Chile. Historia HIST.

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Historia

1.Los primeros pobladores. El territorio de Ch. fue habitado antes del s. XVI por razas dispares de posible origen polinésico y asiático. La costa se vio jalonada por grupos de pescadores de primitiva condición, como los changos de la zona norte, los chonos que habitaron al sur de Chiloé, los alacalufes de los canales de la Patagonia oriental y los yaganes de la región de Tierra del Fuego.

En el interior, la pluralidad étnica fue también grande. Sobresalió una cultura agraria y ganadera en la zona de Atacama, situada entre los ríos Loa y Copiapó, cuyos primeros indicios datan de unos 30.000 años. Entre los ríos Copiapó y Choapa vivieron los diaguitas (v.), agricultores de esmerada alfarería. Desde el Choapa al archipiélago de Chiloé floreció una civilización de lengua común, que a lo largo de los siglos, por nuevas migraciones, acaso procedentes del norte, y por las variadas condiciones geográficas, se diferenció en dos núcleos fundamentales: el primero, sedentario y, en general, apacible, habitó entre los ríos Choapa e Itata y fue sometido, a partir de la segunda mitad del s. XV, al dominio político de los incas (v.) del Perú; el segundo, situado al sur del Itata, se abroqueló en una fortaleza natural formada por grandes ríos, bosques y serranías, y resistió con implacable fuerza guerrera, no sólo la presencia de los incas, sino la más sostenida de los españoles desde mediados del s. XVI. Este belicoso grupo, que excedía en número a los demás pueblos indígenas, no constituyó un Estado unitario y vivió en pugna con ellos. Su denominación de araucano (v.) la recibió de los españoles y fue popularizada por Alonso de Ercilla (v.), que tomó contacto con él en 1557.

2. Los descubrimientos españoles. A fines de 1520, la escuadra de Fernando de Magallanes (v.), portugués al servicio de Castilla, descubrió el estrecho que lleva su nombre y, con él, la parte sur de Ch. Pero este episodio sólo fue un viaje de reconocimiento geográfico sin propósito colonizador. En cambio lo tuvo, aunque se frustrara en su finalidad, la expedición que encabezó desde la ciudad peruana del Cuzco, en 1535, el castellano Diego de Almagro (v.). Tras un recorrido por el Altiplano y una penosa travesía por los Andes, alcanzó al final de marzo de 1536 el valle de Copiapó. Desde allí, parte de los exploradores siguió hasta el sur, siendo detenidos en las márgenes del Itata (36°40’) por los belicosos araucanos (v.). Instigado por sus capitanes a volver al Perú para disputar a su rival Francisco Pizarro (v.) el dominio de la ciudad del Cuzco, Almagro abandonó el intento colonizador de Ch.

3. La fundación de Chile. Correspondió a un hombre de singulares dotes, Pedro de Valdivia (v.), llevar a la práctica el fracasado plan de Almagro. Hábil estratega y sagaz político, supo sortear las dificultades económicas y humanas de la empresa y dar remate a su anhelo de fama y gloria. Partió del Cuzco como teniente gobernador de Pizarro y realizó una esforzada caminata por el desierto de Atacama hasta alcanzar el valle de Copiapó, del que tomó posesión en nombre del rey. En diciembre de 1540, 11 meses después de su salida del Cuzco, acampó con su hueste en el valle del Mapocho. Componían la expedición 150 españoles y unos 1.000 indios de servicio. El ánimo de radicarse en el país quedó pronto demostrado con la fundación en ese sitio, el 12 feb. 1541, de la ciudad de Santiago. Se distribuyeron allí solares y se constituyó un cabildo para la adecuada administración del nuevo poblado. El trabajo de la tierra y de los lavaderos de oro, la enseñanza primaria y la evangelización de los indígenas ocuparon la atención del caudillo, ahora en funciones de gobernador interino por voluntad de un cabildo abierto, al saberse la muerte de Pizarro en el Perú.

Pero la empresa tropezó luego con graves obstáculos. Un asalto de los indios a Santiago transformó el villorrio en escombros. El saldo del ataque no fue sólo dos españoles muertos y varios heridos, sino también la destrucción casi total de los bastimentos y animales traídos del Perú. Fue preciso enviar allá por socorro y cuando llegaron, al cabo de dos años de angustiosa espera, Valdivia, considerándolos insuficientes, partió en persona en busca de nueva ayuda. En abril de 1549 se encontraba ya de regreso con los medios necesarios y además con el título de gobernador en propiedad que le había extendido el agente del rey en el Perú, Pedro de La Gasca (v.).

En la segunda fase de su acción al S de Santiago, Valdivia realizó directamente la fundación de nuevas ciudades: Concepción (v.), la Imperial, Valdivia (v.), y Villarrica. Además despachó expediciones al Tucumán y al estrecho de Magallanes. Esta notable expansión colonizadora fue drásticamente interrumpida por un gran alzamiento indígena encabezado por Lautaro, antiguo caballerizo del gobernador, que logró derrotarlo en una emboscada junto al destruido fuerte de Tucapel, en la Navidad de 1553. Valdivia fue hecho prisionero y perdió la vida. A pesar del desconcierto momentáneo que produjo su desaparición, no fue abatida la voluntad española de continuar la tarea colonizadora. Valdivia había logrado infundir la resolución inflexible de permanecer en la tierra, y sin duda, su principal legado fue dar sentido unitario y destino histórico al extenso territorio de Ch., habitado hasta entonces por tribus inconexas.

4. La guerra de Arauco. Desde la muerte de Valdivia y por espacio de dos siglos, la vida chilena, con escasas intermitencias, transcurrió pendiente de la guerra. Los esfuerzos del gobernador García Hurtado de Mendoza, que llegó en 1557 del Perú, al mando de una tropa escogida, no lograron afianzar la paz. En 1598, el gobernador Martín García Oñez de Loyola pereció en una emboscada. Fue el punto de partida de una rebelión que concluyó con todas las poblaciones al S del río Bío-Bío. Sólo en 1647 se repobló la ciudad de Valdivia y en 1796 la de Osorno, que había fundado Mendoza.

