Capítulo 1. La Iglesia y la política

Preguntas desafiantes

¿Por qué la Iglesia se mete en política? ¿No debería hablar solo de religión?

¿Por qué los obispos dicen a los católicos a quién deben votar?

¿Por qué intentan ejercer algún tipo de control sobre los políticos católicos y les dicen qué tienen que hacer en cuestiones como el aborto o la eutanasia?

¿Por qué la Iglesia no acepta las decisiones tomadas democráticamente, y quiere configurar la sociedad de acuerdo con sus principios?

Si es una Iglesia, ¿por qué actúa como si fuera un Estado? ¿Por qué el Vaticano tiene consideración de Estado, cuando ninguna otra religión goza de ese privilegio?

La ética de la autonomía, imperante en la cultura de Occidente, se opone frontalmente a que la religión tenga voz en la vida pública: la religión debería ser un asunto privado, y la vida pública, un terreno neutral.

Ninguna de las dos afirmaciones es cierta, pero son los presupuestos fundantes de lo que podríamos llamar mito fundacional del estado liberal. Larry Siedentop, de la Universidad de Oxford, ha explicado cómo el concepto cristiano de Dios, elemento cardinal del pensamiento medieval, es el origen del respeto por la conciencia, los derechos y la autonomía del individuo. Esas nociones, al haber sido desgajadas de su origen cristiano por el liberalismo moderno actual, han derivado hacia un individualismo radical, adversario de toda comunidad, religión e historia, y tacha a todas las cosmovisiones (salvo la suya) de anacronismos imperialistas.

Como resultado, se dice a los católicos que la Iglesia no tiene el derecho de «imponer» sus creencias ni de «entrometerse» en política. Se acusa a la jerarquía de actuar como un lobby que usa su influencia espiritual para maniobrar y conseguir objetivos políticos en su propio beneficio.

La crítica resalta la condición de Estado que goza el Vaticano, y la manera en que maneja su red diplomática (y su condición de observador en las Naciones Unidas) para influir en la política mundial. Las izquierdas políticas rechazan la oposición de la Santa Sede a las iniciativas para reconocer y amparar los «derechos reproductivos» (el aborto y los programas de esterilización) en los países pobres. En cambio, ven con buenos ojos sus esfuerzos por acabar con la pena de muerte, sus mediaciones en los conflictos o su defensa de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. En el otro lado del espectro, las derechas políticas asienten cuando la Santa Sede trabaja para que se proteja la libertad religiosa en todo el mundo. Sin embargo, los conservadores están mucho menos contentos cuando la Iglesia critica el capitalismo de mercado, defiende los derechos de los inmigrantes o pide la abolición de la pena de muerte. En otras palabras, se critica al Vaticano cuando lo que dice choca con los prejuicios políticos de cada bando.

En el ámbito interno de los países, se acusa a la Iglesia de interferir en el proceso democrático: dice a los católicos a quién votar en las elecciones; usa su influencia institucional para presionar sobre los gobiernos; y coacciona a los políticos católicos para que voten de acuerdo a los dictados de la Iglesia, bajo amenaza de negarles la comunión. También se recrimina a la Iglesia que «use» el Estado, que es de todos, para sus propios fines: que tenga que pagar los sueldos de los capellanes en hospitales, cárceles y cuarteles; que ceda espacios para que haya capillas en las universidades públicas; que se enseñe religión en el sistema educativo público; y hasta que use a Hacienda para recibir fondos de los contribuyentes.

¿Cómo es –o debería ser– la relación de la Iglesia con el Estado y la política? ¿Cómo se justifica que se pronuncie sobre cuestiones sociales, políticas y económicas? ¿Qué defienden los católicos?

Intención positiva

La separación de las esferas religiosa y política –un concepto cristiano– tiene origen en las distinciones entre el poder temporal y el espiritual durante la Edad Media. Esta separación es incluso más importante en una sociedad plural, donde la esfera pública debería ser un lugar de debate racional en el que interactúan y compiten diferentes puntos de vista sobre el bien social.

La Iglesia debería defender el bien común, y no sus intereses particulares, evitando apelar a conceptos teológicos, y usar el lenguaje público de la racionalidad. Razones, no presiones, es lo que funciona en la arena pública. La intención positiva es que nadie debería usar el poder que tiene o influir en las legislaciones, para hacer proselitismo o coaccionar. La verdad se impone por su propia fuerza, y la Iglesia debe crecer por atracción, no por proselitismo; debe proponer, no imponer.

Del mismo modo, la Iglesia –se le dice– debería auto-organizarse, sin «usar» al Estado ni reclamar privilegios.

Religión y política: gemelos enfrentados

¿Cuál es la relación adecuada entre lo espiritual y lo temporal, la religión y la política, la Iglesia y el Estado? Para los cristianos, no existe una barrera insuperable, ni tiene por qué haberla. La democracia y la vida pública funcionan mejor cuando las dos esferas interactúan, en constante tensión. Esta tensión es saludable. Los países donde la autoridad religiosa tiene también poder civil (los regímenes islámicos, por ejemplo), y sus contrarios, con políticas oficiales que pretenden aislar al Estado de influencias religiosas (como China o Cuba), son los más limitativos de las libertades. La religión influye de mil maneras distintas, tanto en las creencias personales como en las políticas públicas. Es mucho más sano dejar que desempeñe su papel a la vista de todos, en el debate público sobre los temas de interés común.

Suele escucharse que la religión y la política deberían estar separadas. Esa tesis se basa en el mito de que la religión es de algún modo peligrosa porque es absolutista o disgregadora. Sin embargo, la historia enseña que las ideologías e instituciones consideradas seculares pueden llegar a ser tan absolutistas, disgregadoras e irracionales como las religiosas. En Europa tuvimos primero las llamadas guerras de religión en los siglos XVI y XVII, en las que unos países combatieron contra otros de distinta fe. Pero la aparición de Estados nacionales con una sola fe no condujo al cese de la violencia, sino que las luchas se hicieron internas: el estado-nación se convirtió en un nuevo tipo de religión, y, en su nombre, millones de personas murieron en el siglo veinte, por su patria o su ideología. Las ideologías han acabado teniendo siempre comportamientos absolutistas, disgregadores y violentos.

