Embarazo en la adolescencia

Mónica Gogna (Argentina), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet)

Salud reproductiva

Surgimiento de la problemática. En los años setenta en Europa y Estados Unidos, y una década después en nuestra región, el embarazo en la adolescencia se convirtió en objeto de investigación de las ciencias biomédicas, la demografía, las ciencias sociales y la psicología. En su clásico artículo sobre México, Stern y García listan “los elementos principales que convergen para que este fenómeno haya surgido como un ‘problema social’ ” (Stern y García, 2001). Entre otros, el crecimiento absoluto y relativo de la población adolescente, la menor disminución de la fecundidad de las adolescentes comparada con la de las mujeres adultas, la creciente medicalización del embarazo y el mayor acceso de la población de los sectores populares a los servicios de salud, los cambios sociales y culturales que modificaron el contexto normativo en el que ocurren los embarazos tempranos. Asimismo, como consecuencia del avance de los movimientos feministas, comenzó a registrarse una creciente preocupación social por ampliar las oportunidades educativas y laborales de las jóvenes, las que pueden verse afectadas por una maternidad a edad temprana. La preocupación de la salud pública por la denominada “epidemia” de adolescentes embarazadas también encubre la preocupación por una sexualidad “femenina y joven, que parece haber escapado al control social” (Pantelides, 2004).

La perspectiva tradicional. La construcción que se hizo del fenómeno ha tendido a parcializarlo, planteándolo básicamente desde la salud pública como un problema de morbimortalidad maternoinfantil; desde las políticas públicas, como un factor importante del crecimiento poblacional, y desde un enfoque tradicional de la psicología, como una conducta que sale de la norma. Otro de los argumentos esgrimidos es que constituye un “mecanismo de transmisión de la pobreza”. Sin embargo, ya a fines de la década de los setenta, resultados de investigación indicaban que los riesgos de salud para las madres adolescentes y sus hijos provenían en gran medida de las deficiencias nutricionales y la falta de atención médica y/o de conductas de autocuidado, que con frecuencia entraña la vida en condiciones de pobreza, y no de la edad de las madres per se. Una revisión actualizada de la literatura biomédica indica que es solo a edades muy tempranas (alrededor de los 13-14 años) cuando un embarazo constituye un riesgo en términos biológicos (Portnoy, 2005). Asimismo, diversos autores han señalado que el hecho de que el embarazo temprano se encuentre frecuentemente asociado con la pobreza no implica que este determine su aparición ni que, por sí mismo, la perpetúe. Más bien, debería considerarse el contexto de la pobreza y la falta de oportunidades como “causa” del embarazo en la adolescencia y no como su “consecuencia”. Stern y García (2001) fundamentan con precisión este razonamiento: “La pobreza casi siempre está asociada con condiciones de vida que obstaculizan la salud y nutrición adecuada de los hijos, su asistencia continua a la escuela, su aprovechamiento y permanencia en ella, así como el acceso a ocupaciones estables y a posiciones ocupacionales que permitan un ingreso estable y suficiente. Por más que lo establezca la legislación, los derechos universales a la educación, salud, trabajo, seguridad social, etcétera, van muy desigualmente acompañados de las oportunidades para hacerlos efectivos. Ni qué decir de otros elementos directamente vinculados con el embarazo adolescente, tales como la educación sexual y los derechos reproductivos, la igualdad del varón y la mujer, la no discriminación contra esta última, argumentos ahora tan en boga a partir de las conferencias de El Cairo y Beijing”.

Parafraseando a Irvine (1998), lo que es “demonizado” en la visión tradicional es el embarazo adolescente, no la pobreza, el racismo o el abuso sexual del cual son víctimas muchas adolescentes. Frente a la postura que caracteriza el embarazo en la adolescencia como “problema” sin cuestionar las estructuras de desigualdad y los procesos de vulnerabilización que afectan a adolescentes y jóvenes, se alzan, desde hace tiempo, voces alternativas. Ellas alertan acerca de los sesgos que entraña la visión que aún resulta hegemónica en muchos

ambientes. Primero, no refleja adecuadamente la realidad de los diversos conjuntos sociales. Segundo, conlleva como efecto secundario la victimización o culpabilización de los grupos subalternos sin proponer una solución realista a la exclusión social en la que viven. Tercero, “diluye” las responsabilidades de los adultos y simplifica las respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias que implicaría un abordaje integral.

