Comunidades campesinas

Javier Luna Orozco (Bolivia), Comité Nacional de Bioética

América Latina › Comunidad y contexto

Naturaleza, comunidades campesinas y sobrevivencia humana. Una vez que el hombre estuvo preparado para dejar de ser trashumante en pos de condiciones fluctuantes de sobrevivencia, identificando lugares propicios que le ofrecían seguridad alimentaria, con el cultivo de la tierra y la crianza de animales, se dio lugar a los primeros grupos sedentarios que, al estar vinculados en torno al interés común de un determinado “campo” de tierra fértil, originaron de facto las primeras comunidades campesinas o agrarias. Dichas comunidades se transformarían inicialmente en Ciudades-Estado con sus respectivos territorios de influencia, combinándose más tarde ambas realidades existenciales, citadina y rural, cada una con sus propias características. Se destaca entonces que este proceso se gestó a partir de la tierra, resultando inconcebible la sobrevivencia humana si no se diera, simultáneamente, la sobrevivencia de aquella, con su expresión polifacética y maravillosa: la naturaleza. Ello es causa de enorme y justificada preocupación de la bioética ecológica o macrobioética, porque el hombre “civilizado” contemporáneo, atribuyéndose la potestad de “amo y señor de la creación”, la recrea, la transforma, o descubre sus más profundas intimidades, atentando permanentemente contra ella.

La organización social comunitaria de los pueblos originarios en América. La tierra fue el eje central de las grandes civilizaciones americanas, apropiadamente llamadas por esto telúrico-cosmogónicas, desde la olmeca, maya o mixteca, pasando por la azteca, chibcha, chavin, paracas, mochica, icanazca, chimu y la más desarrollada del período preincaico, cual fue la de Tiahuanaco, hasta la quechua – inca del Tahuantinsuyo (la de los cuatro reinos o suyos) –que, incluyendo a Ecuador, Perú y Bolivia, se extendió desde el Sur de Colombia hasta el río Maule, en el centro de Chile, y Cuyo y Tucumán en la Argentina. Es interesante señalar la similitud de los sistemas sociales comunitarios y el manejo del territorio que se dio entre los aztecas y los incas. También es importante considerar a los pueblos indígenas en sus relaciones económicas y sociales con las que pudieron mantener sistemas milenarios de equilibrio entre sus poblaciones y la naturaleza. Un ejemplo de ello fueron las ingeniosas chinampas aztecas, tierra cultivable puesta en grandes cestas de mimbre fijadas al fondo de los lagos, o las terrazas de cultivo de los suka kollu andinos que, al estar dispuestas en diferentes alturas de pisos ecológicos permitían técnicas hidráulicas eficientes de bajo impacto en el equilibrio ecológico de la zona. Tanto los calpulli de los aztecas, como los ayllus de los incas, fueron comunidades de habitantes que, en el caso quechua, se establecían en un área o lugar territorial denominado marca, a partir del cual se cumplía el trabajo comunitario del ayni para la producción agrícola, regadíos, construcción de caminos, retribución de las cosas dadas en calidad de obsequio, y prestación de servicios solidarios y recíprocos; o de la mita, que exigía turnos de trabajo y relevo obligatorios para el laboreo de las minas y las construcciones. Ningún individuo tenía tierras para usufructo personal y el beneficio colectivo resultaba del aporte que cada quien hacía para el conjunto, lo cual nos recuerda páginas de la Utopía de Tomás Moro y no fue pasado por alto por muchos analistas del presunto socialismo o comunismo del imperio quechua. Son referentes permanentes sobre el tema los que acertadamente citan José Antonio Arze en Sociografía del incario, el alemán Federico Engels con su obra Origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado; el francés Louis Baudin en L’ Empire Socialiste des Inka; el belga M. Georges Rouma en La civilisation des Inkas et leur Comunisme Autocratique; los peruanos José Carlos Mariátegui en sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Víctor Raúl Haya de la Torre en Antiimperialismo y el APRA y Víctor Basadre en Historia del derecho peruano; los bolivianos Bautista Saavedra en Ayllu y Rafael Reyeros en Caquiaviri y el Pongueaje; el argentino Arturo Capdevila en Los Hijos del Sol, y el

ecuatoriano Pío Jaramillo Alvarado en El indio ecuatoriano; aparte de los muchos cronistas, entre los cuales destacan Garcilazo de la Vega, Cieza de León y Guamán Poma de Ayala.

