Discapacidad

Carlos Eroles (Argentina), Universidad de Buenos Aires

Sociedad

La invisibilidad: una cuestión de Derechos Humanos. Entendemos por discapacidad una situación de desventaja originada en causas físicas o psíquicas, que limitan el funcionamiento en sociedad de las personas. Sin embargo, estas circunstancias desfavorables pueden revertirse, total o parcialmente, si las personas con discapacidad pueden contar con los apoyos culturales, psíquicos, comunicacionales y físicos necesarios para lograr una mejor calidad de vida y superar los obstáculos que impiden su desempeño adecuado en el transporte, la educación, los servicios de salud, el trabajo, la universidad, el deporte, el arte o cualquier otro ámbito de realización humana. El desarrollo de este concepto de discapacidad evita hacer referencia a ella, en oposición a un presunto concepto de “normalidad psicofísica”, como lo hacen algunas normas con vigencia en Argentina (Ley 22.431, Ley 25.280). Debe cuestionarse este concepto de normalidad, que es muy difícil de definir en el campo social y que no puede reducirse al campo de las diferencias existentes entre las personas

“integradas“ en la sociedad y las personas con discapacidad. También se rechaza, por considerarlo inadecuado, apelar a denominaciones curiosas que, en algún caso, han sido elegidas por la Constitución y la legislación vigente, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellas son nominadas allí como “personas con necesidades especiales” o “personas con capacidades diferentes”, que difícilmente resistirían una confrontación semántica. Muchos los consideran “conceptos cómplices” que intentan “invisibilizar” como diferentes a las personas con discapacidad. La discapacidad solamente puede ser hoy conceptualizada, de manera adecuada, desde el concepto de diversidad, entendido como el derecho de todos los seres humanos a ser reconocidos en su igualdad fundamental, que surge de su dignidad esencial, cualquiera sea su ideología, su origen étnico, su situación psicofísica, su género, su edad o su opción sexual. Es decir, de lo que se trata es de definir la discapacidad, no centrándose en las desventajas, sino en las posibilidades actuales y futuras de las personas que la afrontan, en cualquiera de sus perspectivas. Por ello, desde el punto de vista social y de Derechos Humanos, no importa tanto qué tipo de discapacidad se porta, sino la condición de persona igual en dignidad y derechos de todo discapacitado. En esta misma conceptualización, y discutiendo los modelos lanzados por la Organización Mundial de la Salud, resulta inconveniente aludir a las personas con discapacidad como “minusválidos”, dado que este término fue acuñado históricamente desde el mercado y es desde allí que se considera inválidas o minusválidas a las personas con discapacidad, es decir se les asigna un menor valor para el desarrollo de actividades productivas. Otro tanto ocurre con algunas categorías jurídicas que se refieren a estas personas como “incapaces”, concepto que hace referencia a su desempeño en la vida social y jurídica, menospreciando a este respecto todo lo que hace a una visión afectiva y a la dignidad humana de “todo el hombre y de todos los hombres”. En rigor, este tipo de conceptos no pueden reducirse al campo de una disciplina, sino que requieren una visión transdisciplinaria en su aplicación actual. Frente a la invisibilidad de las personas con discapacidad, develar significa hacer visible lo que está oculto. La mención viene a cuento por la lucha que han iniciado las organizaciones que integran lo que podría considerarse “un nuevo movimiento social” cuyo objetivo es romper con la naturalización de la invisibilidad y con el incumplimiento de la normativa vigente, que obstaculizan notoriamente el ejercicio de sus derechos a las personas con discapacidad. Por eso es bueno comprobar que las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales de

las instituciones dedicadas a una tarea asistencial participan y formulan demandas de justicia frente a la interrupción de prestaciones indispensables. La discapacidad es tanto una cuestión de Derechos Humanos como un tema que amerita su inclusión en la agenda pública. Es decir se trata de un tema político y una cuestión socialmente significativa, que las agencias públicas y las organizaciones no gubernamentales tienen el deber de sustentar. Alguien, en relación con la Convención de los Derechos del Niño, dijo: “Los niños son buenos para la democracia”, porque, al ser concebidos como sujetos de derecho, extienden el concepto de ciudadanía. Las personas con discapacidad también son buenas para transformar la democracia en participativa y firme en la defensa de los derechos de todos los seres humanos y en especial de los que tienen más dificultades o limitaciones. Se trata de construir juntos, para todos y todas, nuevos espacios de inserción y desarrollo humano.

