Clemente XI (23 noviembre 1700 - 19 marzo 1721)
Personalidad y carrera eclesiástica. Juan Francisco Albani nació en Urbino el 3 de julio de 1649 en el seno de una familia noble del pequeño ducado, estrechamente ligada a la Santa Sede. Su abuelo poseía el título de senador romano y su padre era maestro de cámara del cardenal Franciso Barberini. En 1660 se trasladó a Roma para estudiar en el colegio romano, donde mostró un gran interés por las lenguas clásicas. En Urbino completó su formación con la licenciatura en derecho. De retorno a Roma frecuentó las academias, las bibliotecas y, sobre todo, el círculo de Cristina de Suecia. Bajo la protección del poderoso cardenal Barberini inició una rápida carrera curial: refrendatario de las dos Signaturas, gobernador de Rieti, de la Sabina y de Orvieto, y en 1687 secretario de breves. Al mismo tiempo gozó de dos canongías en San Pedro y en San Lorenzo. El 13 de febrero de 1690 Alejandro VIII le concedió el capelo cardenalicio. El nuevo cardenal fue miembro de diferentes congregaciones romanas y protector de órdenes religiosas. Asesor de varios pontífices, Inocencio XII le encargó la redacción de la célebre bula contra el nepotismo (1692), que tanta irritación causó en el sector más relajado de la curia.
Cuando a fines de septiembre de 1700 agonizaba el anciano papa Pignatelli, ya el rey Luis XIV tenía en Roma bien informados a varios cardenales franceses del modo como debían comportarse en el próximo cónclave, que se preveía de larga duración. Al atardecer del 9 de octubre, se encerró el colegio cardenalicio para deliberar sobre el futuro papa y, desde el primer momento, se vio que el partido más fuerte era el francés. Frente a él se hallaban los hispano-imperiales y, en el centro, los neutrales y el grupo de los zelantes. Los coloquios y manejos políticos se iban prolongando, cuando el 19 de noviembre llegó la noticia de la muerte de Carlos II de España. Ante la preocupación por la sucesión a la monarquía española, los zelantes lanzaron la candidatura del cardenal Albani, aplaudida por todos los partidos menos por los franceses, que al fin aceptaron. La elección pareció unánime, pero Albani se negó a ceñir la tiara. Instado por todos, decidió someter el caso a cuatro eminentes teólogos, que le respondieron que siendo unánime la elección debía aceptar. Aceptó el 23 de noviembre, fiesta de san Clemente, en cuyo honor quiso llamarse Clemente XI. Fue coronado el 8 de diciembre en San Pedro y el 10 de abril del siguiente año tomó posesión de San Juan de Letrán.
El nuevo papa, que sólo tenía 51 años, era un hombre culto y jovial. Dominaba las lenguas clásicas y se distinguía por sus dotes literarias e intelectuales. Su vida era un ejemplo de piedad y austeridad; diariamente celebraba la misa y visitaba las iglesias y hospitales de Roma con frecuencia. En los cargos curiales que había desempeñado había demostrado capacidad política. El único defecto que le achacaban algunos era cierta vacilación en tomar decisiones y lentitud en ejecutarlas, tal vez por desconfianza en sí mismo. Nombró secretario de Estado al cardenal Paolucci, persona competente y experimentada, en cuya fidelidad confiaba plenamente. Con igual acierto repartió otros cargos y oficios curiales y, aunque otorgó la púrpura cardenalicia a su sobrino Aníbal Albani en 1711, después de haberlo probado bien en diferentes misiones diplomáticas, nadie se atrevió a tacharlo de nepotista.