La destrucción de las sociedades originarias por la conquista. No obstante, la conquista desestructuró toda esa organización social comunitaria, y no estuvo inspirada en sentimientos de solidaridad y desarrollo hacia las nuevas tierras y sus gentes; por el contrario, según lo afirma Thorstein Veblen, fue una empresa de rapiña, atizada e inflamada por el fanatismo religioso y la vanidad heroica. El conquistador, adiestrado en el arte de la guerra, por ser esta un hecho continuo en la historia de Occidente, se impuso por la violencia y la muerte, frente a grupos humanos de mayor o menor desarrollo; los últimos, menos organizados, pero quizá más aguerridos y por eso mismo más rápidamente diezmados, al oponer una resistencia bélica en notable desigualdad de condiciones, cediendo el paso, casi por completo, a otro habitante de raza diferente y, por tanto, portador de cultura, lengua y religión también diferentes. Para el caso del imperio incaico, el conquistador, más que imponerse se estableció, y no tanto por la violencia de la guerra, que no fue en extremo necesaria, cuanto por el pasmo inicial que causó su insólita presencia ante una sociedad pacífica y civilizada; una sociedad con reglas de vida y costumbres distintas, estructura de Estado, edificios urbanos, religión articulada y técnicas avanzadas para el trabajo de la tierra que hicieron de ella la más progresista sociedad agrícola del continente. Al resultar imposible aniquilar o someter de un golpe tal sociedad, cuya población alcanzaba los doce millones de habitantes, el drama surgió después, cuando con el asentamiento del conquistador se dio inicio a la destrucción del imperio, desarticulando sus cuadros sociales, interrumpiendo su tradición agrícola, imponiéndole con la cruz y la espada una nueva fe y, peor aún, sometiendo a sus habitantes con los métodos que ellos mismos habían aplicado para construir su civilización y cultura, como fue el caso de la mita para la explotación de las minas, a más de los impuestos por los españoles, como los repartimientos, las encomiendas y el postillonaje.

De la explotación del campesinado indígena al hambre y la desnutrición. Con este dramático cambio, el trabajo de la tierra fue descuidado y dejó de obedecer a un sistema de producción y abastecimiento alimentario y uniforme, como sucedía con el ayni de los ayllus durante el imperio, ya que los españoles, percatados de la riqueza mineral de los nuevos territorios, dirigieron todos sus esfuerzos de organización hacia la explotación minera. Con ello provocaron escasez alimentaria para el poblador

rural, porque era a los centros de explotación minera adonde se trasladaban y concentraban los alimentos para abastecer los requerimientos de las grandes poblaciones. Así se dio lugar a situaciones de hambruna en otros lugares menos productivos, como sucedió en el año 1597 en la ciudad del Cusco por el traslado del ganado lanar para su consumo a la ciudad de Potosí, fabuloso centro productor de la plata desde su Cerro Rico y minas aledañas. Desde entonces, el campesino indígena adquirió el hábito de comercializar su producción agrícola en las grandes concentraciones urbanas, conformándose con muy poco para su consumo, afectando su nutrición y la de sus hijos. Por eso es que en el momento actual los países americanos con mayor concentración de población indígena se sitúan entre los que tienen más elevados índices de desnutrición en el mundo. La situación de explotación del indio se prolongó durante tres siglos, antes de que se sobrepusiera a la enorme y traumática transformación que significó la conquista, con las primeras insurrecciones indias del siglo XVII, seguidas de los movimientos libertarios de los patriotas criollos que desencadenaron en forma irreversible la Guerra de los 15 años, hasta 1825, año de la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia, paradójicamente el último territorio en independizarse, habiendo sido el primero en levantarse con sus indios, para conseguir la libertad de América. Conseguida la libertad y establecidas las nuevas repúblicas, la situación a favor de los indios no cambió pese a las medidas reivindicativas que se dictaron, devolviéndoles en algunos casos el derecho comunario de propiedad de la tierra, hasta que, replegadas las tropas guerreras de los Libertadores, se inicia la torva conspiración contra las medidas de liberación del indígena y su incorporación como ciudadano a los nuevos Estados, siendo los militares y civiles que en el pasado habían servido al régimen colonial y heredaron su estatus social, quienes empezaron a conspirar para impedir que los indígenas reivindicaran sus derechos y sus tierras, manteniéndolos como siervos.