Problemas de las personas con discapacidad. Los serios problemas que deben afrontar las personas con discapacidad plantean diversas cuestiones éticas. 1. Accesibilidad física: lo que tiene que ver con la ausencia de barreras arquitectónicas que obstaculicen o impidan la autonomía de las personas con discapacidad (motriz o baja talla) o movilidad reducida (teniendo en cuenta que hay muchas personas con movilidad reducida transitoriamente: embarazadas, traumatizados, etc.). 2. Accesibilidad sensorial: lo que tiene que ver con el respeto a las diferencias de aquellas personas que por problemas de visión o audición requieren una comunicación especial (señas, braille) o señales (carteles escritos, luces o sonido, según los casos). 3. Accesibilidad cultural: lo que requiere la superación de aquellas actitudes o prejuicios que limitan las posibilidades reales de ejercicio de la ciudadanía por parte de las personas con discapacidad. Tal el caso de la discriminación, quizás el obstáculo más serio que afronta el colectivo de la discapacidad, por su práctica extensión y presencia en todas las esferas de la vida social. La utilización de términos que definen algunas discapacidades, como expresión insultante y peyorativa (mongólico, ciego, sordo, rengo, etc.); el rechazo al contacto con las personas con discapacidad, así como a su inserción educativa o laboral; la invisibilidad, casual o deliberada, para “evitar” a la persona con discapacidad o la actitud de indiferencia a su respecto; el paternalismo o el trato conmiserativo, que rompe la igualdad, son algunas de las formas de discriminación más frecuentes. 4. Accesibilidad al ejercicio pleno de los derechos: este es un problema común para muchos sectores sociales privados del ejercicio de sus derechos por incumplimiento de la ley o por diversos obstáculos culturales que dificultan o

impiden el acceso. 5. Trabajo: ha surgido una discrepancia notoria en relación con el trabajo de las personas con discapacidad en condiciones de trabajar. Para muchas organizaciones no gubernamentales más del 90% de las personas con discapacidad en condiciones de trabajar carecen de trabajo. Sin embargo, la Encuesta Nacional sobre Discapacidad, del año 2004, estima esta cifra en alrededor de un 13%, guarismo menor que el de la desocupación del resto de los trabajadores. Hay muchos motivos para objetar esta cifra. El “error” cometido por el Indec y el comité asesor que validó la encuesta debe atribuirse a estimar el mismo tipo de comportamiento en las personas con discapacidad que en el resto de los trabajadores. El tema exige un análisis serio y objetivo que permita descubrir las razones de lo que constituye un evidente error. Las causas más frecuentes de desocupación entre las personas con discapacidad serían: prejuicio de empleadores privados, incumplimiento del cupo establecido por la ley (4%) por parte de las agencias públicas, incomprensión de los funcionarios públicos, falta de reglamentación de la ley 25.689, que extiende a las empresas privatizadas y concesionarias de servicios públicos el cupo del 4% para personas con discapacidad, inadecuación de las condiciones de trabajo, falta de transporte adecuado. 6. Educación: no se ha avanzado en materia de educación inclusiva, por prejuicio, falta de infraestructura adecuada, falta de auxiliares y de docentes integradores. Algunos autores señalan como un problema lo que llaman una excesiva estratificación de la enseñanza especial, lo que llevaría a una situación de aislamiento a quienes participan en ella. Otros problemas que afectan a las personas con discapacidad son: la falta de transporte adecuado y el prejuicio de las otras familias y de la propia familia respecto de la aceptación de chicos con discapacidad en las escuelas. 7. Salud: en relación con los servicios de salud, hay una cantidad de obstáculos y barreras que limitan la accesibilidad, tales como la insuficiencia de los servicios de rehabilitación, su inadecuada distribución geográfica, la irresponsabilidad de muchas obras sociales que niegan prestaciones establecidas legalmente; el predominio del modelo médico sobre el modelo social y, finalmente, la existencia de problemas en la entrega gratuita de medicamentos para ciertas afecciones propias de la discapacidad. 8. Discapacidad y pobreza: la discapacidad unida a la pobreza y a la exclusión social se torna un problema difícil de afrontar. Puede ser considerada una de las causas principales de la exclusión social. Cuando la discapacidad está asociada a la pobreza, generalmente se profundiza la situación de carencia de recursos para garantizar una rehabilitación, una educación y una calidad de vida adecuadas. Una

de las barreras principales que afectan a las familias es su desinformación sobre las posibilidades abiertas para el tratamiento de las personas con discapacidad. 9. Situación marginal de la Conadis: la Comisión Nacional para la Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis) debería ser el organismo rector en materia de políticas públicas para la promoción humana y social de las personas con discapacidad. Sin embargo, presenta fuertes obstáculos en su labor, en parte fruto de un desconocimiento de muchas áreas del Estado respecto de la significación y relevancia de la comisión, en parte por la actitud de algunos sectores de gobierno que manifiestan su desacuerdo con las autoridades de la Conadis, sin aportar ni a su fortalecimiento ni a la renovación del organismo.

Referencia Carlos Eroles, Carlos Ferreres (comps.). La discapacidad: una cuestión de Derechos Humanos, Buenos Aires, Espacio Editorial, 2002.