Por supuesto que algunas personas religiosas han sido violentas, y que la religión ha tenido buena parte de culpa en más de una guerra. Pero, antes de la Edad Moderna, resultaba imposible separar la «religión» de otras fuerzas y factores que también estaban involucrados: la rivalidad étnica, la ambición política, la codicia, etc. Solo en tiempos modernos se ha intentado crear la categoría «religión» frente a lo «secular», a pesar de que ese binomio no es muy consistente.

En la antigüedad, religio significaba culto, e incluía los juramentos cívicos y los ritos familiares, que hoy se consideran seculares. El término proviene de re-ligare, atar, reunir, y se refiere a las relaciones sociales. En la Edad Media, la palabra «religioso» designaba a los hombres y mujeres que pertenecían a una orden, que hacían votos y vivían en comunidad según una regla, a diferencia de los sacerdotes «seculares», que obedecían a un obispo. La religión no era una esfera aparte de la política o de otros ámbitos «seculares». Sin embargo, eran esferas definidas que reflejaban distintas funciones entre lo temporal y lo espiritual. Los reinos cristianos no eran teocracias: no todo pecado era delito, y no todo delito era pecado. Clérigos y laicos tenían leyes y tribunales distintos, pero todos trabajaban para un mismo fin, y compartían la misma visión religiosa de la vida.

Sin embargo, en los comienzos de la Edad Moderna, la palabra «religión» empezó a definir una actividad eminentemente personal y privada, distinta de las actividades públicas, como la política y la economía. El binomio religioso-secular fue el invento de quienes querían declarar la independencia del segundo respecto del primero, y hoy lo reivindican sobre todo aquellos que entienden que es función del Estado defender al individuo y al ámbito público frente a la interferencia de la religión.

Esta dicotomía tiene poco sentido. Son muchos los que afirman que su fe fue la razón principal para entrar en política o, en general, para salir de su «vida privada» y comprometerse con causas públicas. Entre los cuatro fundadores del proyecto europeo que ha desembocado en la UE, por ejemplo, el franco-alemán Robert Schumann es beato y está en proceso de canonización; el alemán Konrad Adenauer fue un buen católico; el italiano Alcide de Gasperi está en proceso de beatificación; y el francés Jean Monnet fue un laico muy respetuoso con la religión.

El intento de separar la religión de la política no tiene un final feliz. Los mayores horrores del siglo veinte fueron llevados a cabo por Estados totalitarios, que emprendieron su trayectoria nefasta intentando desalojar la fe de la esfera pública y subordinar la religión al Estado. Representar «la voluntad del pueblo» les daba licencia para ejercer un poder ilimitado y sin control. Entre las primeras medidas de los regímenes comunistas y fascistas estuvo la abolición de cualquier mención a Dios en las leyes, y la imposición de clases obligatorias de ateísmo. La religión representaba un poder y una autoridad fuera del control del Estado, y, por tanto, era intrínsecamente un desafío al poder estatal.

Por el contrario, algunos de los mejores momentos de la historia política occidental – la abolición del comercio de esclavos, o los movimientos por los derechos civiles en las décadas de los 50 y 60– son ejemplo de lo que sucede cuando la religión entra en política. Los grandes logros de la historia de Occidente son producto de una civilización en la cual Iglesia y Estado cooperan, y razón y fe dialogan.

La libertad religiosa sustenta la democracia y el pluralismo. La democracia auténtica permite que la religión –en igualdad de condiciones con otros planteamientos filosóficos y creencias– participe en la esfera pública. El Estado no toma partido en asuntos religiosos, pero deja a sus ciudadanos que lo hagan. O, mejor dicho, son derechos inalienables de los ciudadanos, y el Estado no puede interferir, salvo que tenga consecuencias en el orden público, en cuyo caso ha de guardar el bien común. Los ciudadanos son libres de elegir y tomar decisiones según sus criterios personales; el Estado no puede inmiscuirse en las conciencias.

La compleja relación entre fe y política sigue diferentes modelos en los países occidentales, pero el principio subyacente es claro: ni el fundamentalismo (en el que las autoridades religiosas se apoderan del poder del Estado) ni el laicismo (que declara la esfera pública «espacio libre» de religión, y prohíbe su presencia) ofrecen un modelo que beneficia al hombre y a la sociedad. «El fundamentalismo religioso y el laicismo se parecen en cuanto a que representan formas extremas de rechazo ante el pluralismo legítimo y el principio de laicidad», señaló el papa Benedicto en su mensaje del Día de la

Paz el 1 de enero de 2011.

La gente está en contra de que la Iglesia «interfiera» en lo que ellos consideran que está bien así, y a favor de que «se meta» en aquello que creen que ha de cambiarse. Quien critica a la Iglesia por «entrar en política», lo que pretende decir es que está en desacuerdo con la posición de la Iglesia, más que con su acción de pronunciarse. Esa misma persona no diría nada si la Iglesia afirma algo con lo que está de acuerdo. Algunos la acusan de ser de derechas por oponerse al aborto o a la eutanasia; y otros, de ser de izquierdas por criticar los sistemas económicos que anteponen el dinero a las personas, o por exigir la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

Lo vemos en España: políticos como Pablo Iglesias o Manuela Carmena han alabado intervenciones del Papa contra la tiranía del mercado, la atención de Cáritas a los refugiados, etc., y han criticado otros aspectos también esenciales del mensaje cristiano; mientras que líderes del Partido Popular han elogiado el papel de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos en Cuba y Venezuela, pero han hecho caso omiso a la voz de la Iglesia ante la reforma de la ley del aborto de 2015, e incluso han negado a sus parlamentarios el voto en conciencia.

