milicias que de toda la isla acudieron a salvar la asediada capital. La marina inglesa logró, sin embargo, el control del Atlántico y el Caribe, dejando a P. R. a merced de sus propios recursos. Volvió la isla a verse privada del situado, y el comercio legal casi desapareció, cobrando nuevo vigor el contrabando. Continuó, no obstante, como presagio de mejores días, el proceso de aumento demográfico, favorecido entonces por nuevas inmigraciones: refugiados que huían de la violencia revolucionaria de Haití y colonos del Santo Domingo español y la Luisiana, que preferían emigrar a P. R., al pasar esas regiones a Francia y Estados Unidos respectivamente. Factor atenuante en la grave situación económica fue la participación legal de EE. UU. en el comercio hispano-antillano, a cuyo tráfico dio entrada lícita en 1797, apremiada por la crisis, la corona española.

5. Evolución en el s. XIX. Los primeros años de la nueva centuria eran testigos de la obvia plasmación de aquella dispersa humanidad insular en una sociedad más orgánicamente integrada, con incipente sentido nacional y personalidad propia. Dejaba la isla de ser un mero bastión militar. Símbolo de concomitante vida espiritual fue el primer pintor puertorriqueño, José Campeche (17521809), que además de una extensa obra religiosa dejó en sus retratos la imagen de aquella primera élite criolla isleña. En 1806 se introduce la imprenta, y poco después aparecen las primeras publicaciones periódicas (v. VIII).

Luego de la invasión napoleónica de España en 1808, la isla quedó a la deriva, sin contar con el asesoramiento o ayuda de la metrópoli. El estado revolucionario que se inició en Hispanoamérica en 1810 había de afectar también a la evolución de P. Rico. Era junto a Cuba el punto de reunión y entrenamiento de las tropas destinadas a sofocar la rebelión en Tierra Firme. Esta creciente actividad militar recargaba comprometedoramente los exiguos recursos del tesoro insular, en el crítico momento en que el estallido insurreccional en la Nueva España impedía o menguaba la periódica remesa de oro, abocada a una pronta extinción. Del continente regresaban intermitentemente maltrechas fuerzas militares con inevitable acompañamiento de refugiados realistas, que llevaban a la isla una cultura superior, pero que también representaban grave carga al reducido erario.

En 1810, el Consejo de Regencia español otorgó a la isla, al igual que a los otros territorios hispanoamericanos, representación en las Cortes que habrían de reunirse en Cádiz. Recayó la elección en Ramón Power (v.), oficial de la marina española natural de la isla. Partió hacia la metrópoli provisto de instrucciones de los diversos ayuntamientos en las cuales se delineaba un plan de desarrollo y se solicitaba la remoción de las trabas económicas y administrativas que hasta entonces habían obstaculizado el desarrollo del país. Obtuvo- Power, como principal medida, la creación en P. R. de una intendencia de Hacienda independiente de la gobernación. Logró además diversas medidas económicas por largo tiempo deseadas, tales como la habilitación de varios puertos en la isla, además de San Juan. Para ocupar la Intendencia fue designado el hacendista peninsular Alejandro Ramírez, entonces importante funcionario en Guatemala. Ramírez fue el creador de una hacienda pública netamente puertorriqueña, estructurada sobre la obvia realidad de que, desaparecido el situado mexicano, la isla debía afrontar sus necesidades mediante sus propios recursos. Coronó su obra la obtención de la llamada Cédula de Gracias, otorgada por el restaurado absolutismo borbónico en 1816 y que permitía la libre admisión de extranjeros y el comercio restringido y temporal de la isla con elresto del mundo, concesión ésta a la cual disposiciones posteriores dieron carácter permanente.

En las etapas liberales de 1812-14 y 1820-23 disfrutó el país derechos tales como la elección de diputados nacionales y provinciales, y autoridades municipales, además de libertad de imprenta. Al calor de estas prerrogativas, adquirió la élite criolla su inicial experiencia política e intelectual. Durante la década que se inició en 1820, la terminación de las guerras de emancipación en el continente se tradujo en mayor calma interior en P. Rico. El restablecimiento del absolutismo fernandino en 1823 imprimió mayor estabilidad a la dirección política metropolitana en las Antillas.

