Afrancesados HIST.

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Historia

El término a. se utiliza para designar a aquellas personas que, con motivo de la dominación francesa, ocuparon cargos, juraron fidelidad al rey José I Bonaparte (v.) a quien la gran mayoría de los españoles consideraba un intruso o colaboraron con los ocupantes en fines diversos. Entre los a. hay que distinguir varios grupos, pues no todos obraron guiados por los mismos motivos.

a) Los funcionarios, pequeños propietarios, etc., que obedecieron las órdenes recibidas sin discutir su legalidad o procedencia. Su justificación puede estar en el miedo a la represión y en la necesidad de vivir. Éstos fueron los más numerosos y los que menos interés tienen desde el punto de vista político. Más que a. merecen el calificativo de juramentados, como se les denominó entonces. b) Los a. por íntima y libre determinación. Fueron gentes que se unieron al rey José de buena fe, para apoyarlo en sus proyectos reformistas y porque vieron en él un posible remedio para los males de España, en contraposición a las directrices políticas y económicas de los Borbones. Fueron, por regla general, hombres cultos, influenciados por la Ilustración (v.), que intentaban enderezar los asuntos de España de este modo. Constituyen el grupo que históricamente tiene mayor trascendencia. c) Otras gentes, poco influyentes e importantes que, ambiciosos siempre, se van con el que manda, a fin de recibir algún beneficio.

El espíritu reformista. 1808 representa en la historia de España un momento de gran confusión. La autoridad legal se encuentra retenida en Francia y la intervención imperial fenómeno ajeno hace que la inquietud ideológica del momento influya en los hombres públicos de tal forma que colaboren con el invasor. No cabe duda que muchos son hombres de buena voluntad que, con intención de ilustrar y regenerar a España, sumida en una decadencia absoluta, vuelven su mirada hacia el extranjero. Allí buscan las soluciones que permitan resolver los problemas que se presentan en el país y recuperar un lugar honroso y digno en una Europa dominada y arrastrada por el progreso. Son conscientes de que España ha de incorporarse como miembro activo y pleno de la comunidad europea.

La alta sociedad española y los personajes cultos no han estado ajenos a la evolución dogmática del continente en el s. XVIII. Estos hombres forman una minoría selecta que mantiene o han mantenido comunicación con las fuerzas ideológicas europeas y se ve influida por ellas. La corriente extrapirenaica penetra en España por dos caminos: a través de libros, panfletos o publicaciones y hasta correspondencia con los pensadores franceses; por medio de viajes a países de Europa, donde una mayor libertad de expresión les hace partícipes de las nuevas doctrinas. Los sucesos de Francia durante la Revolución movieron a las autoridades españolas a prohibir la entrada de los textos considerados peligrosos y a controlar los elementos extraños que pudieran atravesar las fronteras.

La reunión de Bayona. Con todos estos antecedentes, es lógico que una parte de esta minoría ilustrada no viera con malos ojos la intervención francesa. Sin embargo, el primer paso concreto de afrancesamiento se dio en Bayona (8 jul. 1808) al aceptar sin discusión los comisionados españoles, a la cabeza de los cuales estaba el duque del Infantado y los Consejos de Castilla, Inquisición, Indias y Hacienda, el texto constitucional, prestando juramento al nuevo monarca José I. Este acto de jurar convirtió a los allí reunidos en fundadores del grupo político de los a. que, en sentido estricto, nace de aquella reunión.

Al principio fueron contadísimos los a. y las circunstancias que obligaron a aumentar su número son: en primer lugar, la instalación de un rey extranjero, francés, considerada beneficiosa, pues suponía la caída de los Borbones y la introducción de reformas políticas y administrativas a través del nuevo régimen, en contraste con el desdichado reinado de Carlos IV (v.). En segundo lugar, la obligación que puso el rey José de que todos los colaboradores y funcionarios, tanto civiles como militares y eclesiásticos, le juraran fidelidad. Esta medida, una vez tomada Andalucía en 1810, casi duplicó su número.

