Clemente XIII (6 julio 1758 - 2 febrero 1769)

Personalidad y carrera eclesiástica. Carlos Rezzonico nació en Venecia el 7 de marzo de 1693. Su padre, Juan Bautista, pertenecía a una familia oriunda de Como que se había trasladado a Venecia a mediados del siglo xvii y se había enriquecido con el comercio, accediendo a la nobleza en 1687; en cambio, su madre Vitoria Barbarigo era de estirpe noble. Hizo los primeros estudios en el colegio de los jesuítas de Bolonia y luego cursó derecho en la Universidad de Padua. En 1714 pasó a Roma y, después de completar sus estudios, entró en la carrera curial, que inició con el cargo de protonotario apostólico y refrendatario de la Signatura. Luego fue nombrado gobernador de Rieti (1716-1721) y de Fano (1721-1723), miembro de la Consulta (1723-1728) y auditor de la Rota por Venecia (1727-1737). El 20 de diciembre de 1737, a instancias de la república de Venecia, Clemente XII le creó cardenal del título de San Nicolás in carcere. Dos años más tarde el mismo papa le designó prefecto de la congregación De Propaganda Fide y en 1743 Benedicto XIV le nombró obispo de Padua, cuya sede ocupó quince años consecutivos, preocupándose por la revitalización de la vida religiosa, la disciplina eclesiástica y la formación intelectual del clero.

Ya antes de que muriera Benedicto XIV, las cortes católicas de Madrid, París y Viena pedían informes acerca de los cardenales papables, a fin de dar instrucciones a sus cardenales sobre la táctica a seguir en el próximo cónclave. éste se inició el 15 de mayo de 1758, y en seguida se observaron dos facciones: los zelanti, que querían un papa que luchara por restaurar a todos los niveles la autoridad de la Iglesia, y el partido de las «coronas», favorable a que se continuase la política del antecesor. Dos influyentes cardenales, Corsini y Portocarrero, patrocinaban la candidatura de Cavalchini, y el 28 de junio estuvo a punto de ser elegido, pero el cardenal Luynes interpuso el veto en nombre del monarca francés. Al día siguiente se incorporó al cónclave el cardenal Rodt, representante de la corte imperial, y con el apoyo de Spinelli lanzaron la candidatura de Rezzonico que, después de duras negociaciones, fue elegido papa el 6 de julio de 1758. Quiso llamarse Clemente XIII en honor de Clemente XII que le había nombrado cardenal. El día 16 fue coronado y el 13 de noviembre siguiente tomó posesión de San Juan de Letrán.

Clemente XIII era la antítesis de su predecesor. No era un sabio, ni siquiera un gran talento, pero no le faltaba viveza de ingenio. Los soberanos católicos, que esperaban un papa que continuara la línea de Benedicto XIV, se sintieron desde el primer momento defraudados y se aprestaron a darle batalla. Pero se encontraron con un pontífice que, con toda su natural bondad y amabilidad, no admitía condescendencia y transacciones en la defensa de los derechos de la Iglesia. Actitud que se acentuó con el nombramiento del cardenal Torrigiani como secretario de Estado en septiembre de 1758. El nuevo secretario era amigo fiel de los jesuítas y autoritario, y dice Roda que «es de genio fuerte, casi insolente; no atiende que su ministerio principal es serlo del vicario de Cristo, se imagina serlo del rey de Prusia y obligaría al papa a la guerra para defender derechos y posesiones».

El regalismo y las expulsiones de los jesuítas. El nuevo papa, al defender las reservas y derechos pontificios, se enfrentó a los soberanos católicos celosos de sus regalías y dispuestos a limitar los poderes de la Iglesia. Las teorías que otorgaban al Estado amplias prerrogativas en materia eclesiástica (jurisdiccionalismo, galicanismo o regalismo) se fueron desarrollando gradualmente desde el final de la Edad Media y alcanzaron su apogeo en la segunda mitad del siglo xviii, en que los monarcas trataron de recuperar los «derechos originarios» que habían sido «usurpados» por Roma: privilegios jurídicos y fiscales, plena jurisdicción de los obispos, autoridad del soberano sobre el clero, etc. Pero, mientras que los monarcas se conformaron con «reformar» a la mayoría de los regulares, en el caso de los jesuítas optaron por la expulsión y posterior extinción, porque la Compañía representaba «la encarnación del espíritu obstinadamente conservador que los reformadores combatían en la Iglesia» (W. Bangert, Storia della Compagnia di Gesu, Roma, 1990). Las etapas de la gradual expulsión de los jesuítas de los principales Estados católicos se sucedieron a lo largo del pontificado de Clemente XIII.