Y no solo los políticos, sino cualquier actor social actúa con ese criterio: la Iglesia interfiere… cuando se opone a lo que quiero, y cumple con su deber cuando me apoya. En 2016, por ejemplo, la Conferencia Episcopal española publicó un documento contra la piratería en el cine, a la que califica como pecado contra el séptimo y el décimo mandamiento, pues «inflige un daño al bien común de la sociedad» y «puede lesionar los legítimos derechos e intereses de un amplísimo número de profesionales que trabajan en la industria del cine». Las reacciones de la industria del cine fueron, como era lógico, muy positivas: «es su cometido», dijo el director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual…

¿Cuándo hablar y cuándo callar?

La respuesta es: pocas veces y con cuidado, siempre que se trate de asuntos relacionados con la dignidad humana, las libertades y los derechos fundamentales, y los principios básicos de la convivencia. En esos casos, la Iglesia no solo puede, sino que debe intervenir.

Cuando habla, la Iglesia normalmente expone principios éticos generales, sin atacar medidas o partidos concretos, y deja que los interesados debatan sobre la aplicación de aquellos principios. Con cierta regularidad, los episcopados recuerdan que la gente tiene derecho a migrar, que los inmigrantes merecen ser tratados con respeto, que sus derechos humanos no dependen de su nacionalidad y que no se debería mantener separadas a las familias de inmigrantes. También dicen que los países tienen derecho a restringir la inmigración, lo que significa que tienen el derecho a deportar. Son principios inspiradores para la legislación sobre inmigración, pero no determinan ni plazos ni cuotas ni fechas. Eso corresponde a los políticos.

La Iglesia fomenta la participación política activa y el compromiso cívico. Los obispos animan a los católicos a que salgan, voten y se involucren. Los católicos son al tiempo miembros de la Iglesia y ciudadanos que obedecen la ley y trabajan para el bien de la nación allá donde estén, sea cual fuere el régimen político en el que se encuentren. Esta «doble ciudadanía» no es una lealtad dividida, pues no se contradicen, pero sí provoca una sana tensión. Vivir en el mundo con la vista en un horizonte trascendente es una de las razones por las que los católicos suelen ser especialmente activos en política.

Por ejemplo, cada vez que un parlamento o una corte suprema discute reconocer valor legal a las uniones gais, la Iglesia reacciona siempre con claridad, para ilustrar la conciencia a los fieles, antes y después de la decisión. Así pasó en Colombia. Al iniciarse la discusión en 2013, el cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, escribió en una carta abierta: «Una cosa es regular jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito de los derechos civiles y patrimoniales y otra, muy distinta, es querer brindar a estas uniones un reconocimiento jurídico que, implícitamente, subvierte el orden establecido por la naturaleza humana».

Desafortunadamente, en 2016, la Corte Suprema de Colombia autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Monseñor José Daniel Falla, vocero de los obispos del país, volvió a referirse a la cuestión: «El matrimonio no es solo una construcción gubernamental; es una asociación natural que nos afecta a todos. Que a través de nuestra fe lo llamemos sacramento, es otra cosa. Pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer, está codificado desde la preservación de la especie y para darle consistencia a una sociedad (…). Al defender unas minorías, se está yendo en contra del bien general. Eso no puede ser así. Lo que hicieron con esta decisión fue homogeneizar, como si todo fuera lo mismo y eso no es así; hay que darles su justo lugar a las cosas en la sociedad».

Unas veces versan sobre problemas sociales, como la violencia (en el caso de México), el terrorismo y el narcotráfico (Colombia), los abusos de la gran minería y las esterilizaciones forzosas (Perú), la corrupción política y el medio ambiente (Brasil), el paro (España), el turismo sexual (Centroamérica) o la integración racial (Dominicana); otras, sobre asuntos morales que traerán consecuencias graves. En todo caso, son intervenciones claras y respetuosas, en las que los obispos cumplen su misión, en servicio de los católicos y de quien esté interesado en conocer el punto de vista de la Iglesia. Son voces civilizadas que dan razones, nunca gritos, y que enriquecen el debate público.

Los obispos no dicen a los católicos a quién han de votar, sino qué elementos en cualquier elección deberían importarles. La Iglesia no toma partido, no favorece a un candidato en detrimento de otro. Pero tampoco se deja llevar por el viento: suele defender principios sólidos que siguen siendo firmes a pesar de los años. Es tarea de los obispos articular la doctrina católica en el lenguaje de la razón, y responsabilidad de los votantes, reclamar a los candidatos que respondan a sus peticiones, y luego decidir en conciencia a quién votar.

En democracia, la Iglesia goza del derecho a pronunciarse del mismo modo que cualquier otra entidad civil, asociación u organización: el derecho natural a defender y promover sus valores y de persuadir a los demás; a introducir en la agenda pública los debates sobre lo que beneficia o perjudica a la sociedad, aplicando la sabiduría y la tradición cristiana a las grandes cuestiones que acucian a la sociedad contemporánea. La Iglesia lo hace porque se preocupa por el «bien común», como lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica: «La suma total de las condiciones sociales que permite que las personas, ya sea como grupo o como individuos, se realicen de manera más completa y más fácilmente». El bien común es la clave de la visión de la Iglesia sobre la sociedad y los principios en los que, en su opinión, se basa su sano funcionamiento.

La Iglesia ciertamente goza de cierta influencia en España y en América Latina, porque sus habitantes son mayoritariamente católicos. Pero su derecho y su deber de hablar no dependen de los números. Incluso donde la Iglesia es una minoría residual –por ejemplo, en algunos países de Asia y en Oriente Medio–, los obispos hacen resonar su voz, confiando en que los principios éticos a los que apelan calen en todas las personas de buena voluntad.