Un abordaje integral con perspectiva de derechos. Las visiones “contrahegemónicas” postulan que es necesario contextualizar la problemática y definir desde qué perspectiva y para quiénes el embarazo en la adolescencia constituye un problema y de qué naturaleza es el mismo. En otras palabras, es necesario considerar la diversidad de situaciones que engloba el término embarazo adolescente pues ello permite identificar prioridades en términos de políticas públicas y también diseñar acciones específicas conforme a las necesidades de diferentes grupos de adolescentes. Así, es sabido que muchos embarazos, en especial entre las jóvenes de menor edad, son producto de relaciones sexuales no consentidas (violación, coerción sexual). En otros casos, la ausencia de educación sexual y de servicios de salud amigables y/o las desigualdades de poder entre varones y mujeres dificultan la adopción de conductas anticonceptivas o afectan su eficacia. A veces, el embarazo es buscado o bienvenido. Las visiones alternativas sostienen que es necesario conocer la perspectiva de las y los adolescentes, incluir actores sociales involucrados que han sido poco estudiados (los varones, los agentes de educación y salud) y considerar el impacto a largo plazo de la maternidad/paternidad adolescente. Basándose en hallazgos de investigación, diversos autores postulan que –aun en condiciones de fragilidad social– la maternidad y la paternidad en la adolescencia adquieren muchas veces un sentido positivo (reconocimiento, reafirmación de identidad, mayor autonomía, mejoramiento de acceso a recursos, etc.). Proponemos entonces acercarse a la cuestión desde el enfoque de la vulnerabilidad social. Originariamente aplicado en el campo de los Derechos Humanos, este concepto tenía por objetivo caracterizar sectores de la población que vivían en condiciones de gran fragilidad, ya fuera desde la perspectiva jurídica o política, teniendo como telón de fondo la ausencia de sus derechos de ciudadanía. Con el tiempo, pasó a ser empleado en el campo de la salud, en particular por los investigadores preocupados por la expansión desigual de la epidemia del VIH/sida. Esta nueva comprensión sobre los sentidos de los problemas de salud permitió también el pasaje hacia un nuevo espectro de estudios, acciones y políticas. La vulnerabilidad puede ser resumida “como ese

movimiento de considerar la posibilidad de exposición de las personas a la enfermedad [al embarazo, en este caso] como la resultante de un conjunto de aspectos no sólo individuales sino también colectivos, contextuales, que acarrean mayor susceptibilidad […] y, de modo inseparable, mayor o menor disponibilidad de recursos de todos los órdenes para protegerse” (Ayres, 1998). Esta perspectiva de análisis involucra tres grandes dimensiones: el componente individual, el social y el programático. El componente individual refiere a la información a la cual los individuos tienen acceso, a su capacidad de elaborarla y a la posibilidad de transformarla en prácticas efectivas. El componente social indica que la recepción y metabolización de la información y la posibilidad de transformar comportamientos dependen de cómo y con qué inversión de recursos la sociedad se organiza para “ofrecer condiciones para operar en el mundo” a un determinado grupo social. Entre estas condiciones se encuentran el nivel de escolaridad, los recursos personales y materiales, el poder político, el acceso a los medios de comunicación de masas, etc. Por último, el componente programático o político-institucional remite a los esfuerzos programáticos volcados al ofrecimiento de condiciones para que los individuos puedan ejercer sus derechos. Tanto los diagnósticos como el diseño de las intervenciones destinadas a dar respuesta a las problemáticas sociales deberían tomar en cuenta estos tres componentes para así generar propuestas que ofrezcan respuestas sociales efectivas y equitativas. Concretamente, la reducción de la vulnerabilidad requiere “una activa y genuina preocupación de las comunidades implicadas con los problemas en cuestión, y la construcción solidaria y sustentada de formas realistas y efectivas para superarlos” (Ayres, 1998).

Referencias José Ricardo Ayres et ál. “Vulnerabilidade do Adolescente ao HIV/AIDS”, en E. M. Vieira, M. E. L. Fernandes, P. Bailey y A. MacKay (orgs.), Seminário Gravidez na adolescência, Río de Janeiro, Associação Saúde da Família, 1998. - Janice Irvine. “Cultural difference and adolescent sexualities”, en J. M. Irvine (ed.), Sexual Cultures and the Construction of adolescent identities, Filadelfia, Temple University Press, 1998, pp. 3-28. - Edith Alejandra Pantelides. “Aspectos sociales del embarazo y la fecundidad adolescente en América Latina”, en Celade y Université Paris X Nanterre, La fecundidad en América Latina y el Caribe: ¿Transición o revolución?, Santiago de Chile, Celade y UPX, 2004, pp. 167-182. - Fabián Portnoy. “El embarazo en la adolescencia y los riesgos perinatales”, en M. Gogna (Coord.), Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas, Buenos Aires, Cedes-Unicef, 2005, pp. 67-76. - Claudio Stern, Elizabeth García. “Hacia un nuevo enfoque en el campo del embarazo adolescente”, en C. Stern, J. G. Figueroa (Comps.), Sexualidad y salud reproductiva. Avances y retos para la investigación, México, El Colegio de México, 2001.