Correspondió dirigir los destinos de P. R. en estas nuevas circunstancias al general Miguel de La Torre, el caudillo vencido en Carabobo. Detentó la gobernación insular desde 1822 hasta 1837, reforzado su poder en 1825 por una Real Orden que le otorgaba facultades omnímodas como gobernante de plaza sitiada. Tan extraordinaria potestad, resultado de transitorios temores a la triunfante revolución continental, perduró, no obstante, por varias décadas, pasada esta breve inquietud. Había de ser base de un arbitrario autoritarismo militar y fuente de perniciosas desavenencias entre la Península y el liderato criollo. Beneficiario de las nuevas circunstancias, el régimen de La Torre se caracterizó por un sorprendente progreso material. La riqueza territorial, que en 1824 era de 12.736.719 pesos, con una producción de 2.582.377 pesos, ascendió en 1834 a 34.172.609 con una producción de 6.702.012 pesos. Prosiguió también el avance demográfico, con un total de 358.836 hab. en 1834. Años de extensa producción de azúcar, fue éste el principal producto de exportación, vinculado al mercado consumidor de Estados Unidos. Si bien se inició un aumento cuantitativo en la población esclava, continuó predominando el jornalero libre. Algunos historiadores hacen graves imputaciones al régimen de La Torre por su política alentadora de las diversiones y hasta vicios en la masa popular, como medio de evitar toda actividad política, y su aparente desinterés hacia la educación.

En 1837, las Cortes del reino decidieron que las provincias de ultramar serían regidas por leyes especiales y no participarían del régimen constitucional peninsular. Como no se cumplió la implícita promesa ni fueron suprimidas las facultades omnímodas, la isla subsistió por bastante tiempo en estado de sitio permanente. Al amparo de estas circunstancias, los sucesores de La Torre afianzaron el régimen autoritario. Mediante frecuentes bandos de policía y buen gobierno, prescribieron en forma minuciosa los más diversos aspectos de la vida ciudadana. Por medio de tina abusiva legislación, que culminó en el llamado Régimen de las Libretas, instaurado por el gobernador general Juan de la Pezuela en 1849, se reglamentó la actividad económica de la clase jornalera agrícola, llevándola de hecho a una servidumbre disfrazada. Múltiples restricciones habían sido ya impuestas a la clase de color, sobre todo en el Código Negro, dictado por el gobernador general Juan Prim (v.) en 1848, que asignaba discriminatorias penalidades contra esclavos y otros individuos de raza negra. El soterrado temor al contagio revolucionario provocaba además en los gobernantes continuas restricciones a las libertades públicas y a la incipiente prensa.

6. Reformistas y autonomistas. Frente a este orden de cosas empezó a concretarse hacia mediados de siglo la oposición organizada de una nueva élite isleña. Era producto mayormente de centros educativos españoles y de instituciones locales tales como la Soc. Económica de Amigos del País, creada por el intendente Ramírez, y el Seminario conciliar fundado en 1832. A tono con su ideario liberal, se pronunciaron a favor de la abolición de la esclavitud. Se destacaron notablemente en este grupo Román Baldorioty de Castro, José Julián Acosta, Segundo Ruiz Belvis, Francisco Mariano Quiñones y Ramón Emeterio Betances. Se bifurca pronto este pensamiento criollo en dos orientaciones políticas: una evolucionista que favorece las reformas liberales y otra que aboga por la separación y la república.

En 1865, el gobierno de Isabel II invitó a Madrid a delegados de Cuba y P. R. para informar en torno a las posibles bases de leyes especiales para estas provincias de ultramar. Acosta, Ruiz Belvis y Quiñones acudieron a esta junta de Información tras elección en la isla como representantes de ella. Hicieron allí de la abolición de la esclavitud base capital de su programa. Pidieron además libertad de comercio entre las Antillas y la Península, plena igualdad de ciudadanía y diversas libertades públicas. La Junta no tuvo resultado positivo inmediato, y los delegados regresaron a P. R. decepcionados. La actividad revolucionaria cobró nuevos bríos, culminando en el frustrado estallido independentista del 23 sept. 1868 conocido como el Grito de Lares. Revuelta prematura, fue acogida con aparente indiferencia por la élite criolla, de tendencia más bien reformista. La actividad política subsiguiente iba a estar más bien en manos del liderato reformista, y a ello le prestaron su concurso los regímenes liberales que gobernaron en la Madre Patria de 1868 a 1873. Al calor de sus reformas, aparecen los primeros partidos organizados en la isla: liberales y conservadores. Los liberales, partidarios de un programa evolutivo de reformas, agrupaban en su torno a la mayoría de la opinión pública nativa; los conservadores, defensores del statu quo, a los peninsulares y sus seguidores. De este periodo reformista quedaron algunos notables logros para P. R.: la derogación del régimen de las facultades omnímodas, la supresión del sistema de jornaleros, la abolición de la esclavitud, decretada por la República española en 1873, y el retorno a la representación de P. R. en las Cortes. Fue también considerable la obra alcanzada en materia educativa.