La guerra de Sucesión española. Graves problemas esperaban a Clemente XI y resolverlos a gusto de todos era imposible. Los primeros años de su pontificado estuvieron por completo bajo los nubarrones de la guerra de Sucesión española. Felipe de Anjou, de acuerdo con el testamento de Carlos II, fue coronado el 8 de mayo de 1701 en Madrid como rey de España; pero el emperador rechazó el testamento y alegó que su hijo, el archiduque Carlos, tenía los mismos derechos que Felipe V (1700-1746). Clemente XI se ofreció como intermediario para que no se llegase a la ruptura de las hostilidades y recomendó estricta neutralidad a los duques de Mantua, Módena y Parma. Pero todo fue inútil. Europa se dividió en dos bandos y se generalizó la guerra. En 1702 Felipe V desembarcó en Nápoles y pretendió que el papa, como supremo señor feudal de aquel reino, le otorgase la investidura oficial, cosa que también reclamaba el emperador para su hijo. Clemente XI tuvo que hacer equilibrios para mantenerse neutral, disgustando a unos y a otros.
En 1709 las relaciones de la corte española con Roma se complicaron (R. García-Villoslada, Historia de la Iglesia católica, IV, pp. 162-69). Clemente XI, tras vacilaciones y un cúmulo de presiones, parece que se vio forzado por los austríacos, que ocupaban buena parte de Italia, a reconocer al archiduque Carlos «por rey católico de aquella parte de los dominios de España que poseía, sin perjuicio del título ya adquirido y de la posesión de los reinos que gozaba el rey Felipe». Con este reconocimiento de rey católico de las regiones hispanas ocupadas se abría una situación nueva en España. Aunque el papa regateó el envío de un representante, no le quedó más remedio que ser consecuente y mandar un nuncio a Barcelona. España contaba, por tanto, con dos reyes y dos nuncios, uno en Castilla y otro en Cataluña. Felipe V reaccionó como era de esperar: ordenó al embajador español que saliera de Roma y expulsó al nuncio, signo de la ruptura formal de relaciones. El decreto de 22 de abril consumaba la nueva situación. Cerrada la nunciatura, que en España era mucho más que una simple representación diplomática, se hizo realidad momentánea el viejo anhelo regalista de retorno de la disciplina eclesiástica «al estado que tenía en lo antiguo, antes que hubiese en estos reinos nuncio permanente». La situación fue tanto más grave cuanto que se decretó la ruptura de toda comunicación con Roma, la prohibición de cualquier transacción dineraria y la exacción y custodia de los espolios, vacantes y otros efectos que se enviaban a la Cámara apostólica. Como instrumento de garantía y de control se estableció el «pase regio» en su acepción más rigurosa, de tal manera que todo documento procedente de Roma era secuestrado por el gobierno para su censura y «conocer si de su práctica y ejecución puede resultar inconveniente o perjuicio al bien común o al Estado». La ruptura de relaciones con Roma sólo afectó a la España controlada por Felipe V: se paralizaron las dispensas matrimoniales y Clemente XI se negó a confirmar a los obispos nombrados por Felipe V; en cambio, en los territorios controlados por el archiduque se concedían las dispensas y se confirmaba a los obispos que designaba.
La muerte del emperador José I (1705-1711) y el nombramiento de su hermano Carlos (1711-1740), el pretendiente español, como nuevo emperador, precipitó las negociaciones de paz, en las que se marginó casi por completo a los representantes romanos. El legado pontificio sólo encontró una respuesta dilatoria a las demandas del papa, que pedía, entre otras cosas, la ratificación del artículo cuarto del tratado de Ryswick (1697), a fin de que se garantizasen los derechos de los católicos en los territorios cedidos después de 1702 a príncipes protestantes. En el tratado de Rastadt (1714) se reconoció la petición de Clemente XI relativa al tratado de Ryswick, pero se tomaron medidas que no tuvieron en cuenta los derechos de la Santa Sede, como la asignación de Sicilia al duque de Saboya y de Cerdeña al emperador, y sobre todo el reconocimiento de una línea general que legitimaba la sucesión de príncipes luteranos en territorios católicos. La alocución pronunciada por el pontífice en el consistorio del 21 de enero de 1715, a la vez que elevaba una enérgica protesta por los tratados, demostraba también la debilidad de la diplomacia vaticana y el triunfo de la razón de Estado.