Fue Portugal la primera nación que expulsó a los jesuítas. Sin una investigación adecuada se los declaró «reos de negociación ilícita» y, tras el fallido atentado contra el rey José I (3 septiembre 1758), se les acusó de haber tomado parte en el complot. Al año siguiente los jesuítas fueron expulsados de la metrópoli y de sus colonias y sus bienes confiscados (J. Caeiro, Historia da expulsao da Companhia de Jesús da provincia de Portugal, Lisboa, 1991). El papa protestó por el hecho y el nuncio también fue expulsado el 15 de junio de 1760.

El ejemplo de Portugal no tardó en ser imitado por Francia, donde también un atentado contra Luis XV (1715-1774) dio motivo para iniciar una campaña difamatoria contra los jesuítas (L. Pastor, Historia de los papas, XXXVI, pp. 194-296). La última gota que colmó el vaso fue el escándalo que suscitó la quiebra del padre Lavalette en las Antillas, que se metió en vastas especulaciones comerciales, prohibidas por el derecho canónico y la Compañía. Como el provincial de París se negó a pagar las deudas, el parlamento de París hizo responsable a toda la Compañía y presentó una moción para que se cambiaran sus constituciones y se instituyera en Francia un vicario general. El general de los jesuitas, padre Ricci, de acuerdo con el papa, rechazó la propuesta y un decreto del parlamento de París (6 agosto 1762), que pronto fue imitado por otros parlamentos provinciales, declaró a la Compañía «incompatible con cualquier Estado» y la privó de existencia legal. El 1 de diciembre de 1764 el rey aprobó la decisión parlamentaria. El papa levantó su voz muchas veces en defensa de los jesuitas, y lo hizo solemnemente con la bula Apostolicum pascendi (7 enero 1765) para hacer una apología de los jesuitas; pero la bula fue recibida con desprecio en los medios oficiales franceses, y los gobiernos de otras naciones, por amistad con el rey de Francia, prohibieron su publicación.

La expulsión de los jesuitas de España vino a ser el tercer acto de la tragedia. En 1765 ya se empezó a susurrar, pero había que esperar a la muerte de Isabel de Farnesio, gran defensora de los jesuitas. Apenas falleció, el motín contra Esquilache (22 marzo 1766) sirvió de pretexto para incriminar a la Compañía y decretar su expulsión (27 marzo 1767) «de todos mis dominios e Indias, islas Filipinas y demás adyacentes [...] y que se ocupen todas las temporalidades» Historia de la Iglesia en España, IV, Madrid, 1979, pp. 745-94). Para las misiones fue un golpe tremendo e irreparable, pues más de 2.000 jesuitas tuvieron que abandonar su trabajo. Apenas el papa tuvo noticia de la resolución tomada por Carlos III (1759-1788), le dirigió la carta ínter acerbissima (16 abril 1767), conjurándole con sollozos más que con palabras a revocar el edicto.

El 31 de octubre del mismo año de 1767 se decretó la expulsión de los jesuitas del reino de las Dos Sicilias y, para hacer comprender a su joven rey, Fernando IV (1759-1791), hijo de Carlos III de España, la conveniencia de su expulsión, el poderoso ministro Tanucci le hizo una descripción de los jesuitas como si fueran la encarnación del mal. El gran maestre de Malta firmó el decreto de expulsión el 22 de abril de 1768, declarando que lo hacía en virtud de sus obligaciones feudales para con Nápoles.

El último acto tuvo lugar en el ducado de Parma, antiguo feudo de la Santa Sede (que los Borbones desde 1731 se negaban a renonocer). El duque Fernando de Borbón (1765-1802), sobrino de Carlos III, y su ministro Du Tillot, llevaron a cabo una política eclesiástica regalista y Clemente XIII protestó con el Monitorio de Parma (30 enero 1768), condenando las injerencias en asuntos considerados como eclesiásticos y declarando incursos en todos los anatemas posibles de la bula In coena Domini a sus ejecutores y a los que a ella se opusieran. La reacción de las cortes borbónicas fue inmediata. Parma decretó la expulsión de los jesuitas el 3 de febrero de 1768 y se amenazó al papa con invadir los Estados Pontificios si no retiraba el monitorio, aunque se contentaron con que Francia ocupase Avignon y el condado de Venaissin, y Nápoles las ciudades de Benevento y Pontecorbo. El conflicto internacional fue aprovechado por Carlos III de España, que restableció la pragmática del exequátur (se sometían a rigurosa censura previa del Consejo de Castilla todas las bulas, breves y demás despachos de Roma para juzgar si contenían nada contrario a las regalías), y se consumó la práctica incomunicación con Roma, una vez que la nunciatura se hallaba vacante a causa de la muerte del nuncio Lucini. La decisión española surtió efectos inmediatos. Nápoles, Módena, Milán y Viena se apresuraron a prohibir el Monitorio y la publicación de la bula In coena Domini. Y lo más decisivo, se acusó al general de los jesuitas de ser el inspirador del breve conminatorio y las cortes católicas formaron una coalición formidable, cuya meta se centró en lograr la extinción de los jesuitas. En enero de 1769 los embajadores de España, Francia y Nápoles pidieron al papa la supresión total de la Compañía. Clemente XIII se aprestó a la resistencia, pero pocos días después murió.