La guerra de Arauco alteró el desarrollo de Ch. y le dio un curso distinto al del resto de Hispanoamérica. La rebelión del núcleo más poderoso de aborígenes, situado en las zonas donde se explotaban los principales lavaderos de oro, paralizó esta industria que proporcionaba al país su ingreso básico. Fue entonces necesario asegurar los brazos a la agricultura, que pasó a ser la fuente económica principal y reemplazar a los colonos en las tareas de la guerra. De ahí nació en 1603 el ejército permanente, que fue nutrido con continuos refuerzos desde España. Sus componentes incrementaron en forma activa la población blanca de Ch. La acción bélica abrió entre los españoles un largo debate acerca de la justicia de la guerra. El jesuita Luis de Valdivia, siguiendo las doctrinas imperantes en España, abogó a comienzos del s. xvti porque la guerra se hiciese sólo con carácter defensivo y se fijara como frontera el río Bío-Bío. Pero la belicosidad de los araucanos y la imprudencia o abuso de algunos soldados españoles no hicieron posible estabilizar la paz. Sin embargo, la celebración periódica, a partir de 1640, de reuniones llamadas parlamentos, permitió al menos contar con algunas etapas de tranquilidad. Allí, jefes españoles y aborígenes concertaban acuerdos que permitieron a los misioneros, más de una vez, penetrar en territorio araucano.

La prolongada lucha representó para España una gran sangría de hombres y recursos, y retardó el desarrollo cultural y económico de Ch. Por otra parte, los frecuentes ataques a sus costas de piratas ingleses y holandeses, y algunos terremotos, como el que asoló Santiago en 1647, tornaron aún más dura la existencia de los pobladores. Sin embargo, no se pensó en ningún momento abandonarlo. Tras la línea de batalla se trabajaban los campos, lo que permitía explotar el trigo al Perú en gran cantidad. La instrucción, aunque lenta, seguía su curso, principalmente en manos de los jesuitas; y hasta las letras contaban con algunos cultivadores de relieve. Pedro de Oña (v.) publicó en Lima en 1596 su poema El Arauco Domado y el jesuita Alonso de Ovalle editó en Roma, en 1646, una Histórica relación del reino de Chile, relevante obra literaria que descubre la belleza del paisaje de Ch. y el carácter propio de sus habitantes.

5. El siglo XVIII. Con la nueva centuria va produciéndose poco a poco una mayor estabilización de la paz. No faltaron rebeliones indígenas graves como las de 1723 y 1770, pero, en general, el sistema de los parlamentos favoreció el mayor entendimiento entre españoles y araucanos. Al N del río Bío-Bío la población indígena pacífica se había ido, desde el siglo anterior, amalgamando con la blanca, hasta generar un fuerte mestizaje.

Las tendencias reformistas en el campo social y económico, propias de la época en Europa, se proyectaron también a Ch. El deseo de elevar el nivel de sus habitantes se tradujo en una política de fundaciones de villas y ciudades en las que se agrupó a los pobladores dispersos en los campos, con notoria ventaja para su instrucción y el,ejercicio de la justicia. El comercio alcanzó un apreciable desarrollo gracias al estímulo que recibió la metrópoli. Por primera vez se inició un tráfico directo de barcos entre España y Ch. a través del cabo de Hornos, que al finalizar el siglo y comenzar el siguiente experimentó frecuentes interrupciones por las guerras en que se vio envuelta España. Esta mayor facilidad de comunicaciones permitió el viaje de criollos a la metrópoli y la mayor afluencia, no sólo de artículos suntuarios, sino también de libros. La capa alta de la sociedad ganó así en refinamiento y cultura. La inauguración en 1758, en la capital, de la Real Univ. de S. Felipe, con cátedras de Teología, Filosofía, Derecho, Retórica, Lengua latina, Matemáticas y Medicina representa un paso importante al respecto. Notable papel en el campo cultural correspondió también a la Compañía de Jesús, a través de sus diversos colegios. Además, la presencia en el país de jesuitas alemanes dio ocasión a que por primera vez se ejecutaran en Ch. algunas obras de arte de verdadero mérito. Sin embargo, la expulsión de dicha Orden religiosa, decretada por la corona en 1767, afectó seriamente el desarrollo cultural. Por su causa abandonaron el país sus mejores ingenios: el teólogo Manuel Lacunza, el naturalista Juan Ignacio Molina y los historiadores Miguel de Olivares y Felipe Gómez de Vidaurre.

La monarquía puso especial esmero en la reforma administrativa y económica. Se dividió Ch. en dos intendencias, se incorporaron a la corona los servicios de correo y de acuñación de moneda, antes confiados a particulares, y se reorganizó la recaudación de los impuestos. Las obras públicas tomaron un auge desconocido hasta entonces, destacándose entre ellas el edificio de la Casa de Moneda de Santiago, obra del arquitecto romano Joaquín Toesca. Gobernadores progresistas como José Antonio Manso de Velasco (1737-45), Domingo Ortiz de Rozas (1745-55) y Ambrosio O’Higgins (1788-96) contribuyeron a acelerar el desarrollo del país. Asimismo, la radicación en él, por motivos burocráticos o mercantiles, de elementos selectos, oriundos en su mayor parte del norte de España, introdujo hábitos de laboriosidad y disciplina en la clase dirigente, a la que se incorporaron en su mayor parte.

6. La revolución de independencia. La invasión francesa en España en 1808 y la prisión de Fernando VII significaron un cambio en la historia hispanoamericana. Dentro del régimen jurídico imperante, América se estimó un bien público ligado a la corona de Castilla por medio de la persona del rey. Desaparecido éste, el vínculo quedaba automáticamente cortado. Por otra parte, la tradicional doctrina política española consideraba la autoridad derivada remotamente de Dios y próximamente del pueblo, el cual concretaba al titular del poder y lo reasumía si aquél no podía desempeñarlo. Bajo tal doctrina se generaron en España juntas locales que a la postre remataron en un Consejo de Regencia, con la misión de actuar en sustitución del rey caído. El ejemplo de España iba a ser pronto seguido en América y, por consiguiente, en Ch.