Para los a., la aceptación de Bayona no es más que un cambio de dinastía. El aceptar al extranjero no es considerado como un acto de deslealtad hacia el Estado, sino de auténtica fidelidad que exige dejar de apoyar a una .dinastía considerada sin fuerzas para encauzar los rumbos del país. En apoyo de esta interpretación está el hecho de que, en tanto que se proponía la Constitución, Fernando VII escribía a Napoleón desde Valencay una

carta en la que le felicitaba y le daba la enhorabuena por la satisfacción de ver a su querido hermano José en el trono de España; documento que se leyó a la asamblea el 30 de junio y que sirvió para acelerar y legalizar los sucesos que allí acontecían.

El primer Gobierno de José I estuvo formado por Mariano Luis de Urquijo, ministro de Estado; Pedro Cevallos, de Negocios Extranjeros; Gaspar Melchor de Jovellanos, del Interior; Miguel José de Azanza, de Indias; José de Mazarredo, de Marina; el conde de Cabarrús, de Hacienda; Sebastián Piñuela, de Gracia y justicia; y Gonzalo O’Farril, de Guerra. El único que se excusó, aludiendo su estado de salud, fue Jovellanos, declarándose adicto al sentimiento popular.

Ideas afrancesadas. Los principios doctrinales de estos a. pueden resumirse en tres: monarquismo, como adhesión a la forma monárquica y no a una dinastía; oposición al radicalismo de los sublevados; necesidad de reformas políticas y sociales, conforme á las tendencias de la época. Los a. son leales, pues, a la Monarquía como Institución. Se oponen a los sublevados por interpretar que rompen la tradicional línea española de alianza con Francia en política internacional y buscan ayuda en Inglaterra, la nación enemiga de España por siglos. El equilibrio y las circunstancias europeas hicieron que desde el s. XIII España estuviera casi constantemente unida a Francia para defenderse de los británicos, y los a. representan la continuidad de esta orientación. Igualmente, su reacción sé encamina a mantener la paz interior, en cuanto intentan evitar una guerra que no tendría nunca resultados positivos para España. También tienen la certeza de que el desorden de la metrópoli, al existir dos corrientes diversas y radicales en la forma de interpretar los acontecimientos, daría al traste con el precario Imperio americano, que se desmorona poco tiempo después como uno de los efectos más de esta contienda (v. HISPANOAMÉRICA).

Con estos postulados por doctrina, los a. que se mantienen en la Administración intentan captarse a la gran masa del país que, siguiendo el ejemplo del alcalde de Móstoles, se prepara para expulsar al invasor y destronar al rey intruso. Con anterioridad, la Junta Suprema de Gobierno, cada día más supeditada a su presidente el lugarteniente general del reino, Murat, envía emisarios a los jefes de la insurrección y lanza una proclama el 4 jun. 1808 intentando explicar los hechos; pero todo esto no tiene otro resultado que el de exasperar los ánimos del pueblo, en vez de apaciguarlos. José I, por su parte, procura atraerse las voluntades de los españoles, empresa más. conforme a su buen deseo que a la disposición en que los ánimos de éstos se encontraban. Son varias las campañas de prensa y tienen amplia difusión las corrientes de propaganda que en este sentido lanzan los a. Aun más, en sus aspiraciones políticas argumentábase, ingenuamente, que España gozaría de una independencia total respecto del Imperio francés y que, en sus directrices, nada tendría que ver con las del país vecino e, incluso, se firmaría una paz con Inglaterra por separado. Esta tendencia general de apaciguamiento y armonía, con demostrados deseos del soberano de entrar en contacto con sus súbditos sublevados, es la característica de los primeros momentos del reinado de José I, seguido incondicionalmente por los a.

El cambio de orientación. La reacción armada del pueblo español contra los franceses y la derrota sufrida por éstos en Bailén (v. INDEPENDENCIA, GUERRA DE LA) deja claro que los propósitos de negociar no son los más viables. José 1 y su Gobierno se ven en la necesidad de pedir insistentemente al emperador el envío de dinero y hombres para sofocar el levantamiento, mas Napoleón (v. NAPOLEÓN I) no atiende las peticiones. La situación llega a ser tan tensa que José I y los a. tienen que huir hacia la frontera y, una vez allí, aquél pone el trono a disposición de su hermano, quien, como se sabe, toma personalmente el mando de su ejército y reinstala al llamado rey de España en Madrid.

