Intervencionismo POLÍTICA

Categoria:

Política

Doctrina que preconiza una intervención, sea del Estado en los asuntos hasta ahora tratados por y entre particulares, sea de una nación en sus relaciones con otros Estados.

Evolución. El desarrollo de la ciencia política como ciencia intervencionista se produce en la Edad Moderna, con la separación de funciones en la sociedad agraria y el desarrollo de las nacionalidades. El príncipe rige el Estado para hacer éste legítimo y próspero, y la forma de regir exige la subordinación de todos los aspectos de la sociedad al Estado, que lo es, en estado germinal, identificado con el monarca. El objetivo de estas economías dirigidas fue mejorar la balanza comercial, reforzando la economía nacional propia y arruinando la de sus vecinos. Para ello se presta la mayor atención al poder nacional en el extranjero, lo que sirve de estímulo al empleo de superávit nacionales en la financiación de guerras dinásticas o religiosas.

Con la Revolución francesa el i. va a adquirir connotaciones que aún hoy conserva. Las coaliciones contra la Revolución no son tanto la expresión de una política de equilibrio amenazado, como la defensa de un orden universal, un sistema, el Antiguo Régimen, intervencionista en todos los órdenes de la vida social y en el orden internacional. La conservación de este orden, que cristaliza en la organización de los intereses de un grupo de potencias europeas en la "Santa Alianza", encuentra su negación en la política panamericana de las antiguas colonias. Esta negación, expuesta en la doctrina Monroe, de la validez de los supuestos de la teoría del i., significa un punto de ruptura a partir del cual muy pocos autores del Derecho internacional se atrevieron a justificarla.

En este contexto, Adam Smith desarrolla sus ideas sobre la prosperidad de las naciones a través de factores como la división del trabajo, la utilidad del mercado y los aspectos estrictamente económicos de una economía política. Su crítica de los desastrosos efectos causados por la tendencia del Estado a dirigir la economía le lleva hacia la idea de que, en muchos aspectos, la economía podrá dirigirse a sí misma mejor de lo que lo hacía el gobierno. Éste mantenía en el liberalismo la paz pública y velaba por el cumplimiento de los contratos. Pero ello implica ya un cierto grado de injerencia estatal; y la concatenación histórica de esta gradación intervencionista la ofrece el propio sistema económico. En un principio, el sistema de libre empresa concibe, ideológicamente, al Estado ejerciendo un papel vigilante; pero para desempeñar la tarea de defender y dar seguridad a la economía éste necesita ejercer su influencia en la sociedad mediante un sistema tributario, arma decisiva del sistema económico colocada en manos del Estado; además, por convenir a la estabilidad monetaria se asigna al Estado el disponer una serie de normas que le sitúan al borde de la intervención. Surge entonces el sistema de economía regulada o dirigida que se justifica por la necesidad de dominar ciertas perturbaciones en la marcha de la economía mediante la prestación de ayuda a las actividades productivas de la nación, por lo menos hasta el punto en que éstas puedan desarrollarse fuera de la tutela estatal. Más tarde, la marcha ascendente de la economía y la complejidad cada vez mayor del sistema de producción, distribución y consumo obliga al Estado a dar un nuevo paso en el i. y aparece, con toda su pujanza, el sistema de economía planificada; etapa en la que el Estado no se limita a corregir, sino que dirige constantemente la marcha de los asuntos económicos del país, con una intención y propósitos bien definidos. Sus diversos grados de rigidez podrían aquilatarse mediante la evaluación de su actitud ante principios como la libertad de trabajo y consumo, la propiedad y la iniciativa privada. Todas estas etapas, en su evolución, reconocen la presión ejercida por los cambios tecnológicos, tanto sobre el sistema económico, como sobre la acción del Estado, que ha jugado, es preciso reconocerlo, un papel fundamental en la promoción de dichos cambios, es decir, en el desarrollo económico nacional.