Finalizada la guerra y reconocido oficialmente Felipe V como rey de España, se buscó la forma de solucionar el contencioso con Roma. Isabel de Farnesio (1692-1767), nueva esposa de Felipe V, y Alberoni (1664-1752), lo facilitaron, y en 1717 se firmó un acuerdo, conocido como concordato, y con todas las previsiones de estabilidad (A. Mercati, Raccolta dei concordan, I, pp. 282-85). Pero este «mezquino ajuste» nació tan viciado en su origen (se dice que Alberoni condicionó su logro al capelo cardenalicio) que tuvo escasa fortuna. No costó mucho quebrar tan frágil acuerdo. En febrero de 1718 se volvieron a romper las relaciones por el irredentismo mediterráneo de la corte española. La tensión cedió cuando se registró la caída del mentor de todo, Alberoni (1719), y cedieron, aunque sólo de momento, los planes revisionistas españoles. En septiembre de 1721 se volvió a abrir la nunciatura y el pontífice confirmó las concesiones del ajuste de 1717.
La amenaza turca se renovó en diciembre de 1714 con la declaración de guerra a Venecia. El papa pidió ayuda a los soberanos católicos. Luis XIV, que murió poco después, no quiso romper su amistad con los turcos y el emperador Carlos VI, distraído en otros frentes, estuvo dudando. Los turcos se apoderaron de Morea y finalmente el emperador Carlos, satisfecho por los grandes subsidios concedidos sobre las rentas eclesiásticas y después de recibir garantías de que las posesiones italianas no serían invadidas por España, se decidió a firmar una alianza con Venecia (3 abril 1716), que en seguida dio resultados con la victoria del príncipe Eugenio de Saboya en Petrovardin en Hungría (5 agosto 1716) y el alejamiento de los turcos de Corfú. Siguieron otros pequeños triunfos de las flotas papal y veneciana antes de que el 16 de agosto de 1717 se librara en Belgrado la decisiva batalla, que forzó a los turcos a la paz de Passarowitz (1718), fin y remate de la potencia turca en Europa.
La condena del jansenismo. A comienzos del siglo xviii volvió a reproducirse el conflicto jansenita. La obra Un caso de conciencia (1701) replanteó la cuestión de la licitud del silencio obsequioso: ¿se podía absolver a un eclesiástico que aceptase sólo externamente la interpretación que daba la Iglesia a las proposiciones contenidas en el libro de Jansenio? Algunos obispos y cuarenta doctores de la Sorbona contestaron afirmativamente. Clemente XI, a petición de Luis XIV, publicó entonces, en 1705, la bula Vineam Domini, ratificando las respuestas de Inocencio X y de Alejandro VIII, que rechazaban como subterfugio la teoría del silencio obsequioso y reivindicaban para la Iglesia el derecho a condenar no sólo las doctrinas, sino a los autores que las defendían. La lucha no cesó. La asamblea del clero francés del mismo año declaró que aceptaba la bula, pero a la vez sostenía que los decretos de Roma tenían valor obligatorio únicamente cuando los reconocían y admitían los obispos. La resistencia se hizo muy fuerte, sobre todo en Port-Royal, y de nuevo cayó el entredicho sobre el monasterio (1707), hasta que el rey, harto del ruido que producían unas pocas monjas, las sacó de clausura y derribó el monasterio.