Por ejemplo, en una entrevista con La Croix de 2016, el papa Francisco criticó la manera en la que los Estados Unidos y Europa han actuado en Medio Oriente. En plena sintonía con san Juan Pablo II, que trató, en vano, de frenar la primera y la segunda guerra en Irak; y con Benedicto XVI, que tronó contra los traficantes de armas, Francisco no dejó pasar la oportunidad para subrayar la relación entre el terrorismo y el tráfico de armas, y que diferentes países del Medio Oriente pagan las consecuencias de guerras iniciadas con motivaciones y justificaciones oficiales inconsistentes (como las armas de destrucción masiva de Saddam nunca encontradas); y, con respecto al terrorismo islámico, dijo:

«Habría que interrogarse sobre la manera en la que un modelo demasiado

occidental de democracia ha sido exportado a países como Irak, en donde existía un

gobierno fuerte anteriormente. O bien en Libia, en donde existía una estructura

tribal. No podemos seguir adelante sin tomar en consideración estas culturas. Como

dijo un libio recientemente: “Estábamos acostumbrados a tener un Gadafi, ahora

tenemos cincuenta”».

La Iglesia busca persuadir, no imponer; atraer, no engañar. Lo hace, además, con la autoridad que le da ser el actor más significativo de la sociedad civil en el panorama mundial y representante de la tradición que configuró los valores morales y culturales del mundo occidental. Gracias a que es independiente de cualquier Estado, puede interpelar libremente; y su trabajo pastoral por todo el mundo le hace estar excepcionalmente cualificada para ser la voz de aquellos que no tienen voz.

Un actor global con perspectiva integradora

La Iglesia católica cuenta con 1.200 millones de fieles –el 17,5 por ciento de la población mundial– en todos los continentes. Casi la mitad de ellos está en América, poco menos de un cuarto en Europa, y un número creciente en África (16 por ciento), Asia (11 por ciento) y Oceanía (menos del 1 por ciento). En todo el mundo hay 5.000 obispos, unos 405.000 sacerdotes, 41.000 diáconos casados, 55.000 religiosos y 700.000 religiosas. La Iglesia dirige más de 220.000 parroquias, 5.000 hospitales, 17.500 dispensarios médicos y 15.000 centros de mayores sin olvidar las decenas de miles de escuelas. Con estas cifras, puede presentarse sin vanagloria como una de las instituciones de asistencia y desarrollo más grandes, si no la mayor en absoluto.

Cáritas Internacional, la confederación de 165 organizaciones benéficas nacionales con actividades en todos los países, fundada hace más de 60 años y con sede en Roma, estima su presupuesto anual consolidado en unos 4.500 millones de euros. En África – por centrarnos en un solo continente–, la Iglesia dirige uno de cada cuatro hospitales, y en sus escuelas se educan más de 12 millones de niños cada año. La Iglesia católica cura, enseña, instruye y está presente en las vidas de millones de personas en todo el mundo. Es el mayor actor, y el más influyente, de la sociedad civil a nivel mundial. Su actividad global y una sabiduría y experiencia multiseculares, combinadas, avalan que la Iglesia pueda hablar como la autoridad moral por excelencia en el mundo: como «experta en humanidad», en expresión predilecta de san Juan Pablo II.

La Iglesia católica es el único organismo religioso que tiene presencia oficial en las Naciones Unidas, con estatus de observador. Es también la única religión con cuerpo diplomático (el más antiguo en activo). A lo largo y ancho del planeta, la Iglesia es un importante promotor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el plan de acción global de la ONU, y lucha incansablemente por la cancelación de la deuda externa y por otras formas de ayuda financiera para los países en vías de desarrollo. Por decisión de Benedicto XVI en 2008, el Vaticano es el primer país del mundo libre de emisiones de dióxido de carbono; y el papa Francisco ha puesto el cuidado de la creación en el centro de su preocupación social.

La Santa Sede desempeña un papel fundamental en las negociaciones de paz, en los tratados para la limitación del comercio de armas, en las campañas contra la pena de muerte en el mundo, en la liberación de rehenes y en la resolución de conflictos. Asimismo, aboga por reformas que pongan a la economía al servicio del hombre. En 2011, por ejemplo, el Consejo Pontificio Justicia y Paz pidió nuevas estructuras a nivel mundial capaces de restringir y regular los mercados financieros internacionales por el bien común, apoyando en particular la idea de un impuesto sobre las transacciones financieras; y, en 2016, ha propugnado abandonar la categoría de «guerra justa».

Esas iniciativas podrían considerarse «progresistas». La Iglesia considera que las leyes del aborto, del suicidio asistido, de matrimonios entre personas del mismo sexo, de investigación con células madre embrionarias, de fecundación in vitro y de maternidad subrogada no son progresistas, sino que son retrocesos de la civilización. Su posición contraria a esos cambios es al menos tan progresista como su defensa de las víctimas de la trata de personas o su lucha contra la «idolatría del dinero» dominante en el sistema financiero mundial.

Todos esos temas tienen en común la dignidad de la persona, incluso si esa dignidad no es reconocida por la sociedad en general. La sociedad no reconoce los derechos y la dignidad del no nacido, de los niños privados de una madre o un padre en las parejas del mismo sexo, de los mayores en los hospitales, o de los nacidos en suelo extranjero, porque, como dice el papa Francisco con hermosa metáfora, son víctimas de una cultura del descarte: «Por desgracia, lo que se tira no es solo comida y cosas prescindibles, sino a menudo seres humanos que son desechados por innecesarios».

Gracias a su presencia y perspectiva globales, la Santa Sede está en condiciones únicas para coordinar la respuesta a problemas mundiales como la trata de personas, el comercio de armas o la pena de muerte, que el papa Francisco califica de «cruel, inhumana y degradante», un método de castigo que «no hace justicia a las víctimas, sino que fomenta solo la venganza».