Las comunidades indígenas campesinas en Bolivia. La característica más o menos común de lo sucedido con las comunidades indígenas americanas, nos muestra al caso boliviano como representativo de lo que sucede y puede suceder a futuro con las comunidades campesinas. En efecto, la Revolución Nacional Boliviana del año 1952, entre los muchos cambios que para bien o para mal produjo, reivindicó la tierra para el indio originario que, al considerarse ofensivo el término, fue bautizado con el eufemismo de campesino, a sabiendas de que los obreros, los pequeños comerciantes y quienes cumplen los menesteres más humildes de la organización social son esos mismos indios campesinos migrados a las ciudades en búsqueda

de mejores condiciones de vida. Esa reivindicación de la tierra, calificada como “Reforma Agraria”, arrebató la tierra a los patrones terratenientes, pero lejos de restituir la ancestral comunidad agraria del ayllu, generó el minifundio, entregando a cada padre de familia campesina una parcela de tierra (a la manera del tupu del incario), lo cual lo hizo propietario de la misma con sucesión hereditaria, hasta subdividirla de tal manera que hoy apenas rinde para un precario sustento alimentario de las familias campesinas que continúan sumidas en condiciones de vida miserable. Obviamente la mecanización del agro resultó imposible con tal procedimiento, consiguiéndose solo la conformación de pequeñas cooperativas agrícolas por iniciativa de los mismos campesinos, sin el necesario asesoramiento técnico y económico, para hacer de esas cooperativas pequeñas empresas verdaderamente productivas, diversificadoras y comercializadoras de productos agrícolas, sea para el consumo interno o para la exportación. Lo paradójico fue lo sucedido con las tierras fértiles del oriente boliviano que, al mismo tiempo de haberse propiciado el minifundio del Altiplano y los Valles, se dieron como grandes concesiones agrarias a estancieros ganaderos y colonizadores inmigrantes japoneses y menonitas, sin respetar el derecho de propiedad ancestral de los territorios en los que estuvieron asentadas las numerosas etnias de los pueblos originarios. Toda esta situación, insostenible, ha dado lugar a iterativas crisis que dicen que la resistencia de los campesinos a la pérdida de sus derechos sobre la tierra y la depredación de la misma ha fortalecido diversos movimientos ideológicos. Ejemplo de ello son el Katarista o las organizaciones sindicales que, pese a lo desperdigado de la población rural en pequeños grupos comunarios, sus diferencias etnoculturales y la influencia clientelar que los partidos políticos y gobiernos civiles y militares han ejercido sobre ellos, han logrado cohesionarse hasta constituir la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob). Esta última organizó la impresionante Marcha por el Territorio y la Dignidad que, durante treinta días, entre agosto y septiembre de 1990, se desplazó desde San Ignacio de Mojos hasta la ciudad de La Paz, para reivindicar cuatro puntos de su lucha: Territorialidad, Autonomía de sus pueblos y sus organizaciones indígenas, Defensa de su derecho consuetudinario y Desarrollo y reproducción de sus valores culturales tradicionales y el uso de su lengua en la educación intercultural bilingüe. Con el antecedente inédito de un indígena (Evo Morales) en la Presidencia de la República es de suponer que se den sustanciales medidas a favor

del campesinado y los pueblos originarios, como su incorporación a la Asamblea Constituyente, que tiene el cometido de cambiar la Constitución Política del Estado. Es posible que entonces se alcance el respeto a los territorios comunales y la concreción de grandes cooperativas agrarias con ciudades intermedias que, a manera de eslabones con las ciudades grandes, permitan a los campesinos mayor desarrollo integral, acceder más fácilmente a los mercados comercializando directamente sus productos sin intermediarios, arraigo rural más fuerte, mejor educación para sus hijos, y gozar de un seguro de salud que al presente no tienen y que apenas cubre al 20% de la población boliviana. Cabe señalar finalmente que el mejor custodio de la tierra es, ha sido y seguirá siendo el comunario aborigen, porque desde sus ancestros ha sabido armonizar su relación con ella, agradeciendo los frutos que le brinda para su sobrevivencia.

Referencias Kathy Mihotek (editora), Comunidades, territorios indígenas y biodiversidad en Bolivia, Santa Cruz, Cimar-Universidad Auntónoma Gabriel René Moreno, 1996. - José Antonio Arze, Sociografía del incario. La Paz, Editorial Ferrier, 1952. - Javier Luna Orozco, Tamayo, significación y trascendencia, La Paz, primera edición, 1996. - Silvia Rivera Cusicanqui, Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el Movimiento Katarista, en Bolivia hoy, Siglo XXI Editores, 2da. edición, 1987.