Gobernaba el país en carácter interino el brigadier Francisco Antonio García Carrasco que, por algunas medidas arbitrarias, se concitó la animosidad general. El medio hostil lo forzó a renunciar en julio de 1810 en manos de un anciano criollo de prestigio, el brigadier Mateo de Toro-Zambrano, conde de la Conquista. Pero el grupo mayoritario del cabildo de Santiago, encabezado por su alcalde Agustín de Eyzaguirre, no se contentó con ese paso provocado por él. Quiso anticiparse a la designación de algún gobernador foráneo por el Consejo de Regencia e instalar, a imitación de Caracas y Buenos Aires, una junta nacional de gobierno. Tal política carecía de propósito de separación de España, pero involucraba un claro intento autonomista. El elemento criollo, consciente de su poder, anhelaba una participación mayor en el gobierno del país e influido por las ideas liberales que llegaban de España se mostraba inclinado a diversas reformas. No pensaban lo mismo los integrantes de la Real Audiencia, tribunal de apelación y consejo del gobernador. Aferrados a la vieja estructura burocrática, resistían los cambios y los creían signos de rebelión.

En la sorda lucha que ambos bandos trabaron para adueñarse de la vacilante voluntad del jefe interino ToroZambrano, obtuvo al fin el triunfo el sector progresista. Un cabildo abierto reunido el 18 sept. 1810 organizó una Junta de gobierno presidida por el mismo Toro-Zambrano y de la que fue alma el vocal Juan Martínez de Rozas.

El nuevo régimen dio en pocos meses algunos pasos significativos: reorganizó las milicias para prevenir cualquier ataque exterior, decretó la libertad de comercio con las naciones aliadas de España y neutrales, lo que importaba facilitar el intercambio con Inglaterra y los Estados Unidos, y convocó un Congreso Nacional. Su instalación ocurrió el 4 jul. 1811, asumiendo la plenitud del poder en lugar de la Junta. En la asamblea predominó una tendencia moderada a las reformas. Pero los elementos más impulsivos, entre los que se contaba Bernardo O’Higgins (v.) secreto partidario del separatismo, resolvieron imponerse por la fuerza.

El 4 sept. 1811, un golpe militar encabezado por José Miguel Carrera (v.), removió del Congreso a algunos diputados moderados y los sustituyó por otros del sector antagónico. El jefe era un joven de 25 años, que acababa de regresar de España, donde había participado en la guerra contra los franceses y adquirido la convicción, frente al desastre de las armas peninsulares, de que había llegado la hora de la independencia de América. Su carácter no le permitió resignarse a quedar excluido de la nueva Junta de gobierno. Por una segunda asonada del 15 de noviembre eliminó a sus aliados de la víspera y se adueñó del mando. Hizo desaparecer el saldo de la resistencia a su voluntad, clausurando el Congreso el 2 de diciembre.

Durante 1812, Carrera se transformó en el árbitro del país, aunque conservó las formas de un sistema legal obediente al monarca. Pero, al mismo tiempo, alentó el espíritu separatista a través de un periódico, La Aurora de Chile, que confió a un revolucionario ardoroso, fray Camilo Henríquez. El influjo de este periódico y la convicción creciente de que el triunfo francés en España era definitivo y, como consecuencia, ilusorio el retorno del rey, acrecentaron el número de adeptos a la emancipación política. Entre tanto, el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, contemplaba con inquietud el giro de los acontecimientos de Ch. Adversario de las juntas de gobierno y guardián celoso del absolutismo, comprendió que los dirigentes chilenos caminaban a la independencia y se dispuso a contenerlos. Una expedición armada fue la respuesta a la audacia de Carrera. Éste tuvo que ponerse al frente del ejército patriota a fin de reprimir a los invasores; pero sus esfuerzos y los de su sucesor en la jefatura militar, Bernardo O’Higgins, resultaron estériles. Un convenio de inspiración ecléctica, firmado por los dos bandos a orillas del río Lircay, en mayo de 1814, fue desautorizado por Abascal, que envió una nueva expedición al frente de Mariano Osorio. Los patriotas parapetados en la plaza de Rancagua se defendieron heroicamente los días 1 y 2 de octubre de ese año, hasta que O’Higgins y el tercio superviviente de los sitiados se abrieron camino entre los atacantes y desaparecieron de su vista. Así terminó la primera etapa de la guerra de la independencia de Ch., conocida con el nombre de Patria Vieja.

Las medidas de represalia adoptadas por los sucesivos gobernadores españoles Mariano Osorio y Francisco Casimiro Marcó del Pont, lejos de aniquilar en la población el espíritu independentista, lo acrecentaron. Toda la esperanza se puso en la expedición que en Mendoza preparaba su gobernador, José de San Martín (v.), con el apoyo de O’Higgins y otros exiliados chilenos. Una primera batalla en la cuesta de Chacabuco, el 12 feb. 1817, acabó con el gobierno de Marcó del Pont. Pero el encuentro más decisivo ocurrió el 5 abr. 1818 en el llano de Maipo, próximo a Santiago, en que fueron aniquiladas, en arduo combate, las fuerzas reales. Ch. alcanzaba al fin su independencia. Sólo el archipiélago de Chiloé mantuvo aún algunos años, con heroico tesón, la fidelidad a la monarquía, pero se logró dominarlo definitivamente en 1826.

7. Los ensayos de organización. El triunfo de Chacabuco convirtió a Bernardo O’Higgins en director supremo del nuevo Estado independiente. Su brillante hoja de servicio militar y su reconocido desprendimiento personal lo señalaban como la persona más digna de asumir el poder. Su ideario político era simple: en el campo internacional, la asociación de los países hispanoamericanos para consolidar su independencia; y en el campo nacional, la instauración de una dictadura militar como medio de evitar la anarquía y afianzar el nuevo orden que presuponía grandes reformas.