La Iglesia también puede ofrecer apoyo a aquellos que quedan fuera de las estructuras tradicionales de asistencia (como los sindicatos, por ej.) que protegen a los más vulnerables. En octubre de 2014, el papa Francisco intervino en un encuentro mundial de «movimientos populares» para reclamar el reconocimiento de sus derechos. Es difícil imaginar a otro líder mundial diciendo a cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, pescadores, campesinos y otros trabajadores de la economía sumergida que «todo trabajador, esté o no esté en el sistema formal del trabajo asalariado, tiene derecho a una remuneración digna, a la seguridad social y a una cobertura jubilatoria… Hoy quiero unir mi voz a la suya y acompañarlos en su lucha».

¿Vaticano o Santa Sede?

La Ciudad del Vaticano es una pequeña (y hermosa) zona de Roma reconocida como Estado tras la firma de los Pactos de Letrán en 1929. El acuerdo firmado con el dictador italiano Benito Mussolini puso fin a la larga disputa sobre la soberanía territorial del Vaticano tras la desaparición de los Estados Pontificios y el nacimiento de Italia como

Estado-nación en 1870.

Suele decirse que el Vaticano es reconocido a nivel internacional únicamente por ese pacto. En realidad, la jurisdicción soberana internacional de la Santa Sede es reconocida desde hace siglos, mucho antes de 1929. La Santa Sede como organización goza de una larga trayectoria en la historia desde el siglo IV, lo que la hace más antigua que cualquier Estado. La misión diplomática permanente más antigua del mundo fue precisamente la embajada española ante los papas, creada en 1480 por el rey Fernando el Católico. Algo parecido sucede con otros países: el Reino Unido estableció formalmente relaciones con el papado un año antes, en 1479 (aunque luego se interrumpieron). Estas relaciones se han dado incluso con países con neta separación entre Iglesia y Estado: por ejemplo, los Estados Unidos tuvieron relaciones consulares con los Estados Pontificios desde 1797, en tiempos del presidente George Washington.

Los Pactos de Letrán significan que el Vaticano es un Estado insignificante en el sentido de poder fuerte –militar o económico– pero una «superpotencia» del poder suave por su capacidad de mover los corazones y las mentes. En ocasiones los resultados son espectaculares, como el papel desempeñado por san Juan Pablo II en la caída del imperio soviético, como el mismo Mijaíl Gorbachov reconoció públicamente. Intervenciones papales, como la mediación de Juan Pablo II entre Chile y Argentina para evitar una guerra inminente por el estrecho de Beagle (1978), la restauración de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 2014 o la detención de un ataque inminente a Siria ese mismo año, ambas gracias a la paciente mediación del papa Francisco, muestran la eficacia del trabajo entre bastidores de la red diplomática de la Iglesia.

La Santa Sede es la sede de gobierno de la Iglesia católica en el mundo. Es un Estado soberano reconocido internacionalmente. Esa soberanía da a la Iglesia un importante grado de independencia del poder político. Muchos de los logros de la Santa Sede en la esfera internacional –usando su autoridad moral y su presencia global para influir en países con el fin de promover el cambio– son posibles por esta soberanía, y por mantener relaciones bilaterales con muchos países, no solo con naciones católicas: 180 países mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

El currículum del actual secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, da una idea sobre la actividad diplomática de la Santa Sede. Consolidó los lazos entre la Santa Sede y Vietnam, sentando las bases para la libertad religiosa en aquel país. Ha contribuido al progreso en las relaciones con China. Estuvo al frente de los intentos del Vaticano en favor del Tratado de No Proliferación Nuclear. Consiguió la liberación de 15 marinos británicos que habían sido capturados por las fuerzas iraníes en el Golfo Pérsico en abril de 2007. Participó en la mediación en zonas de conflicto como Timor Oriental y en las negociaciones por disputas territoriales entre Ecuador y Perú, sin olvidar sus esfuerzos por prohibir las bombas de racimo. Desde su nombramiento como secretario de Estado, supervisa las iniciativas del Vaticano contra el tráfico de personas.

Dicho de otro modo: la existencia del Estado Ciudad del Vaticano, y su reconocimiento como actor de la escena internacional, es una buena noticia para los más vulnerables, sean personas, comunidades o pueblos enteros sin voz.

La Iglesia en España en datos

La presencia de la Iglesia católica en España es antiquísima: desde hace casi dos mil años se anuncia la salvación de Jesucristo en estas tierras. La fe se hace visible en millones de hombres y mujeres que viven esta fe reunidos en las diócesis, en sus parroquias, en los movimientos y en las diversas iniciativas apostólicas.

Es cierto que España no es «católicamente monocolor», como fue en otras épocas de su historia; pero la conocida frase de Azaña en 1931, «España ha dejado de ser católica», mostraba más un deseo que una realidad. En el último sondeo del Centro de Investigaciones Científicas (CIS), de 2016, el 70 por ciento de los españoles se define católico, casi un punto más que el año anterior (del resto, el 15 por ciento de la población se declara no creyente, el 10 por ciento se define ateo y el 2 por ciento dice profesar otra religión). Los datos de práctica semanal son notablemente más bajos: solo el 14 por ciento asegura que acude a misa todos los domingos y festivos (un 2 por ciento más que el año anterior).

La Iglesia en España –son datos de su memoria relativa a 2015– cuenta con 18.813 sacerdotes, 57.531 religiosos, 9.153 monjas/es de clausura y 104.995 catequistas, que desarrollan su labor pastoral en 23.071 parroquias y 819 monasterios. Una estructura verdaderamente capilar, que llega hasta el último rincón de la geografía española, y también fuera de ella: hay 13.000 misioneros españoles repartidos por el mundo (mayoritariamente en América Latina), y 486 familias en misión.