Los gobernantes enviados por la Restauración borbónica imprimieron nuevamente un sesgo autoritario a la administración pública, gobernando con el pleno concurso de los conservadores. El grupo liberal estuvo algún tiempo postrado y desorganizado, pero pronto reanudó su propaganda en favor de mayores derechos y libertades regionales en las columnas de la renovada prensa insular, e indirectamente en la tribuna del Ateneo puertorriqueño, fundado en 1876. La conciencia regionalista isleña cristalizó al fin políticamente al reestructurarse el movimiento liberal en 1887 como partido autonomista, defensor de la descentralización administrativa en todas las cuestiones locales, así como el derecho a votar el país sus presupuestos. La creación del nuevo partido, bajo Baldorioty de Castro, provocó extraordinario entusiasmo y se logró su organización en todo el ámbito insular. El autonomismo, sin embargo, sufría en ese mismo año transitoria persecución bajo la inicua administración del general Romualdo Palacios.

Muerto Baldorioty, surgió como líder del movimiento autonomista, tras breve etapa de confusión interna, un joven periodista del interior isleño, Luis Muñoz Rivera, que lanzó un nuevo programa: la alianza con uno de los grandes partidos de la Península como camino más corto hacia la meta política. Tuvo éxito al pactar en Madrid, en 1897, con Práxedes Mateo Sagasta (v.). El pacto, que entrañaba la fusión del autonomismo puertorriqueño con el liberalismo monárquico sagastino, escindió al partido autonomista. Muñoz triunfó, y se llevó tras sí a la inmensa mayoría. El 25 nov. 1897, al mes de constituir Gobierno en España, Sagasta decretó la autonomía, y el partido liberal, bajo Muñoz Rivera, pasó a ocupar el poder en la isla. El nuevo sistema otorgaba un parlamento bicameral para legislar en asuntos internos, representantes en las Cortes del reino, intervención en la negociación de tratados comerciales que afectasen a la isla, y el control de los aranceles insulares. El pueblo puertorriqueño dio su cálido endoso al naciente régimen, que representaba entonces la concreción de sus más caros anhelos históricos. Estaba destinado, no empece, a muy corta duración.

7. Puerto Rico, en poder de EE. UU. En abril de 1898 estalló la Guerra hispanoamericana y, a las dos semanas de inaugurarse las cámaras legislativas, desembarcaban, el 25 jul. 1898, en el litoral sur de la isla, las tropas de Estados Unidos. Por el protocolo de paz del 12 ag. 1898, confirmado por el tratado de París de 10 dic. 1898, la isla fue cedida por España a los Estados Unidos. Luego de corto régimen militar, el Congreso norteamericano otorgó, por la llamada ley Foraker, un régimen de gobierno civil que se inauguró el 1 mayo 1900. Proveía el nuevo estatuto un gobernador civil y una cámara alta nombrados por el presidente de Estados Unidos, y una cámara de delegados electa por sufragio popular. Se creaba un comisionado residente con voz pero sin voto, ante el Congreso federal. Al mismo tiempo, se vinculaba estrechamente la isla a la economía norteamericana, al incorporarla al sistema arancelario de Estados Unidos y al extender a ella la Ley Federal de Navegación de Cabotaje. El nuevo régimen dejó insatisfechas las aspiraciones mayoritarias. Tanto la gobernación como los más importantes cargos ejecutivos y legislativos eran desempeñados por funcionarios norteamericanos.