El tesón de O’Higgins hizo posible crear una escuadra y enviar con ella una poderosa expedición militar al Perú, que partió en agosto de 1820 al mando de San Martín, para producir la independencia del virreinato. En política interna realizó esfuerzos por reestructurar la administración y fomentar la enseñanza. Abolió los títulos nobiliarios e intentó, sin resultado, suprimir los mayorazgos. Algunas de estas reformas v, sobre todo, el régimen dictatorial, le acarrearon una fuerte oposición que precipitó su renuncia al mando, en enero de 1823. Desde ese año hasta 1829 se buscó afanosamente una fórmula política adecuada. Pero fracasaron las dos propuestas por ser una mera lucubración abstracta, como la Constitución moralista de 1823, o simples trasplantes de estilos foráneos como el federalismo norteamericano y el liberalismo francés. Una revolución de los grupos conservadores, que triunfó en abril de 1830, puso término a los ensayos utópicos y enfiló definitivamente la vida chilena por el cauce realista y el orden.

8. La hegemonía conservadora y la estabilización de la república. Emerge entonces en la vida política chilena una figura de contornos singulares que acaba siendo el artífice de su organización. Es Diego Portales (v.). A la inversa de los teorizantes y de los adoradores incondicionales de los modelos extranjeros, observó con sagacidad el medio nacional y comprendió bien pronto que aquí, como en el resto de la América hispana, la implantación prematura de la democracia sólo podía conducir al caos. Faltaba aún madurez cívica y era imposible saltar las inevitables etapas del desarrollo cultural y económico. Con criterio realista pensó que lo que Ch. necesitaba en ese momento era un Gobierno fuerte, impersonal, compuesto de hombres eficientes y virtuosos. Sólo por esa vía era posible, a su parecer, llegar algún día a alcanzar un sistema democrático estable.

Desde el cargo de ministro, que no quiso jamás trocar por el de presidente de la República, y en espacios relativamente breves (1830-31 y 1835-37), Portales logró echar los fundamentos del orden público y trazar las grandes líneas de la política internacional. Contó en su tarea con el apoyo del presidente Joaquín Prieto y la colaboración del hacendista Manuel Rengifo, del jurisconsulto Mariano Egaña y del internacionalista y humanista Andrés Bello (v.). En esa empresa de reconstrucción nacional, puede señalarse como un paso importante la promulgación en 1833 de una Carta constitucional, obra de Egaña, en gran parte, que aseguró las bases jurídicas de un gobierno fuerte. Un año antes, Bello había publicado sus Principios de Derecho de gentes, que tuvo resonancia continental. Como oficial mayor de Relaciones Exteriores le cupo a Bello poner en práctica las doctrinas de dicha obra y servir por largos años de consejero del Gobierno en asuntos internacionales.

Sin duda, el de más proyección por entonces fue el conflicto que se produjo entre Ch. y la Confederación peruano-boliviana, poderoso núcleo en las fronteras dei país que Portales intuyó como un peligro para la independencia. Los intentos del protector de la Confederación y presidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz (v.), de derrocar el Gobierno de Ch., apoyando con barcos de guerra peruanos una expedición revolucionaria dirigida por exiliados chilenos, dio origen a la guerra. Portales no alcanzó a ver su desenlace, pues m. asesinado en 1837. Su muerte no alteró un ápice el orden político y, además, el pueblo, persuadido de que el hecho se debía a tenebrosas maquinaciones de Santa Cruz, se adhirió más fervorosamente a la guerra. En febrero de 1839, las fuerzas militares chilenas, al mando del general Manuel Bulnes, unidas a las peruanas contrarias a Santa Cruz, derrotaron a éste en Yungay y desmoronaron la Confederación. La paz internacional, la consolidación del orden interno y la estabilidad económica permitieron al presidente Prieto entregar el mando en 1841, en condiciones muy favorables, a su sucesor legal, Manuel Bulnes, el vencedor de la guerra. El bienestar colectivo y la carencia de luchas partidistas facilitaron el desarrollo de la educación y de las letras. En 1843 se inauguró la nueva Univ. de Ch. bajo el rectorado de Andrés Bello. Los géneros histórico, poético y dramático comenzaron a tener cultivadores entusiastas entre la nueva generación estudiosa, y la presencia de algunos extranjeros estimuló el interés por la pintura y la música.

Los últimos años del gobierno de Bulnes se vieron inquietados por los ecos de la Revolución francesa de 1848 y el influjo del liberalismo romántico europeo captado en viajes y lecturas. La Soc. de la Igualdad, fundada en Santiago por los jóvenes Santiago Arcos y Francisco Bilbao, sirvió de órgano de expresión de las nuevas ideas. La crítica implacable al sistema imperante, la petición de hondas reformas políticas y sociales y el estallido de algunos motines, provocaron la consiguiente reacción gubernativa y del partido conservador que controlaba el país desde 1830. Temerosos de que se desencadenara la anarquía, las fuerzas dirigentes estrecharon sus filas en torno a Manuel Montt, hombre de carácter enérgico que logró triunfar en las elecciones presidenciales de 1851. Aunque los opositores quisieron impedir su ascensión al poder con una revuelta armada, no lo consiguieron y el elegido se mantuvo en el mando por un periodo legal de 10 años. Caben en ellos avances de importancia, como la promulgación, en 1855, del CC, la extinción de los mayorazgos y la promulgación de la Ley de Instrucción primaria de 1860. Asimismo, se advierte entonces un gran desarrollo de las obras públicas, de la agricultura y de la minería.

Las querellas políticas no cesaron. El personalismo de Montt creó fuertes resistencias aun dentro del partido conservador, que en gran mayoría era opuesto a que le sucediera en -el mando su eficiente ministro Antonio Varas. Una discrepancia sobre el alcance de las facultades del patronato eclesiástico que ejercía el Estado precipitó en 1857 la definitiva escisión del núcleo gubernamental.

