Violencia sexual y femi(ni)cidio

Patricia Ravelo Blancas y Héctor Domínguez (México), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas)

Género y sexualidad

Violencia sexual. Se produce violencia sexual cuando se obliga a las personas a tener relaciones sexuales

indeseables. Se trata de un acto consciente o inconsciente ejecutado por una o varias personas de cualquier sexo, por lo general hombres, contra la voluntad de otra para agredirla, amenazarla, humillarla, golpearla, excluirla y forzarla a participar en cualquier acto que se considere sexual, utilizando diversas partes de su cuerpo y de sus órganos sexuales. La violencia sexual no se reduce exclusivamente a lo objetivo y visible, sino también a todo tipo de representaciones –palabras, miradas, gestos, actitudes o exhibición de artefactos– cuya connotación sexual resulte agresiva contra sus receptores, mujeres u hombres. La violencia sexual, como las otras violencias (a saber, la emocional, la física y la económica), también se reproduce con sus particularidades en poblaciones diversas, no solo en las femeninas. Sin embargo, en términos sociales y culturales, el rasgo que sobresale en cualquier época y región es el que las mujeres sean las más afectadas y expuestas, debido al carácter patriarcal que históricamente estructura a la sociedad.

Femicidio. Diana E. H. Russell (1992) usó por primera vez el término femicidio (femicide en inglés) en un testimonio ante la Corte Internacional acerca de los asesinatos misóginos en 1976. Diana Russell y Jill Radford, en el libro Femicide: the Politics of Women Killing, definen este término como el asesinato misógino cometido por hombres contra mujeres. Como podemos ver, desde su origen, el concepto de femicidio está asociado estrechamente al de misoginia. En efecto, es su manifestación extrema. Para Radford, femicidio es una forma de violencia sexual, se entiende como el uso del sexo de los hombres para expresar su deseo de poder, dominio y control. Russell y Radford dan por sentado que la violencia sexual se ejerce desde los hombres contra las mujeres y que su expresión máxima es el asesinato de la mujer, con el cual se produce una estrategia de mantenimiento del control patriarcal. Subrayar el concepto de misoginia como fundamental para definir el femicidio permite a estas autoras establecer un significado político al hecho de la muerte de las mujeres por parte de los hombres, en oposición a la creencia generalizada de que el asesino de una mujer es una bestia que carece de humanidad (lo que la crítica feminista señala como equivalente a masculinidad en el discurso patriarcal).

Feminicidio, ética y derechos humanos. El concepto de femicidio va a ser resignificado por M. Lagarde con el nombre de feminicidio, el cual para esta autora “... es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres...” (Lagarde, 2005). Lagarde coincide con Russell y Radford en señalar que esta opresión de

la mujer es una manifestación sistemática del patriarcado. Al introducir el concepto de feminicidio dentro del ámbito de los derechos humanos, esta autora enfatiza en el aspecto de la exclusión social. Esto significa que el feminicidio pasa a formar parte del discurso jurídico y de las políticas sociales, que implican lo público y lo privado. Esto es, al producirse el feminicidio, se está cometiendo un delito más complejo que el mero asesinato, porque incluye la exclusión social de la mujer en los ámbitos sexual, económico y político. Lagarde concibe la autoría de feminicidio más allá del asesinato. La mayoría de las formas de comunicación social (radio, televisión, cine, prensa, videos, Internet, y toda clase de espectáculos), las instituciones y otros factores estructurales como la economía y la educación, establecen los marcos que propician y reproducen en determinados contextos sociales este hecho delictivo. Esta atención al ámbito contextual lo vamos a encontrar también en lo que Julia Monárrez (2000) ha escrito sobre este problema. El feminicidio se define entonces como el acto de matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Este acto va más allá de la privación de la vida de una persona, pues amenaza, lesiona o destruye los derechos civiles, sexuales, de salud, políticos, económicos y culturales de todas las mujeres. En este sentido el feminicidio, más