En torno a este conflicto gira entonces la lucha política en la cual se enfrentan dos partidos, resultado ambos de la antigua escisión en las filas autonomistas. Los partidarios de Muñoz Rivera organizaron el partido federal y más adelante la Unión de P. R., que oscilará entre la expresión dogmática de la independencia y la transacción a favor de fórmulas autónomas. Los autonomistas ortodoxos, bajo el liderato del Dr. José Celso Barbosa, establecieron el partido republicano, consagrado a la más pronta incorporación de P. R. como Estado de la Unión. A partir de 1904 se inicia un largo dominio de la vida política puertorriqueña por los unionistas, quienes traban violenta lucha contra la insuficiencia democrática del régimen. Muñoz Rivera, electo comisionado en Washington, llevó en gran parte el peso de la lucha, la cual, tras algunas violentas incidencias y repetidas representaciones insulares, culminó en un nuevo estatuto federal de 1917: la Ley J’ones. Proveía la elección popular de la cámara alta y otorgaba mayor injerencia gubernamental a la rama legislativa. Concedía además la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños.

Económicamente, el nuevo régimen inició una etapa de extraordinario crecimiento material. La incorporación de P. R. al sistema tarifario de Estados Unidos colocó la economía puertorriqueña bajo el control norteamericano. A la afluencia de capital norteamericano siguió un excepcional desarrollo y modernización de los cultivos agrícolas protegidos por el nuevo sistema arancelario, especialmente la caña de azúcar, organizado sobre una base de factoría y latifundio absentista bajo el control mayormente norteamericano. Se estructuró además un amplio programa de obras públicas y escuelas para la masa, desarrollo este último que, por otro lado, iba enderezado políticamente a la anglosajonización de la juventud y la difusión del idioma inglés. La depresión mundial que se inicia hacia 1929 y la caída vertical de los precios llevan a P. R. a una grave crisis socio-económica y política, complicada por un desenfrenado crecimiento demográfico. Al ocurrir el cambio de soberanía, la población era de 953.243 hab.; en 1930 ascendía a 1.543.913.

Desde la anterior década, dos nuevas fuerzas participaban en las luchas políticas: el partido socialista, favorecedor de los grupos obreros, y el partido nacionalista, conglomerado consagrado a la independencia insular. A poco de iniciarse la década de 1930 asumió el poder legislativo una coalición de republicanos y socialistas con programa enderezado a la incorporación de la isla como Estado federal, política que provocó amplia oposición por parte de los unionistas, reorganizados como partido liberal, a la par que violenta acción armada por parte de los nacionalistas, dirigidos por Pedro Albizu Campos. En las elecciones de 1940 triunfó el partido popular democrático, acaudillado por Luis Muñoz Marín (v.), hijo de Muñoz Rivera, partido nuevo con amplia base campesina y proletaria. Mantenía que la problemática económica. tenía precedencia sobre la política y a ella dedicó sus esfuerzos. Inició un extenso programa de industrialización que, al cabo de dos décadas, había de desplazar a la agricultura como principal fuente de ingreso en la isla y subir notablemente el nivel de vida, proceso este último facilitado por la emigración de masas de puertorriqueños como fuerza laboral a los grandes centros urbanos norteamericanos.

8. El Estado Libre Asociado. Políticamente, el partido presionó al Gobierno de Estados Unidos hacia un más rápido desarrollo del gobierno propio para P. Rico. En 1947, el Congreso federal otorgó a los puertorriqueños el derecho a elegir su propio gobernador, colocando directamente bajo éste toda la estructura ejecutiva. Desembocó este programa en la creación del Estado Libre Asociado, adoptado como meta final del destino puertorriqueño por Muñoz Marín. Bajo este sistema, inaugurado el 25 jul. 1952, los puertorriqueños redactaron su propia Constitución y organizaron bajo su dominio el gobierno interno de la isla; se reservaba todavía el Gobierno federal una serie de residuales pero vitales poderes (v. ii). Ampliamente, apoyado en sucesivos comicios por la mayoría del electorado, el nuevo régimen ha encontrado oposición por parte de los republicanos, que continúan aspirando a la plena anexión de la isla como Estado federal, y por parte de los grupos independentistas, que impugnan la sujeción en último grado de la isla al Gobierno de los Estados Unidos, y la creciente afluencia a la isla de capital industrial norteamericano. A Muñoz Marín le han sucedido Roberto Sánchez Vilella (1965-68), Luis A. Ferré (1969-72) y Rafael Hernández Colón, gobernador éste desde enero de 1973 (elegido en noviembre de 1972).

ARTURO SANTANA.

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