La fracción más numerosa, que mantuvo el nombre de partido conservador, se orientó desde entonces a la defensa de los derechos de la Iglesia. La otra, con el nombre de partido nacional, se mantuvo junto a Montt. El mismo año quedó definitivamente estructurado el partido liberal, que tenía por’ principal teórico al escritor José Victorino Lastarria.

9. El liberalismo. Entre 1830 y 1861, el poder presidencial se ejerció vigoroso, apoyado, de una parte, en la Constitución de 1833 y, de otra, en el fuerte partido conservador que se identificaba con el régimen. Pero el crecimiento de la opinión pública, producido por la madurez cívica generada en un ambiente de paz, de mayor desarrollo de la cultura y de un contacto más fuerte con las ideas europeas, fue consolidando el triunfo del liberalismo. A ello contribuyó el gobierno conciliador de José Joaquín Pérez (1861-71), durante cuyo mandato surgió, como elemento de oposición, el partido radical (liberales exaltados y reformistas), anticatólico y formado en su mayoría por la nueva clase media. Ch. se solidarizó con Perú en los conflictos de este país con España, declarando la guerra en 1865. Un año después terminaba la contienda, de la que Ch. salía robustecida en sus sentimientos nacionalistas. El liberalismo se hizo presente en las grandes reformas constitucionales aprobadas en 1871, 1873 y 1874, encaminadas a despojar de algunas atribuciones al presidente de la República y a acrecentar, en cambio, las ejercidas por el Congreso.

Aparte de estos cambios, en que intervinieron todos los grupos políticos y que iban dirigidos a producir un equilibrio de poderes, la actividad política se encaminó preferentemente a los debates doctrinarios inspirados en el ejemplo de Francia. Las llamadas "cuestiones teológicas", en que se discutieron la laicización del matrimonio y, de los cementerios y la libertad de cultos, dividieron apasionadamente a la opinión pública, particularmente en los gobiernos de Federico Errázuriz Zañartu (1871-76) (v.) y Domingo Santa María (1881-86). Mientras los partidos liberal, nacional y, sobre todo, radical, se pronunciaron por la secularización de las instituciones, el partido conservador sostuvo con ardor la unión entre la Iglesia y el Estado y, en especial, la libertad de enseñanza, para asegurar de esta manera el desarrollo de la educación privada confesional. La corriente laicista logró en 1883 y 1884 la promulgación de las leyes de cementerios laicos y matrimonio y registro civiles, pero no alcanzó en el resto del siglo imponer la separación entre la Iglesia y el Estado.

10. La guerra del Pacífico y los límites con Argentina. La lucha doctrinaria cesó ocasionalmente durante el gobierno de Aníbal Pinto (1876-81), en que la atención del país se vio captada por un problema de graves proyecciones: la guerra del Pacífico (v.). Desde 1843, Ch. mantenía con Bolivia una disputa sobre la soberanía en el desierto de Atacama. Uno y otro país invocaban títulos históricos sobre dicha región que sólo adquirió importancia cuando se comenzaron a explotar las guaneras de la costa y a descubrir, por exploradores chilenos, ricas minas y yacimientos de salitre. Ch. alegaba pertenecerle por lo menos desde Mejillones (23°) al S; mientras Bolivia sostenía que sus derechos álcanzaban hasta los 25°. El peligro de una acción reivindicatoria de España acercó en 1866 a Ch. y Bolivia, que transigieron en el litigio fijando como límite el paralelo 24 y conviniendo en repartir por mitad las utilidades que se obtuvieran por derechos de exportación de guano y minerales entre los 23 y 25°. La aplicación práctica de esta última cláusula tropezó con dificultades. Bolivia buscó entonces el apoyo del Perú, que tenía rivalidades con Ch. por el predominio en el Pacífico Sur, y firmó con él una alianza secreta en 1873. La diplomacia chilena, por su parte, trabajó sin descanso por obtener un arreglo con Bolivia y logró suscribir con ella un nuevo tratado en 1874. Por él se conservaba como límite entre ambos países, del Pacífico a los Andes, el paralelo 24, pero, además, Bolivia adquiría el compromiso de no gravar por 25 años con nuevos impuestos a las "personas, industriales y capitales chilenos" radicados al N de dicha línea.

Ch. consideró que su renuncia a los territorios situados entre los 23 y 24° estaba subordinada al cumplimiento de esta cláusula. Pero apenas habían pasado cuatro años después de suscrito el tratado, el Gobierno de Bolivia estableció un nuevo impuesto de 0,10 centavos por quintal de salitre exportado. La Compañía chilena de salitre de Antofagasta, afectada por esta medida, se negó a cumplirla e invocó en su favor la cláusula ya aludida del tratado. El Gobierno de Ch. respaldó a la Compañía, pero el de Bolivia sostuvo que era soberano en su territorio para legislar. Ch. propuso entonces llevar el litigio a un arbitraje, lo que fue rechazado por Bolivia, que además ordenó embargar las pertenencias de la Compañía y sacarlas a remate. Esto provocó el retiro de la representación diplomática chilena en Bolivia, con la simultánea declaración de que habiendo roto la última el tratado de 1874, por no haber dado cumplimiento a las obligaciones contraídas en él, renacían para Ch. los derechos sobre el territorio cedido bajo condición. Poco después el ejército chileno ocupó la ciudad de Antofagasta e hizo efectiva la reivindicación invocada.

Perú asumió, en un comienzo, el papel de mediador, pero urgido por Ch. a que se pronunciara por la neutralidad, reconoció estar ligado por un convenio secreto con Bolivia. La guerra se hizo así inevitable entre Ch. y los aliados, en abril de 1879. En el campo de las operaciones navales, Ch. sufrió una inicial derrota en la rada de Iquique el 21 de mayo, que se transformó en una victoria moral de enorme efecto psicológico. El capitán Arturo Prat cayó tras un combate heroico que acuñó su nombre en la historia chilena. Pero pronto su valeroso rival, Miguel Grau, sucumbió en el combate de Angamos, el 8 de octubre. Desde entonces, el control del mar quedó en manos de Ch.