Mientras tanto el oratoriano Pascual Quesnel (1634-1719), que en Bruselas había recogido el último aliento de Antonio Arnauld, publicó a finales del siglo xvii una obra sobre los Evangelios titulada Reflexiones morales, que a pesar de estar impregnada de ideas jansenistas obtuvo la aprobación del arzobispo de París, Noailles. Clemente X, en 1675, y con mayor solemnidad Clemente XI, en 1708, prohibieron la obra, pero el arzobispo se negó a aceptar el decreto. Entonces la obra volvió a ser sometida en Roma a un examen riguroso, que terminó en una nueva y más solemne condena con la bula Unigénitas (1713), que censuraba en bloque más de cien proposiciones extraídas de las Reflexiones morales. La bula recogía de modo sistemático los diversos aspectos del jansenismo, condenando de forma definitiva e inequívoca la teoría de la predestinación de Jansenio, el rigorismo de Saint-Cyran y las tendencias reformadoras heterodoxas de todos los epígonos de Port-Royal. Noailles y otros obispos opusieron aún resistencia, alentados por la debilidad de la monarquía durante la regencia de Felipe de Orléans (1715-1723), indiferente y poco amigo de la Iglesia. Cuatro de ellos apelaron contra la bula al futuro concilio y el arzobispo de París, otros obispos, muchos eclesiásticos y ciertos miembros de la universidad parisina, les imitaron en su gesto. Francia quedó dividida entre dos facciones: los «apelantes» y los que aceptaron la bula Unigénitas. Ante el peligro inminente de un cisma, Clemente XI, con la bula Pastoralis officii, excomulgó en 1718 a los apelantes y confirmó todos los documentos publicados hasta entonces contra el jansenismo. No faltaron intentos de resistencia, pero la muerte de Quesnel (1719) privó al jansenismo de su último jefe y la fuerza de su oposición quedó muy debilitada. El mismo gobierno quiso liquidar por motivos políticos el viejo y engorroso asunto e hizo registrar como ley del Estado la bula Unigénitas, estableciendo disposiciones severas contra los recalcitrantes. Diez años después, se plegó por completo Noailles. Así agonizó el jansenismo como movimiento dogmático y moral.
Las misiones y los ritos chinos. En la historia de las misiones actuó Clemente XI con dudoso acierto (F. J. Montalbán, Historia de la misiones, Bilbao, 1952). En la controversia que desde principios del siglo xvii dividía a misioneros y aun a teólogos sobre la licitud de los ritos malabares y chinos, aprobados por Gregorio XV, prohibidos por Inocencio X y vueltos a aprobar por Alejandro VIII, llegaron a Roma quejas de una parte y otra que movieron a Clemente XI a tomar una decisión. Para evitar la condena los jesuítas lograron del emperador chino una declaración (preparada en realidad por los mismos padres), según la cual los honores que se tributaban a Confuncio y a los difuntos tenían un carácter meramente civil. Clemente XI no tuvo en cuenta este documento y prohibió en 1704 todos los ritos chinos, aunque, como estaba ya en camino hacia China un enviado suyo, Charles Tournon, no quiso publicar inmediatamente el decreto. Tournon no estuvo a la altura de la misión. En cuanto llegó a la India condenó los ritos malabares, como resabios de paganismo, y en China hizo lo mismo con los ritos chinos. Esta medida le grangeó la enemistad de los misioneros y le valió el enfrentamiento con el emperador, que se irritó al saber que el papa no había tenido en cuenta su declaración sobre el valor civil de los ritos en litigio. El emperador expulsó a Tournon de Pekín y dio orden de que en adelante sólo se tolerasen las actividades de los misioneros que reconociesen los ritos como lícitos. Tournon, en señal de protesta, condenó en enero de 1707 los ritos y murió poco después en Macao. Clemente XI aprobó lo hecho por su legado y ratificó en 1710 y de nuevo en 1715 solemnemente, con la bula Ex illa die, la prohibición de 1704. El emperador, enojado con Roma, expulsó de China a los misioneros, prohibió el culto cristiano y mandó destruir las iglesias católicas. De poco sirvió ya que Clemente XI enviara en 1721 a China otro legado, Mczzabarba, para reconciliarse con el emperador y hacer algunas concesiones a fin de superar las controversias de los misioneros sobre la compatibilidad de los ritos chinos con la religión cristiana.
En Roma y en sus Estados el papa se interesó por la ciencia, la literatura y el arte; enriqueció la Biblioteca Vaticana con preciosos manuscritos orientales e impulsó los trabajos arqueológicos. Clemente XI murió el 19 de marzo de 1721 y fue enterrado en la basílica de San Pedro. A su muerte dejaba una sociedad que se movía fundamentalmente por la razón de Estado y que se abría, por un lado, hacia el laicismo y el regalismo o jurisdicionalismo, y por otro, hacia la tolerancia y el pluralismo confesional.
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