A partir de entonces se puede decir que Napoleón toma España para Francia. Por decreto de 8 feb. 1810 establece cuatro Gobiernos (Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya), volviendo al programa de anexión que definiera en 1807. Esta medida hace comprender a los a. que no hay solución ni posibilidad para sus deseos y que lo que habían soñado en un principio nunca sería cosa cierta. Su desilusión es total cuando conocen la idea del emperador de dividir España en virreinatos militares. Se da la circunstancia de que José I únicamente manda en Castilla y el Gobierno de los a. es por completo impotente ante los delegados del soberano francés. No había nada que salvar.

La actitud españolista. Por lo que respecta a la España insurgente su respuesta es radical dentro del más amplio sentido nacionalista. El alzamiento es unánime y casi simultáneo, porque unánime era el sentimiento, uniforme el espíritu y la irritación en todos los ángulos del reino contra la dominación extranjera, contra la manera insidiosa de irse apoderando de él y privándolo de sus príncipes y contra las horribles ejecuciones con que se había ensangrentado la capital. Igualmente, en todos los levantamientos locales domina el mismo espíritu y la misma tendencia.

Los a., execrados por el pueblo que les juró odio a muerte, son perseguidos. Las autoridades que al principio de la sublevación vacilaban con relación al partido a seguir, al igual que otros muchos, son víctimas del furor popular. Así, el general San Juan, en Talavera; Solano, en Cádiz; el conde del Águila, en Sevilla; el canónigo Duro, en La Mancha; el marqués de Perales, en Madrid; Antonio de Lomas, en Jaén; el conde de Torre del Fresno, en Badajoz; el barón de Albalat, en Valencia; y otros que mueren a manos de la población enardecida, acusados de traición. Cuando las tropas españolas entran por primera vez en Madrid, se toman drásticas medidas contra los partidarios de José I, entre las que figura la .confiscación de sus bienes. Las Cortes de Cádiz (v.), una vez establecidas, dictan contra los a. los Decr. de 11 ag. y 21 sept. 1812, en virtud de los cuales se les incapacita para todo cargo y empleo público y se les prohíbe el uso de insignias y títulos.

El 8 dic. 1813, tras la derrota de los ejércitos imperiales en la Península, se firma el tratado de Valengay, por el que Napoleón reconoce a Fernando VII (v.) como rey de España e Indias junto con la integridad del territorio español y el monarca se compromete a exigir la marcha de los ingleses de España. Respecto a los a. que siguen el partido de José I, en el art. 9° del tratado de Valencay se estipula que volverían a los honores, derechos y prerrogativas de que gozaban; les serían restituidos todos los bienes de los que habían sido privados; los que quisieran permanecer fuera de España tendrían un plazo de diez años para vender sus posesiones y tomar las medidas necesarias para establecer un nuevo domicilio; les serían conservados sus derechos a las sucesiones que pudieran pertenecerles y podrían disfrutar sus bienes y disponer de ellos sin estar sujetos al derecho del fisco, de retracción o de cualquier otro. Pese a todo, la gran mayoría opta por atravesar la frontera y asentarse en territorio francés, temiendo la venganza.