La campaña terrestre fue dura, pero las fuerzas chilenas lograron destrozar la resistencia peruano-boliviana en Tarapacá, y el avance por territorio peruano se hizo incontenible. Así cayeron en manos de Ch. las ciudades de Tacna y Arica, la última tras un impresionante asalto a las fortificaciones del morro, junto al mar, por el coronel Pedro Lagos y una apasionada defensa del mismo por el peruano Bolognesi. Una frustrada mediación de los Estados Unidos para concluir la guerra hizo que las operaciones militares continuaran hasta producir, después de las batallas de Chorillos y Miraflores, -la ocupación chilena de Lima en enero de 1881.

La firma de la paz fue laboriosa. Sólo en octubre de 1883 quedó concertada con el Perú. El último cedió perpetuamente a Ch. al provincia de Tarapacá, y por el plazo de 10 años los territorios de Tacna y Arica. Al término de ellos, su soberanía debería decidirse por una consulta plebiscitaria a sus habitantes. En cuanto a Bolivia, suscribió en 1884 un tratado de tregua que colocó bajo la administración chilena todo su litoral. Por los mismos años, Ch. había resuelto pacíficamente con la República Argentina un litigio de fronteras iniciado en 1847. Uno y otro país sostenían derechos sobre la extensa Patagonia y el estrecho de Magallanes. El tratado que ambos firmaron en 1881 fijó como frontera la cordillera de los Andes hasta el paralelo 52, lo que equivalió a dejar definitivamente bajo la soberanía argentina la casi totalidad de la Patagonia. En cambio, Ch. retuvo para sí el estrecho de Magallanes con ambas orillas, la mitad de la isla grande de la Tierra del Fuego y todas las islas situadas al S del canal Beagle.

Tanto la guerra del Pacífico como el tratado de límites con Argentina representaron un apreciable cambio en las fronteras de Ch. Por el N se vio ensanchado, mientras que por el E las demarcaciones le cerraron el acceso al Atlántico. Los territorios que por acción reivindicatoria o indemnización de guerra se sumaron a la soberanía nacional contenían valiosos yacimientos de nitrato, que habían sido descubiertos y explotados en su mayoría por chilenos. Como el Estado impuso un derecho de exportación del salitre y asimismo se benefició con el producto del remate de terrenos salitrales, la renta fiscal subió apreciablemente. Esto abrió camino al desarrollo de las obras públicas, que alcanzaron su culminación en el gobierno de José Manuel Balmaceda (1886-91; v), alentador fervoroso de estas inversiones.

11. La revolución de 1891. La vocación política cada vez más desarrollada, como fruto del desenvolvimiento de la educación y de los contactos con Europa a través de libros y viajes, había acentuado de forma progresiva los atributos del Congreso en desmedro del poder presidencial. Las reformas constitucionales practicadas en 187174 eran un testimonio claro de esta tendencia. A ellas se añadía la frecuente práctica por el Parlamento de retener el despacho de ciertas leyes periódicas, como las de contribuciones y presupuestos, para obligar al ejecutivo a cambiar de política, y la aplicación de la costumbre parlamentaria inglesa de las interpelaciones y los votos de censura a los ministros. Aunque éstos, de acuerdo con la Constitución, eran de nombramiento y remoción exclusiva del presidente de la República, acabaron por necesitar además de la confianza del Congreso para mantenerse en sus cargos.

A este avance sensible del poder parlamentario, se añadió una creciente resistencia a la arraigada costumbre del jefe del Estado de presionar en las elecciones de miembros del Congreso y en la de su sucesor. La sospecha de que Balmaceda intentaba hacer esto último inquietó a diversos grupos políticos, donde comenzaban a perfilarse algunos candidatos para la suprema magistratura. La oposición parlamentaria al presidente se tornó entonces agresiva. Balmaceda, que poseía un carácter sensible y arrogante, se sintió afectado en sus prerrogativas esenciales y resistió con firmeza el intento de la mayoría del Congreso de imponerle un gabinete de su confianza. Pero la clausura, en octubre de 1890, del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento, cuando se encontraban aún pendientes los trámites de las leyes de presupuestos y de fijación de las fuerzas armadas, tornó inquietante el panorama político. Sin esas leyes, el presidente no podía gobernar, pero, a la vez, su aprobación por el Congreso estaba condicionada a que aquél se inclinara a sus exigencias. Los opositores, que conocían el carácter de Balmaceda, comprendieron que no estaba dispuesto a ceder y se prepararon entonces a la revolución. Tal como lo preveían, el 1 en. 1891, Balmaceda omitió los trámites constitucionales y decretó la prórroga de las dos leyes pendientes. Los antigobiernistas tuvieron así una justificación legal para el alzamiento: Balmaceda se había transformado en dictador. Pocos días después, la marina se sublevó y se dirigió a la zona norte del país a ocupar la región salitrera, que proporcionaba la principal fuente de ingresos al erario público. Tras una cruenta lucha, Balmaceda fue derrotado por las fuerzas revolucionarias a fines de agosto de 1891. Poco después se asiló en la Legación argentina y en la mañana del 19 de septiembre, día siguiente a la expiración de su mandato constitucional, se suicidó.

12. La etapa parlamentaria y sus problemas. La revolución de 1891 marcó un hito en el proceso histórico chileno. Sin reforma expresa de la Constitución y por simple interpretación de su texto, se implantó en el país el sistema parlamentario. El Congreso adquirió por este medio la hegemonía y el poder presidencial pasó a ser un mero símbolo del poder. La multiplicación de los partidos, la falta en la mayoría de ellos de doctrinas precisas y la ausencia de correctivos legales para frenar los abusos del parlamentarismo, crearon una endémica rotación ministerial. El paso presuroso por las salas de gobierno de individuos de distintas tendencias, impidió toda planificación política. Como único elemento de continuidad en medio del vaivén ministerial se mantuvo la presidencia de la República, servida por hombres probos y patriotas que vieron a menudo esterilizados sus mejores propósitos de bien público. Fueron presidentes en esta etapa: Jorge Montt (1891-96), Federico Errázuriz Echaurren (18961901), Germán Riesco (1901-06), Pedro Montt (1906-10), Ramón Barros Luco (1910-15) y Juan Luis Sanfuentes (1915-20).