La actividad eclesiástica. Aunque el pontificado de Clemente XIII estuvo oscurecido por la expulsión de los jesuitas, también desarrolló una importante actividad eclesiástica, tanto luchando contra las nuevas ideas como impulsando la renovación religiosa. La lucha contra la Ilustración irreligiosa constituyó la primera fase de la restauración religiosa proyectada en 1758, y se tradujo en potenciar la actividad de la Congregación del índice, que en 1759 condenó L’esprit de Helvetius, la celebre Encyclopédie de D’Alembert y Diderot, y el émile de Rousseau (1671-1741); en 1761 condenó mediante un breve la Exposition de la doctrine chrétienne del jansenista Mésenguy en todas las lenguas y ediciones, lo que enfrentó a Roma con Nápoles y Madrid; y en 1764 lo hizo con la De statu Ecclesiae de Febronio, que había sido publicada el año anterior por el obispo coadjutor de Tréveris, Nicolás Hontheim (1701-1790) y defendía que la autoridad suprema en la Iglesia primitiva residía en los obispos y en el concilio. Aunque Roma incluyó el libro en el índice, los obispos alemanes se mostraron indecisos y más bien reacios a intervenir. Varios decenios duró la polémica suscitada por el libro, extendiéndose desde Polonia hasta Portugal y desde Nápoles hasta Bruselas. Aparecieron varias refutaciones de la obra, entre las que destacó por su solidez el Antifebronio del jesuíta Zacearía, que contribuyó a la renovación de la apología romana que se desarrolló en el último tercio del siglo xviii. Como los decretos del índice no tenían fuerza de ley en la mayoría de los países, Clemente XIII prohibió la lectura de los libros perniciosos para la doctrina católica e hizo una condena general de la «filosofía» y de la irreligión con la encíclica Christianae reipublicae de 25 de noviembre de 1766.

Como jefe espiritual de la Iglesia, en uno de sus primeros actos de gobierno recordó a los obispos el deber de residencia impuesto por el Concilio de Trento y los exhortó a mostrarse hombres de oración y de doctrina, padres de los pobres y ángeles de la paz (1758). Con la bula Cum primum de 17 de septiembre de 1759 renovó los antiguos cánones que prohibían a los clérigos el ejercicio del comercio y de la industria. Por la encíclica In dominica (1761) exhortó a los obispos a servirse del catecismo romano de san Pío V para instruir a los fieles en la doctrina cristiana. Promovió el culto a la eucaristía, puso a España bajo el patronato de la Inmaculada Concepción y otorgó al reino de Polonia y a la Archicofradía romana del Corazón de Jesús el rezo propio y la misa del Corazón de Jesús.

Durante su pontificado la situación financiera del Estado pontificio se agravó aún más por los muchos socorros que tuvo que distribuir entre sus súbditos durante la grave carestía de 1764. En 1766 nombró tesorero general a Braschi, futuro Pío VI, para que modernizara el sistema financiero y la economía en general. Suavizó el sistema penitenciario, fomentó los montes de piedad y reglamentó la biblioteca y el museo vaticanos. Prosiguiendo el embellecimiento de Roma, terminó la Fontana di Trevi y levantó la Villa Albani. Protegió al pintor Mengs y al arqueólogo Winckelmann, al que nombró comisario de antigüedades en 1763.

Clemente XIII, próximo ya a cumplir los 76 años, atacado repentinamente por una apoplejía, falleció en la noche del 2 de febrero de 1769. Con él desapareció el único baluarte que les quedaba a los jesuítas. Enterrado en la basílica de San Pedro, el escultor neoclásico Canova (1757-1822) levantó en su memoria uno de los más egregios y expresivos monumentos sepulcrales de la basílica vaticana.