La reacción fernandina. Fernando VII no cumplió el tratado y fue. implacable y duro con los a., a los que dividió en cuatro clases: los que no habían querido aceptar cargos y empleos del usurpador; los que habían continuado desempeñando los empleos que tenían, durante el reinado de José I; los que aceptaron empleos y ascensos en tiempos de dicho rey; y los que llevaron a tal extremo su adhesión a José I que incluso persiguieron a sus compatriotas. Fernando VII, para impedir el regreso de los exiliados, firmó el 30 mayo 1814 un decreto prohibiendo la entrada en España a todos los que se habían marchado al retirarse las tropas imperiales; a los que habían servido al Gobierno intruso como ministros, consejeros, cargos diplomáticos, empleos militares; a los que habían pertenecido a la policía francesa; y a los prelados y sacerdotes reconocidos por el mencionado Gobierno. El decreto de prohibición comprendía también a las mujeres que habían seguido a sus maridos en el exilio. Aun los a. exceptuados de esta medida debían residir a 20 leguas de sus poblaciones respectivas, vigilados por la policía, y renunciar a todo empleo público y al usufructo de sus bienes. En 1820 hubo amnistía general y a los pocos años se concedió a todos el disfrute de sus bienes, lo que no iba comprendido en la amnistía, y se les permitió volver a entrar en posesión de todo aquello que se les había secuestrado, pero no de las dignidades, títulos e insignias. Con esto quedó cerrado el conflicto.

El afrancesamiento ideológico. Hasta aquí hemos visto las causas y los efectos inmediatos del fenómeno de afrancesamiento. Pero si el término a. fue originariamente, desde los primeros años de la guerra, utilizado para designar a los que colaboraban políticamente con la monarquía Josefina, más que a las gentes influidas por la Ilustración, adquirió en el transcurso del tiempo el sentido de imitador de lo francés, creando un equívoco que servirá, más tarde, en numerosas y continuas ocasiones, como arma política en manos de los absolutistas contra los liberales y de los conservadores contra los progresistas. En la lucha planteada entre Revolución y Antiguo Régimen, los liberales fueron tachados de imitadores de las fórmulas enciclopedistas y revolucionarias de Francia, con intención de desprestigiar su ideología política. La realidad histórica es que, en 1814, Fernando VII persiguió con igual violencia a los a. y a los liberales, reos del delito dé infidelidad a su real persona, acusados de ser enemigos del rey como soberano y, por tanto, del Estado, y considerados traidores a España.

Las coincidencias entre determinados postulados reformistas de los liberales y la ideología de los a. no son sino el reflejo de los dogmas de la Ilustración. Los hombres.cultos, representantes de las "luces", que han puesto sus esperanzas reformistas en los reyes del Despotismo ilustrado (v.), sirven a sus principios con auténtica devoción y sacrificio en una España que decae. Sin embargo, cuando esta circunstancia deja de existir, muchos de ellos no vacilan en buscar la solución en un monarca extraño, afrancesándose y encontrando en semejante postura una nueva oportunidad para su patria.

Lo que hubiese sucedido a España y a los españoles hubiera sido peor de no existir, como en efecto existió, un grupo de hombres que, manteniéndose fieles a la nueva monarquía establecida, sirvieron de puente entre los sectores ocupantes y dominados. Sin duda, de esta realidad se derivaron ventajas para el grupo tradicional y nacionalista, que vio protegido en ocasiones sus intereses por los compatriotas llamados a., que se mantenían en los altos puestos de la Administración. Más profundamente aun: ante el hecho de la invasión extranjera, todas las fuerzas del país a., absolutistas y liberales experimentaron el mismo gran sentimiento ultrajado; pero a la hora de la realidad sólo difieren en su reacción al aceptar la nueva dinastía, pero sin reconocer jamás ni dar su beneplácito a la desmembración del país o a las imposiciones extremas y autoritarias de un emperador extranjero, intentando siempre salvaguardar los valores e intereses, internos y externos, de la patria, ganados con supremos esfuerzos y sacrificios.

A. BRAOJOS GARRIDO

BIBL.: C. SALAZ CID, La Constitución de Bayona, Madrid 1922; M. MÉNDEz BEJARANO, Historia política de los afrancesados, Madrid 1912; A. FUGIER, Napoléon et d’Espagne, París 1930; 1. DELEITO, La expatriación de los afrancesados españoles, Madrid 1921; M. ARTOLA, Los afrancesados, Madrid 1953; H. JURETSCHKE, Los afrancesados en la guerra de la Independencia, Madrid 1962; C. MARTIN, José Napoleón I "Rey intruso de España", Madrid 1969.