Doctrina. A) En el Derecho internacional. Doctrina que preconiza la injerencia de un Estado o de una organización internacional en los asuntos internos o externos de otro Estado, para obtener de este último un determinado comportamiento en el ejercicio de su potestad estatal o en la relación con un tercer Estado. Ello es lícito únicamente cuando se basa en algún título jurídico constituido por una norma especial convencional o por una norma general del Derecho internacional. )En el primer caso debe existir, por una parte, el derecho subjetivo de intervenir y, por otra, el deber jurídico de padecer la intervención. En el segundo caso existe, de una parte, el deber de no intervenir y, de otra, el derecho de resistir la intervención. Una vez traspasada la esfera de la libertad (soberanía) inherente a todo Estado, el Derecho internacional postula el derecho a resistir cualquier intromisión en los asuntos propios; puede decirse, pues, que el Derecho internacional sanciona generalmente el derecho de intervención.

En cuanto a la capacidad de las organizaciones internacionales para inmiscuirse en el dominio de la competencia de un Estado, la carta de la ONU (art. 2, 7) estipula: "Ninguna disposición de la presente carta autoriza a las NN. UU. a intervenir en los asuntos que sean esencialmente de la competencia nacional de un Estado".

B) En economía política. Sistema intermedio entre el liberalismo y el colectivismo que confía a la acción del Estado el dirigir y suplir en la vida económica del país la iniciativa privada. En oposición a la doctrina liberal estima que conviene modificar las leyes económicas -que aquélla deja a su libre juego- y adaptar los resultados a las necesidades del momento, variantes a lo largo del tiempo. A diferencia del colectivismo, no pretende la modificación radical de las estructuras económicas y sociales existentes. Sin embargo, el i., más que una doctrina es una política empírica fundada en razones que se deducen_ del análisis económico, puesto que los análisis concretos de los equilibrios espontáneos no tienen en cuenta el beneficio colectivo (interés general) de la población nacional. Además, el poder (privado, público y mixto) es una realidad y es evidente que su evolución, espontánea, no está sometida a las leyes económicas que rigen el mercado.

Los factores y características esenciales que confluyen en la actuación del Estado y del orden económico, en el juego de fuerzas que establecen ambos sistemas institucionales, pueden ser englobados en los siguientes puntos: 1) Las relaciones entre gobierno y orden económico obedecen a las características más amplias del cuerpo social de donde son originarias; dependen de los conceptos prevalecientes de justicia y equidad, de los pesos relativos de las diferentes instituciones (centros de cultura, formaciones políticas, etc.), de las pautas de conducta generalmente aceptadas por una comunidad, de las características culturales y de otros elementos análogos. 2) La multitud y la complejidad de estas relaciones permiten concebir, indistintamente, la política y la economía como subdivisiones la una de la otra. 3) Los lazos entre uno y otro sistema se ven condicionados por el ritmo de cambio, de las inversiones, de la tecnología, de los valores culturales, de las ideas y de las creencias. 4) El continuo crecimiento económico tiende a ampliar las interrelaciones y a aumentar las funciones económicas del gobierno. Por todo ello, es posible decir que los sistemas político y económico de una sociedad tienen una serie de puntos de apoyo mutuos. E, igualmente, se puede aceptar que el gobierno es el órgano donde, en última instancia, se expresa la voluntad social y, puesto que los intereses sociales son profundamente económicos, puede llegarse a la conclusión final de que el gobierno existe como un instrumento social para el logro de metas, tanto económicas, como políticas.

J. M. CASTILLO VALDÉS.

BIBL.: M. CALDERÓN DITZEL, La agresión en el Derecho internacional americano, Santiago de Chile 1965; VARIOS, La intervención del Estado en la economía, México 1955; 1. MEYNAUD, Elaboración de la Política económica, Madrid 1961; F. MURILLO FERROL, Poder económico y poder político, Madrid 1962; A. MARCH.AL, Systémes et Structures économigues, París 1959; J. MEYNAUD, La pression des groupes internationaux, París 1960; G. SARTORI, La crisis del sistema parlamentario, Madrid 1966.