Dos asuntos fundamentales agitaron la opinión pública de esos años: las cuestiones internacionales y el problema social. La guerra del Pacífico, aunque se resolvió con el triunfo de Ch. sobre los aliados peruano-bolivianos, dejó pendientes algunos problemas que se fueron agudizando. Uno fue el definitivo tratado de paz con Bolivia, que se firmó tras una prolongada tregua de 20 años, en 1904. Por él, Ch. adquirió a perpetuidad la soberanía sobre el territorio situado al S del río Loa, entre el Pacífico y los Andes; y Bolivia obtuvo la garantía del más amplio y libre tránsito comercial por los puertos chilenos, la construcción por cuenta de Ch. del ferrocarril de Arica a La Paz y apreciables indemnizaciones económicas.

Otro asunto fue el de la definitiva nacionalidad de las provincias de Tacna y Arica, ocupadas por Ch. a raíz de la guerra con el Perú y cuyo destino definitivo debían decidir sus pobladores en un plebiscito en 1893. Esta consulta popular no pudo verificarse, tanto porque Ch. y Perú no lograron ponerse de acuerdo acerca de los que tendrían derecho a voto en el plebiscito, como porque la última de dichas repúblicas no pudo otorgar a la primera las suficientes garantías de cancelarle en su oportunidad la cantidad de 10 millones de pesos, para el caso de que obtuviera la victoria en la consulta plebiscitaria.

Un tercer problema internacional fue el derivado de la interpretación del tratado chileno-argentino de 1881 que había fijado la cordillera de los Andes como límite entre ambas repúblicas, debiendo pasar la línea fronteriza "por las cumbres más elevadas que dividan aguas". Mientras Argentina afirmaba que la frontera debía correr por las cumbres absolutas, Ch. sostenía que aquélla debía trazarse sólo por las que dividieran aguas. Aplicando la primera fórmula era posible que Argentina cortara en la región austral el territorio de Ch. hasta alcanzar el Pacífico; siguiéndose, en cambio, la segunda, Ch. lograría avanzar algo dentro de la Patagonia, donde nacían ríos que seguían su curso hacia el O internándose por la cordillera andina. La discreta intervención de los presidentes de Ch., Federico Errázuriz Echaurren, y de la Argentina, julio Roca, logró sortear los peligros de la guerra. En 1898 se sometió la controversia al fallo arbitral de S. M. Británica, que lo expidió en 1902 y dispuso un reparto equitativo de los territorios en litigio, sin atenerse a ninguna de las dos tesis en lucha. El mismo año, Argentina y Ch. firmaron los llamados pactos de mayo, consistentes en un convenio de limitación de armamentos y en un tratado permanente de arbitraje, encaminado a prevenir conflictos futuros, al facultarse a cualesquiera de los signatarios a recurrir al tribunal de S. M. Británica, si surgía entre ellos una controversia.

Por esos años comenzaron a sentirse los primeros estremecimientos sociales. Huelgas sangrientas en Valparaíso, Santiago y Antofagasta rebelaron un hondo descontento en las masas populares. El desarrollo de la industria, en particular la salitrera, colocó al obrero a merced de las exigencias del capital, generalmente inglés, por la falta de leyes reguladoras del trabajo. Un nuevo partido, el democrático, que luego se llamó demócrata, había sido el primero en tomar la defensa de los obreros. Pero su propósito de buscar soluciones por la vía legal no satisfizo a todos los sectores populares que comenzaban a recibir el influjo de las doctrinas revolucionarias europeas. Un tipógrafo, Emilio Recabarren, fundó en Iquique en 1912 el partido obrero socialista, que años después se llamaría comunista y se afiliaría a la Internacional de Moscú. También en los viejos partidos tuvo su eco la cuestión social. El conservador, como núcleo confesional, acogió en 1901 las doctrinas de la Enc. Rerum novarum, que difundieran con celo los arzobispos de Santiago, Mariano Casanova (1886-1908) y Juan Ignacio González Eyzaguirre (1908-18). De este impulso brotó la primera ley social sobre habitaciones obreras en 1906. Por su parte, el partido radical adoptó el socialismo de Estado desde 1905. El fin de la 1 Guerra mundial en 1918 proyectó en el país el espectro de las revoluciones sociales europeas. Además, la paralización de la industria salitrera, secuela económica de dicho suceso, añadiría el problema inmediato de un gran paro. Todo ello iba a gravitar en la política interna de Ch. en los años inmediatos.

13. Las grandes transformaciones políticas y sociales. La elección presidencial de 1920 tuvo un hondo alcance social. Por primera vez las inquietudes de clases desbordaban los cuadros tradicionales de los partidos y el juego de los grupos y camarillas. Los sectores moderados levantaron la candidatura de Luis Barros Borgoño; historiador y catedrático. La mayoría de la clase media, que había alcanzado conciencia de su poder político y, con ella, el proletariado, desposeído de toda defensa legal, tomaron por abanderado a Arturo Alessandri (v.), antiguo parlamentario liberal que por su cálido verbo logró gran arrastre en las masas. Triunfó aunque por escaso margen. Los partidos contrarios lograron mantener mayoría en el Senado, y el nuevo gobernante contó allí con una fuerte oposición que multiplicó las crisis ministeriales. Los adversarios de Alessandri alegaban que los colaboradores del presidente carecían de idoneidad y, a veces, hasta de honradez.