Su actividad celebrativa es vastísima: 9,5 millones de misas al año, 240.282 bautizos,

244. 252 primeras comuniones y 52.495 bodas. Pero las cifras de su labor asistencial y social son aún mayores.

La labor social de la Iglesia en España es un río caudaloso: 9.062 centros sociales y asistenciales de todo tipo, que han ayudado a 4.738.469 personas (1.261.509 en el área de sanidad, 199.535 en formación y cultura, y 3.277.425 en el área asistencial). Ayudó a

75. 954 personas a encontrar trabajo; asistió a 149.021 emigrantes, refugiados y prófugos; sus 85 centros de rehabilitación para drogodependientes recogen a 20.248 internos; sus comedores sociales dieron 3.962.045 comidas; 227 orfanatos y otros centros para la tutela de la infancia, 72 centros para víctimas de violencia, que se ocuparon de 23.264 mujeres; y un largo etcétera.

En el campo educativo, existen 2.283 centros católicos de educación ordinaria y 324 de educación especial, que emplean a 123.835 trabajadores; 25.660 profesores dan clases de religión a los 3.561.970 alumnos inscritos en esas clases. Hay en España 15 universidades de inspiración cristiana, con un total de 85.381 alumnos.

Todos estos datos no pretenden afirmar que la Iglesia en España es un dechado de virtudes, ni que goza de una salud envidiable. Junto a luces brillantes hay sombras innegables. Sus debilidades no se deben a factores externos, sino internos. Con las limitaciones que tiene cualquier generalización (hay numerosas y honrosas excepciones), se puede decir que el declive de la Iglesia en España se debe al declinar de lo católico en los católicos. Esto vale para tantos bautizados cuya vida familiar, profesional, social y política permanece al margen de la fe; como para instituciones tan relevantes como los colegios católicos, donde un chico o una chica pueden pasar 12 años, y salen con una fe tan débilmente encarnada que casi no se distinguen de quien no ha recibido educación cristiana.

Reconocer estas limitaciones no impide que los católicos podamos y debamos defender con orgullo la aportación y el legado de la Iglesia a España y al mundo. Solo hemos de ser conscientes de que cualquier triunfalismo está fuera de lugar.

Datos económicos transparentes

Un tema a veces controvertido en la opinión pública se refiere a la financiación que recibe la Iglesia por parte del Estado. ¿Se trata de un sistema excepcional? Una mirada a nuestro entorno geográfico muestra que no. En nuestro continente, salvo excepciones como Francia, el Estado no sigue un planteamiento laicista en lo que se refiere a la financiación de las religiones: casi todos los países contribuyen económicamente al sostenimiento del clero y del culto de las confesiones mayoritarias. Financiar las confesiones de los ciudadanos no es antidemocrático.

La cooperación económica puede canalizarse de forma directa, es decir, a través de ayudas económicas del Estado a favor de las confesiones religiosas; y de forma indirecta, mediante beneficios fiscales (equiparación a las entidades sin ánimo de lucro, o bien dotándolas de un régimen privilegiado). Como las asignaciones directas constituyen la parte principal, veamos con más detalle las tres opciones principales.

En algunos países existe una dotación presupuestaria del Estado a favor de la o las confesiones religiosas que tienen mayor implantación histórica o sociológica. Es lo que sucede en Grecia, Bélgica, Luxemburgo, muchos países del Este tras la caída de la dominación soviética (y en España hasta 1988).

El segundo sistema consiste en que el Estado confiere a las confesiones religiosas con mayor implantación en el país el estatuto de corporaciones de derecho público, y les presta su apoyo legal y administrativo para que puedan obtener de los ciudadanos determinadas contribuciones, bien mediante un impuesto estatal con destino religioso (Finlandia y Dinamarca) o bien mediante un impuesto religioso recaudado por el Estado (Alemania, Suecia y Austria).

En el tercer sistema, los contribuyentes pueden asignar un porcentaje de su cuota tributaria a favor de una confesión religiosa. Es conocida como sistema de asignación tributaria, y está vigente en Italia y en España.

Aquí, aunque hasta hace unos años existía un compromiso por parte del Estado de cubrir un mínimo (fruto de la historia del país), en 2006, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se modificó el sistema. A partir del 2007 la Iglesia solo recibe para su sostenimiento lo que decidan los contribuyentes. Si los contribuyentes no marcan la X en su declaración de la renta, la Iglesia recibe cero.

En 2015, 9 millones de ciudadanos lo hicieron (el 35 por ciento de las declaraciones). Eso supuso para las arcas de la Iglesia 250 millones de euros.

El acuerdo con el Estado prevé el compromiso de la Iglesia de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado, así como el destino a alguno de los fines propios de la Iglesia católica: culto, clero, apostolado y caridad.

La Iglesia en España publica cada año un informe, auditado por la firma internacional PwC, sobre el uso que da a ese dinero. Los datos sobre ingresos más relevantes de su informe de 2015 son los siguientes: las aportaciones directas de los fieles suponen el 37 por ciento; la asignación tributaria significa el 23 por ciento; otros ingresos corrientes, el 21 por ciento; patrimonio y otras actividades, el 11 por ciento; ingresos extraordinarios, el 6 por ciento; necesidad de financiación, el 2 por ciento.

Por lo que se refiere a los gastos, los capítulos principales fueron: el 26 por ciento en actividades pastorales y asistenciales; el 26 por ciento, a conservación de edificios y gastos de funcionamiento; el 19 por ciento, a la retribución del clero; la retribución del personal seglar supone un 12 por ciento; un 11 por ciento, a gastos extraordinarios; y el 6 por ciento se aporta a centros de formación.

