Defensoría del Pueblo (Nacionales)

Eduardo Mondino (Argentina), Defensor del Pueblo de la Nación

Justicia y derechos humanos › Sistema de Derechos Humanos

Orígenes del ombudsman. La institución del ombudsman, también conocida como Defensor del Pueblo, Procurador de los Derechos Humanos, Procurador de los Derechos del Ciudadano, Comisionado del Parlamento, Proveedor de Justicia, etc., encuentra su origen en el ordenamiento jurídico sueco en la Constitución de 1809, que incorporó la figura como representante del Parlamento, con la función de velar por el cumplimiento de la ley y de proteger a los ciudadanos en su relación con el poder administrador. Durante el siglo XX la figura del ombudsman se difundió por el mundo. En una primera etapa fue incorporada por los ordenamientos jurídicos de otros países nórdicos: Finlandia (1919), Dinamarca (1953) y Noruega (1962). Finalmente, su anclaje constitucional en el régimen danés fue lo que concitó el interés por la institución en el nivel internacional. El ombudsman –adaptado según las necesidades propias de cada país– tuvo amplia aceptación en otros países de Europa y el mundo anglosajón a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo de ello son Nueva Zelanda (1962), Reino Unido (1967), Tanzania (1968), Israel (1971), Francia (1973), Portugal (1975), Austria (1971), España (1978) y los Países Bajos (1981). Algunos tienen la calidad de nacionales y otros son municipales, regionales, provinciales e inclusive sectoriales. El momento clave en la evolución de la institución fue su incorporación al régimen portugués en 1975 y al español en 1978, pues a partir de ese entonces el ombudsman tuvo a su cargo la defensa de los derechos humanos y se replicó en los sistemas jurídico-políticos de América Latina y el Caribe. En 1995 se creó el Defensor del Pueblo Europeo, elegido por el Parlamento Europeo, quien investiga las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión Europea. Entre estas instituciones se incluyen la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

Las Defensorías del Pueblo en América Latina. En la región latinoamericana fueron surgiendo paulatinamente las Oficinas de Ombudsman en Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bermuda, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá,

Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Venezuela, cuyas características más salientes son las que se detallan a continuación. En Antigua y Barbuda, los dos Parlamentos eligen al ombudsman y una resolución fija el tiempo de su mandato. Su Oficina trabaja en forma independiente de la magistratura y del director de Juicios Públicos y entrega recomendaciones al gobierno, conforme las investigaciones de las quejas presentadas por los ciudadanos. En Barbados, el ombudsman se creó en 1981. Sus funciones son investigar y presentar informes sobre las denuncias de conducta administrativa impropia, arbitraria o inadecuada. Normalmente, no puede investigar un caso en que el querellante disponga de otros medios legales para obtener reparación. En Brasil, en marzo de 1991 se creó la primera Ouvidoria Estadual en el Estado de Paraná. En febrero de 2003, con el propósito de tornar más transparante el ejercicio funcional del agente público, fue creada la Secretaria Especial de Corregedoria e Ouvidoria do Estado do Paraná, ampliando sus atribuciones, las que también se extenderían a realizar inspecciones y procedimientos en curso en la Adminsitración Pública del Poder Ejecutivo de dicho Estado. En Colombia, la Defensoría del Pueblo se creó en 1992, con el objetivo de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. Es atribución del Defensor difundir el conocimiento de la Constitución Política de Colombia, en especial los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente. En Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos es un Comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. En Guyana, el ombudsman (Comisionado) actúa como una alternativa gratuita y directa de mediación entre el Estado y el ciudadano. Su misión es promover la seguridad y la integridad de todos los habitantes del país. En Jamaica, la Oficina de Defensoría Pública se aprobó en 1999. Está integrada por un comité parlamentario cuyo rol principal es investigar imputaciones sobre injusticias o violaciones a la Constitución cometidas por entidades gubernamentales en contra de la ciudadanía. En México, en 1990 nació una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, elevada en 1992 a rango constitucional. En 1999 dicho organismo nacional se constituyó en una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria. En Panamá, se promulgó la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, por la cual se creó la Defensoría del Pueblo. La misma está facultada para inquirir sobre actos, hechos u omisiones de la administración pública (incluso gobiernos locales y fuerza

pública) que pudiesen haberse realizado irregularmente; investigar y denunciar hechos, actos u omisiones de las empresas públicas, mixtas o privadas, personas naturales o jurídicas, que desarrollen un servicio público por concesión o autorización administrativa; recomendar anteproyectos de ley, atender situaciones que afecten los derechos humanos y promover, ante la autoridad respectiva, que se subsanen las condiciones existentes. En Perú, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993. Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. En Venezuela, a partir del proceso electoral de 1998, y con el referendo del pueblo, la Constitución concibe una estructura de cinco poderes públicos, entre ellos el Poder Ciudadano, con la Defensoría del Pueblo como uno de sus tres componentes. En general, la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. En la República Argentina, si bien el ombudsman nació a través de la Ley 24284, la figura fue incluida en el rango constitucional en el proceso de reforma de 1994. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes, así como el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. A tal efecto, puede realizar investigaciones conducentes al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública y sus agentes, ante violaciones a los derechos humanos y el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluidos aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos. Asimismo, tiene legitimación procesal.

La defensa de los derechos humanos y la democracia. En la actualidad podemos apreciar que la región asiste al robustecimiento de la institución del Defensor del Pueblo, lo cual se expresa en su instalación como baluarte de la defensa de los derechos humanos y su reconocimiento en las instituciones restantes y en el seno de la sociedad. No puede dejar de destacarse que la relevancia institucional que han adquirido los Defensores del Pueblo nacionales tiene su correlato inmediato en su organización regional e internacional, lo cual hace factible la permanente articulación apta para el intercambio y el enlace de ideas, acciones y dinámicas, y para la protección de la vigencia de las instituciones democráticas. En 1994, a instancias del Defensor español, se promovió la creación de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO).

Esta organización, fundada con el objetivo de la promoción y fortalecimiento de la figura del ombudsman en toda la región latinoamericana, muestra una gran vitalidad y se ha hecho presente en todos los foros y reuniones internacionales dedicados a la implantación y generalización de los Derechos Humanos. Reúne a quince instituciones nacionales de Latinoamérica (Argentina, Honduras, Brasil (Paraná), México, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Perú, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala), a tres de la Península Ibérica (España, Portugal y Andorra) y a más de sesenta y cinco Defensorías estatales y municipales. El Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), creado en 1978, es una organización internacional de Oficinas de Ombudsman. Se creó como una organización sin fines de lucro conforme a la Ley de Sociedades de Canadá; como tal, tiene rango de persona física legal. Los miembros con derecho a voto son las oficinas de ombudsman independientes del sector público ubicadas alrededor del mundo.