Planificación II. Planificación Social y Politica ECON.

Categoria:

Economía

Concepto y fines. Las motivaciones histórico-sociológicas que hicieron necesaria la intervención del Estado para armonizar los intereses económicos a la vida social radican esencialmente en factores dispares. Al no existir desenvolvimiento de la vida social que no repercuta inmediatay directamente en la vida del Estado, no es concebible que éste se inhiba, antes al contrario, ha de producirse, inexcusablemente, su intervención (v. POLÍTICA SOCIAL). Intervención que establece un nexo lógico entre el Estado y la sociedad, que no es sino la relación que se produce entre el orden jurídico y la vida social y que tuvo su proyección doctrinal en la teoría de los fines del Estado, que está sustituyéndose por la moderna teoría del planeamiento. Planeamiento que, por otra parte, expresa una visión conjuntada. Tal visión, en cuanto que se realiza por el Estado, implica la puesta en práctica de la misión que le compete.

El crecimiento demográfico, unido al progreso científico en sus concretas aplicaciones a la técnica, han transformado la sociedad y han impuesto la necesidad de una reordenación que, abriendo cauces a un sentido nuevo de la autoridad, configurara a ésta como gestión de carácter administrativo, más que como autoridad netamente política, de forma que pudiera hacer realidad la aspiración de los hombres al bienestar.

Los fines esenciales de toda p. son bifrontes. De una parte, se pretende conseguir, al ritmo más rápido posible -para acompasarse a la aceleración histórica- y en condiciones de estabilidad económica, el desenvolvimiento de la cultura y el logro de un mayor bienestar social. De otra, se pretende conseguir la integración, movilidad y promoción sociales. La integración que, en su significación económica, se refiere al aumento de renta de los distintos sectores que componen la sociedad y la reducción progresiva de residuales diferencias del nivel de vida, desde el punto de vista social se refiere a los factores que motivan la cohesión entre los distintos grupos y que, proyectado al plano político, indica la participación en el quehacer comunitario de la vida pública. La movilidad social (v.) ha de entenderse como un ascenso a las más elevadas condiciones sociales y profesionales a través de ese principio de la igualdad de oportunidades para todos los hombres. Considerándose, además, que mediante la promoción social, será posible el acceso a la formación humana y educativa en todos sus grados, a la propiedad en sus diversas manifestaciones, a la responsabilidad en la gestión empresarial y, en general, al libre ejercicio de actividades económicas y sociales. Y claro está, también, al libre ejercicio de las actividades políticas, dentro del marco que los textos constitucionales del Estado establezcan.

No es concebible la p. económica por sí misma, sino como medio instrumental para lograr el progreso social. Para conseguir esto de forma operativa ha de tenderse a que las medidas relativas a los objetivos humanos y sociales del desarrollo no se limiten únicamente a los problemas directamente sociales, sino que han de considerar los condicionantes económicos. La estabilidad económica, en cuanto que constituye un requisito esencial para los sectores de renta débil, es también un requisito básico para una política social de salarios, de seguridad y de movilidad sociales, porque la expansión equilibrada de la vida económica constituye una condición técnica para conseguir un progreso social sin distinciones ni contradicciones internas.

Uno de los peligros que amenazan a la sociedad moderna es la pérdida del gusto por la iniciativa; la consecuencia que de ello deriva, en relación directa con la aparición de la p., está en que puede llegar a debilitarse el sentido de la libertad. El Estado planificador de nuestros días se correspondería así con una sociedad que no aspirase tanto a la libertad como al bienestar. Existe el peligro de que la sociedad de masas (v.) sustituya el concepto de la libertad por el del confort. De ahí que el problema, esencialmente político, consista en armonizar ambos conceptos: en planificar con libertad.

Caracteres. En su doble vertiente de lo social y de lo político, la p. puede considerarse como creación conjunta de una comunidad que persigue la solidaridad social y la convivencia política. La primera alienta la cooperación como motor que impulsa la vida social, abriendo nuevos cauces a la faceta de la sociabilidad, propia de la persona humana, a la par que frena afanes egocentristas y lima asperezas. La segunda supera las diferencias ideológicas y los encontrados intereses de los ciudadanos.

La justicia social, que se persigue mediante el desarrollo social, sólo puede ser el resultado de una equitativa distribución de derechos, en tanto que la prosperidad colectiva no puede ser sino el resultado de una equitativa distribución de deberes. Una sociedad tiene más o menos posibilidades colectivas en la medida en que consiga acercarse a un óptimo creacional, que dé origen a la armonización entre la capacidad social y las posibilidades naturales que la correspondan. Toda p. social precisa contar con las energías sociales disponibles. Ello no será viable mientras no se consiga remover actitudes y necesidades para adecuarlas recíprocamente. El progreso social se conseguirá mediante la conciencia de la necesidad de transformación estructural. No basta, pues, la justicia estructural, porque el bien común que la p. social exige es un concepto que nace de la p. correctora. Las metas programadas sólo serán fecundamente logradas por quienes tras haber puesto su constitución social según el imperativo del bien común se apresten solidaria y creadoramente a forjar su desarrollo comunitario.

V. t.: CENTRALISMO; INTERVENCIONISMO; JUSTICIA IV.

L. MENDIZÁBAL OSÉS.

BIBL.: F. ZAMORA, La sociedad económica moderna. Capitalismo, planeación y desarrollo, México 1966; R. MAYNTZ, Sociología de la organización, Madrid 1967; A. PIATIER, Équilibre entre développement éconoinique et déaeloppement social, París 1967; E. ANDER-EGG, Planificación dei bienestar social, Madrid 1968; J. M. MÉNDEz, Alcance y límites de la planificación económica, "Atlántida" n" 25, V (1967) 34-52.