Los datos más elocuentes se refieren a cómo la Iglesia –es decir, los católicos– se toman muy en serio el mensaje evangélico de atender a los más necesitados. En 2015, más de 347 millones de euros se destinaron a la actividad caritativa y asistencial: Cáritas dedicó más de 305 millones a atender a más de cuatro millones de personas, con la colaboración de 81.917 voluntarios y 4.504 trabajadores remunerados; y Manos Unidas, también de titularidad de los obispos, dedicó 42 millones más a programas solidarios en otros países, gracias a 5.146 voluntarios y 2.545.000 beneficiarios directos.

No solo es transparente, sino más eficaz. Gracias a sus criterios de gratuidad de los recursos y de eficiencia en su utilización, la Iglesia desarrolla sus actividades de manera más rentable: cada 1 € que se invierte en la Iglesia rinde como 2,26 € en su servicio equivalente en el mercado.

Que el Estado medie para que quien lo desee pueda apoyar económicamente a la Iglesia, por mucho que no obligue a nadie a pagar un euro más, provoca sarpullidos a los alérgicos a la Iglesia, y entre ellos a políticos de tendencia anticlerical. Lo cual es irónico, pues representan partidos, sindicatos, patronales y organizaciones que viven de subvenciones, pero que en este asunto defienden que la Iglesia católica debería autofinanciarse. Como comenta el periodista Ignacio Aréchaga, refiriéndose al caso español, «si la capacidad de autofinanciarse es un signo de vitalidad, hay que reconocer que la Iglesia católica tiene un arraigo social mayor que el de los partidos políticos, cuya financiación pública está cerca del 80 por ciento».

Ayuda abierta a todos

Los católicos, en España y en todo el mundo, llegan a los más pobres y vulnerables sin tener en cuenta sus creencias. La actividad benéfica católica no busca prosélitos. Como escribió el papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, «aquellos que practican la caridad en nombre de la Iglesia no intentarán imponer la fe de la Iglesia a los otros». Como muchos católicos dicen: «nos preocupamos por los pobres no porque ellos sean católicos, sino porque nosotros lo somos».

Esto no hace que la actividad benéfica de la Iglesia sea independiente de la fe; no hay mayor testimonio del amor de Cristo que servir a los pobres de manera práctica y concreta, y defender sus intereses. Para que ambas cosas sean posibles, lo primero de todo es detectar las necesidades de los pobres.

La realidad de la misión cristiana en las iglesias de hoy es la historia de miles de almas buenas y discretas. En muchas de las comunidades golpeadas por una desgracia son las iglesias las que proporcionan calor, comida, amistad y apoyo a personas que pasan por los peores momentos de su vida: las personas sin techo, aquellos que han caído en el alcoholismo o la drogadicción, personas con enfermedades mentales sin diagnosticar o que se ven abrumadas por múltiples dificultades. Tantas veces, son los cristianos quienes les ayudan: las Iglesias les asesoran en materia de deudas, les dan orientación matrimonial, les forman en el cuidado de niños y en el aprendizaje de la lengua, les atienden en actividades extraescolares, les alimentan a través de los bancos de alimentos, les dan alojamiento de urgencia y, a menudo lo más importante, alguien que les escuche. Las energías y las vidas de gran parte del clero y de muchos católicos practicantes se dedican a ayudar a otros de forma práctica, respondiendo a su gratitud con Cristo mediante el servicio al prójimo.

Muchas de estas organizaciones benéficas nacieron del impulso de un fundador carismático, normalmente un santo. Se alimentan de la sociedad civil (más que de los fondos del Estado) y a menudo encuentran acogida en parroquias y escuelas, desde donde galvanizan las energías y la pasión de redes de voluntarios.

Obispos, elecciones, políticos y conciencia

«De acuerdo» –reconocen algunos a regañadientes, abrumados por este aluvión de datos–, «la Iglesia hace una vasta y profunda labor social. No nos parece mal. Lo que es intolerable es que, junto a eso, quiera imponer sus dogmas a los demás». O en algunos casos, verdaderamente patológicos, distinguen: «una cosa es la Iglesia que se ocupa de los pobres, y está muy bien, y otra bien distinta son los obispos, que piensan en términos de poder».

Ese enfoque es miope. Una de las obligaciones de los obispos es intervenir cuando cuestiones fundamentales de la propuesta cristiana son tergiversadas por una persona en un cargo público que dicen representar esos valores (y, a veces, instrumentalizarlos), y esa conducta pueda confundir a los creyentes.

Ese tema ha surgido en particular en el caso del aborto y del suicidio asistido, porque están conectados al carácter sagrado de la vida, que la Iglesia cree que debería ampararse en la legislación del Estado, y defiende «el derecho fundamental a la vida desde la concepción hasta la muerte natural». Para que un católico esté en total comunión con la fe de la Iglesia, debe aceptar esa doctrina. Sobre las leyes que promueven o autorizan el aborto y la eutanasia, san Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium vitae, señaló que «establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia».

Lo que defiende la Iglesia

Cuando los católicos votan o participan activamente en política, sus prioridades, inquietudes y simpatías son muy variadas. Pero hay principios básicos en los que los católicos deben estar de acuerdo, porque han sido enseñados por la Iglesia de manera constante desde 1891, cuando el papa León XIII publicó la primera «encíclica social» de los tiempos modernos, la Rerum novarum («Sobre las cosas nuevas»).

Desde entonces, otras encíclicas sociales –las últimas, la Sollicitudo rei socialis («Preocupación por los asuntos sociales»), de Juan Pablo II (1987), la Caritas in veritate («Caridad en la verdad») del papa Benedicto XVI (2009) y la Laudato si’ («Alabado sea»), del papa Francisco (2015)– y muchos otros documentos desarrollan y aplican estos principios a los retos actuales.

Esos principios se recogen en un cuerpo doctrinal conocido como Doctrina Social de la Iglesia (DSI), que ofrece una serie de elementos para la reflexión, criterios para juzgar y directivas para la acción. Su propósito es contribuir a la formación de la conciencia para la acción específica. De hecho, equivalen a un compendio de la visión católica de la política y la sociedad.