que un asunto criminológico debe entenderse como un asunto ético y político. El feminicidio implica no solo una agresión contra el género femenino, sino que yuxtapone diversos rasgos de identidad como clase, raza, etnia y edad. El exterminio de las mujeres se ubica desde estas intersecciones en una dimensión más amplia de exterminio de lo humano, puesto que este acto amenaza el sistema de valores morales, éticos, legales y políticos de una sociedad, por lo que el feminicidio debe considerarse como un atentado contra la ciudadanía y, por tanto, contra la vida humana. El feminicidio, en suma, no es solamente un acto de violencia sexual, sino de extinción de las garantías de vida, de libertad, de seguridad y de justicia.

Referencias Jill Radford y Diana E. H. Russell. Femicide. The Politics of Woman Killing, New York Twayne Publisexualidad humanaers, 1992. - Marcela Lagarde. Por la vida y la libertad de las mujeres, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. 1er. Informe Sustantivo de Actividades, México, 14 de abril 2004 al 14 de abril 2005. 1ª edición, 2005. - Julia Monárrez. La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999, en Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Norte, vol. 12, núm. 23, enero-junio, 2000, pp. 87-118.

L

a noción actual de globalización tiene sus principales antecedentes históricos en el reordenamiento que siguió a la Segunda Guerra Mundial. El Código de Nuremberg (1947) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) expresaron el consenso moral de la posguerra que había sido precedido por el consenso político y militar de la Declaración de las Naciones Unidas firmada el 1 de enero de 1942 por 26 estados aliados y de la Conferencia de Dumbarton Oaks de 1944 en la que Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China formularon las bases de una organización permanente. Dos cuestiones distanciaban entonces a Estados Unidos y el Reino Unido de la Unión Soviética: el sistema de veto en el Consejo de Seguridad y la representación en la Asamblea General de cada una de las repúblicas soviéticas. Estas cuestiones fueron resueltas entre Roosevelt, Churchill y Stalin en Yalta y permitieron llegar a la Conferencia de San Francisco del 25 de abril de 1945 en la que participaron 46 países que habían adherido a la Declaración de las Naciones Unidas y otros 5 países que fueron admitidos a participar de la misma elevando así a 51 el número de miembros fundacionales, de los cuales 20 pertenecían a América Latina. Ya entonces emergieron controversias hoy reactualizadas, relativas a la jurisdicción nacional o a la protección internacional de los derechos humanos y la promoción del bienestar económico y social, y al poder dominante de las principales potencias o a un poder más igualitario entre los Estados. Este consenso político para la paz y la seguridad en el mundo fue acompañado de un consenso económico establecido en 1944 en la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods en la que 44 Estados, incluida la Unión Soviética, trazaron los proyectos para el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y para el Fondo Monetario Internacional (FMI). El papel de John Maynard Keynes y sus teorías del pleno empleo para el desarrollo económico, aún siendo importantes en Bretton Woods, no impidieron que en el FMI se impusieran las teorías ortodoxas del Tesoro de Estados Unidos, cuyo ideario abriría paso cuarenta años después y ante un nuevo mapa político del mundo a la reformulación económica del Consenso de Washington.

La globalización del neoliberalismo. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la reunificación de las dos Alemanias en 1990 son dos de los símbolos mayores del nuevo ordenamiento político del mundo después del que siguiera a la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de la Unión Soviética y de los estados socialistas supuso una globalización