En marzo 1924 se celebraron elecciones parlamentarias y Alessandri alcanzó mayoría. Pero la intervención del Gobierno en favor de sus candidatos y la actitud del Congreso de votar en favor de sus miembros una dieta que estaba prohibida por la Carta constitucional, provocaron su desprestigio. En sept. 1924 un movimiento militar presionó la elaboración de leyes sociales postergadas, la renuncia y exilio de Alessandri y la clausura del Congreso. Murieron así el régimen parlamentario y la Constitución de 1833. Pero la oficialidad joven creyó percibir influjos retardatarios en el Gobierno militar provisional y lo derrocó el 23 en. 1925. Retornó Alessandri al poder bajo estrictas exigencias, como la redacción de una nueva Carta política, promulgada el 18 sept. 1925, que restauraba el poder presidencial, debilitado por el parlamentarismo, y separaba la Iglesia del Estado. Un fuerte antagonismo entre Alessandri y el ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo (v.), portavoz de las aspiraciones reformistas de la oficialidad joven, provocó de nuevo la renuncia del presidente. A fines de 1925 asumió el poder Emilio Figueroa, que, abúlico y falto de aspiraciones, dimitió en mayo de 1927. En el mismo año era nombrado Carlos Ibáñez.

El nuevo presidente, de espíritu sobrio y autoritario, representaba la reacción contra los partidos políticos descompuestos y por eso contó con el apoyo de la opinión pública. Su gobierno realizó grandes cambios en la organización administrativa y estimuló las obras públicas. Además, se promulgó el Código del trabajo y se puso término en 1929 a la discrepancia con el Perú sobre Tacna y Arica, entregándose la primera al Perú y la segunda a Ch. Las proyecciones de la crisis económica mundial y el sistema de dictadura represiva impuesto por Ibáñez provocaron su caída el 26 jul. 1931.

Tras una etapa política confusa, asumió nuevamente la presidencia Arturo Alessandri, en dic. 1932. Su gobierno representó la vuelta a la constitucionalidad, eliminación del militarismo, restauración de finanzas y aplicación del régimen de sueldos mínimos vitales y del sistema de medicina preventiva. A los sucesivos presidentes, todos radicales: Pedro Aguirre Cerda (1938-41), Juan Antonio Ríos (1941-46) y Gabriel González Videla (1946-52), se debieron la creación en 1939 de la Corporación de Fomento de la producción, que aceleró la industrialización del país, la delimitación y ocupación de la zona chilena de la Antártida americana en 1940 y la creación en 1947 de la Univ. Técnica del Estado. Bajo un segundo gobierno de Carlos Ibáñez (1952-58) se creó el Banco del Estado, y durante el de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-64, v.), se incrementaron las obras públicas, construcciones escolares y viviendas populares.

Eduardo Frei (v.), del Partido Democratacristiano (fundado en 1957), ganó las elecciones de 1964. Su política incrementó el estatalismo, con malos resultados económicos. En las elecciones de 1970, ninguno de los candidatos alcanzó mayoría suficiente: Jorge Alessandri, del Partido Nacional (unión de los tradicionales partidos liberal y conservador, y otros menores), 35% de los votos; Rodomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, 29%; Salvador Allende, del Partido Socialista, 20%, que uniéndose a los comunistas, algunos radicales y otros grupos exaltados formó la "Unidad Popular" con el 35%. El Congreso de la Nación designó presidente a Allende con el apoyo (abstención condicionada) de los democratacristianos.

Allende intentó imponer una dictadura socialista. Sus estatalizaciones, manipulaciones de la enseñanza, inestabilidad (sustituciones de ministros, acusados en el Parlamento de favorecer a bandas armadas y violar la Constitución), dificultades de abastecimiento (llegó a racionarse el aceite, azúcar, café, carne, arroz y 30 productos más, en 1973), empobrecimiento económico, etc., crearon fuertes tensiones y protestas generalizadas. Los democratacristianos le retiran su apoyo en jun. 1971, los radicales en abr. 1972; se suceden las huelgas y manifestaciones; el gobierno socialista incrementa la represión con declaraciones de "estado de emergencia"; hubo muertos y heridos. Así se llega a las elecciones de marzo 1973, que dieron a la "Unidad Popular" socialista el 43,3% de los votos, y a la "Confederación Democrática" (Democracia Cristiana, Partido Nacional y algunos radicales) el 54,7%. Allende pretendió un poder absoluto (sobre la justicia, sobre senadores y diputados en una sola Cámara, etc.) y las tensiones se agudizaron.

Ante los graves desórdenes y desequilibrios, el 11 sept. 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros ocuparon el poder (ese mismo día Allende se suicidó). La Junta compuesta por los Jefes de las tres Armas y Carabineros promulgó el 26 jun. 1974 una Ley del Estado, que reformó la Constitución, reguló la actividad legislativa de la Junta e instituyó el cargo de Jefe Supremo de la Nación (Jefe del Estado y del Gobierno), para el que se nombró al general Augusto Pinochet. Se clausuraron las actividades de los partidos políticos, y se adoptó una orientación económica liberal (de la denominada "Escuela de Chicago"), que van llevando a una mutación de la difundida mentalidad estatista. Junto a unos años de prosperidad y desarrollo económico, el régimen de Pinochet fue encontrando creciente oposición interna y externa ("jornadas de protesta", con consiguientes represiones, encarcelamientos, aislamiento, etcétera.).

El 11 sept. 1980 se aprobó en referéndum una nueva Constitución (67,5% de votos favorables), para entrar en vigor en un plazo de 8 años, permitiendo los partidos políticos. Un nuevo referéndum, el 5 oct. 1988, que pretendía prolongar el mandato de Pinochet hasta 1997, es perdido por éste. En las elecciones de dic. 1989 venció Patricio Alwyn, de la Democracia Cristiana (53,8% de los votos), quien tomó posesión de la Presidencia de la República en marzo 1990, restaurándose el sistema democrático de partidos.

J. EYZAGUIRRE GUTIÉRREZ.

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