Como ejemplo, en un documento titulado La Iglesia, servidora de los pobres, de 2015, los obispos españoles recomendaban algunas orientaciones concretas para mostrar el amor evangélico a los necesitados:

«La pobreza no es consecuencia de un fatalismo inexorable, tiene causas responsables. Detrás de ella hay mecanismos económicos, financieros, sociales, políticos…; nacionales e internacionales. Un enfrentamiento lúcido y eficaz contra la pobreza exige indagar cuáles son las causas y los mecanismos que la originan y de alguna manera la consolidan. Debemos hacerlo movidos por la convicción de que la pobreza hoy es evitable; tenemos los medios para superarla. Los principales obstáculos para conseguirlo no son técnicos, sino antropológicos, éticos, económicos y políticos».

Y, a continuación, marcaban objetivos para alcanzar la ambiciosa meta de eliminar las causas estructurales de la pobreza. He aquí algunos:

Crear empleo. Las empresas han de ser apoyadas para que cumplan una de sus finalidades más valiosas: la creación y el mantenimiento del empleo. En los tiempos difíciles y duros para todos –como son los de las crisis económicas– no se puede abandonar a su suerte a los trabajadores. Que las Administraciones públicas, en cuanto garantes de los derechos, asuman su responsabilidad de mantener el estado social de bienestar, dotándolo de recursos suficientes. Que se llegue a un Pacto Social contra la pobreza aunando los esfuerzos de los poderes públicos y de la sociedad civil. Que las personas orientemos nuestras vidas hacia actitudes de vida más austeras y modelos de consumo más sostenibles. Que la dificultad del actual momento económico no nos impida escuchar el clamor de los pueblos más pobres de la tierra y extender a ellos nuestra solidaridad y la cooperación internacional y avanzar en su desarrollo integral.

Como se ve –y podrían ponerse muchos ejemplos parecidos de los episcopados americanos–, los obispos orientan la conciencia de los fieles, aplicando la doctrina social de la Iglesia a las circunstancias del propio país, y lanzan un llamado a todos los hombres de buena voluntad, usando un lenguaje claro y directo. La DSI tiene dos principales preocupaciones. La primera es la alienación entre el capital y el trabajo: la división de la sociedad entre los que controlan las riquezas y la propiedad, y la otra parte, la mayoría, que aportan su trabajo en situación de desequilibrio. (Fue el aumento de las masas afectadas por la pobreza en las ciudades europeas lo que llevó al papa León a escribir su encíclica). La segunda es el crecimiento del poder del mercado y el Estado, a costa de la disminución en tamaño y fuerza de la sociedad civil. Visto de manera positiva, los papas, en las diecisiete encíclicas sociales escritas desde 1891, piden dos reformas esenciales en el gobierno de la economía. Lo primero es la «humanización» del mercado, anteponiendo las personas a los beneficios y teniendo siempre en mente el propósito humano de la economía. El segundo es un llamamiento a una sociedad civil reforzada, compuesta por «asociaciones intermedias» sólidas y fuertes, en contraposición a una sociedad compuesta solo por el Estado, el capital e individuos aislados.

La DSI se articula en principios básicos: la dignidad de la persona, el bien común, un salario justo, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, la opción por los pobres, la paz y el desarme, la preservación de la vida y la creación, y la llamada a la acción social y política de todos. Cada uno de estos temas es una auténtica mina de conocimiento y sabiduría para el correcto funcionamiento de una sociedad moderna, democrática y plural.

MARCOEXISTENTE

La Iglesia católica usa su poder y capacidad de influencia para favorecer una agenda reaccionaria, contraria al progreso de los derechos humanos y las libertades. Los obispos dicen a la gente cómo votar, y amenazan a los políticos con la excomunión cuando no obedecen a la voluntad del papa. La Iglesia es fundamentalmente de derechas y busca imponer sus ideas anticuadas en un estado laico y a personas que no profesan el cristianismo.

REFORMULACIÓN

La Iglesia levanta la voz en la esfera pública cuando un tema afecta al bien común, a menudo relativo a las libertades y a los derechos fundamentales, y en especial cuando puede ser la voz de los que no la tienen.

Su autoridad para pronunciarse deriva de su autoridad moral y de su independencia como una de las organizaciones de la sociedad civil más antiguas e importantes del mundo. No es ni de derechas ni de izquierdas, no se alía con partidos políticos concretos, sino que defiende el bien común y el Evangelio en su integridad. Apoya y sostiene la distinción entre lo político y lo religioso, defiende una «laicidad positiva» y rechaza tanto el fundamentalismo religioso como el laicismo agresivo que pretende prohibir la fe en el ámbito público.

La agenda política de la Iglesia católica puede resumirse en la doctrina social católica más la libertad religiosa, la libertad en la que se basan el resto de derechos y libertades.

MENSAJESCLAVE

La Iglesia tiene el derecho natural de pronunciarse, basado en su autoridad moral y por su presencia activa y benéfica en la sociedad. La Iglesia aboga por la libertad religiosa y la distinción entre política y fe. Además, insta a que los ámbitos políticos y religiosos dialoguen, no se aíslen. Los obispos no se pronuncian antes de las elecciones para persuadir a los católicos de votar de una forma u otra; identifican los temas que consideran que deberían ser de interés para los católicos, y qué deberían exigir a los candidatos. Tampoco presionan a los políticos para que voten de esta u otra forma, bajo la amenaza de negarles la comunión. La agenda política de la Iglesia es la doctrina social católica. Esta doctrina representa los cimientos de la libertad y la civilización, una importante contribución a la sociedad occidental actual para crear una sociedad próspera que reconozca los derechos y la dignidad que Dios otorgó a todas las personas.