política, militar y económica del liberalismo. La integración política de las antiguas repúblicas soviéticas a la Comunidad Europea y la integración militar al Tratado del Atlántico Norte dibujaron el mapa internacional de los nuevos acuerdos. La temprana reformulación económica que acompañó a estos reordenamientos fue postulada por John Williamson en 1990 en lo que se ha dado en llamar el Consenso de Washington, donde Washington significaba el complejo político-económico-intelectual integrado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y por el Congreso, la Reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los grupos de expertos de Estados Unidos. El Consenso implicaba, entre diez instrumentos, los acuerdos en privatizaciones, liberalización comercial y financiera, desregulaciones, garantías de los derechos de propiedad y apertura a inversiones extranjeras directas. Durante la década de los noventa, este modelo se aplicaría sobre todo y con distintos matices en la región de América Latina. Su principal y definitivo problema era que en él quedaba prácticamente excluido el tema de la equidad, siendo América Latina el continente más desigual del planeta donde el ingreso per cápita del 20% más rico resultaba ser 18,7 veces mayor que el ingreso per cápita del 20% más pobre cuando la media mundial era de 7,1. Williamson explicaba la exclusión directa de los problemas de equidad diciendo que su pretensión era elaborar una lista positiva más que una lista normativa y que deliberadamente había excluido de la lista cuanto fuera básicamente redistributivo porque pensaba que el Washington de los años ochenta era una ciudad muy desdeñosa con las preocupaciones sobre la igualdad. Sin embargo, los argumentos de Williamson mostraban una ambigüedad en el uso del término ‘Washington’, ya que varias de las instituciones mencionadas en el Consenso no se mostraban enteramente de acuerdo con algunos de los diez puntos centrales señalados como comunes. Esto mostró que Williamson había pretendido formular un paradigma de política económica a partir del ‘posible acuerdo’ entre los poderes fácticos que podían dictarlo. Este modo pragmático de argumentación lo aplicarían algunos filósofos y bioeticistas al análisis de la realidad de la vida y la salud. El primero y más importante fue Richard Rorty al sostener que una filosofía típicamente norteamericana, como el pragmatismo, quería librarse de la noción incondicional de derechos humanos del tipo de la defendida por la Declaración de Helsinki y sustituir la pretensión de conocimiento moral por la búsqueda de acuerdos o consensos.

La bioética ante la globalización. La reformulación política, militar y económica del mundo, con la globalización de los intercambios económicos y culturales, supuso un nuevo consenso fáctico. Pero en la medida en que esa nueva realidad implicaba de hecho una minimización del papel de los Estados nacionales en las cuestiones sociales y una subordinación de la soberanía de las regulaciones políticas a la lógica de dominio de un conjunto de organismos nacionales de los países más poderosos –unidos o dominando deliberadamente organismos supranacionales para ese dominio–, esa nueva realidad fáctica comenzó a producir nuevos discursos para interpretar el mundo (v. Globalización y progreso humano). La bioética había nacido como un poderoso campo interpretativo del desarrollo científico-tecnológico estrechamente vinculado al orden moral de los derechos humanos. El nuevo consenso presuponía, sin embargo, que la salud no era un derecho humano básico sino una variable dependiente del margen de sustentabilidad económica y que esta a su vez debía fundarse en la liberalización de la economía. Los estragos de esta concepción llevaron a la pobreza a más del 50% de la población de América Latina (v. Globalización y mercado de la alimentación). ¿Qué pasó con el discurso de la bioética ante el nuevo mundo de esta globalización? En el caso de algunos especialistas, sobre todo del área angloamericana, seguidos por algunos especialistas de otras áreas del mundo, se produjeron fuertes movimientos para ocupar la conducción de foros internacionales de discusión o para generar esos foros con la pretensión de trazar las líneas normativas de un discurso bioético global: el asedio a la Declaración de Helsinki, los Informes de la Comisión Nacional de Bioética de los Estados Unidos y del Consejo Nuffield del Reino Unido, el Proyecto Educativo Global del Centro Fogarty, la posición de la FDA, la revisión de las Pautas CIOMS-OMS, y los intentos de la Organización Mundial de Comercio de convertir la salud en un servicio fueron algunos ejemplos de esa tendencia. Pero más allá de estos aspectos estratégicos, la pregunta que cabía era ¿qué concepción de la bioética animaba estos movimientos?

La bioética latinoamericana ante el Nuevo Orden Mundial. Entre 1990 y 2000 transcurrió una década