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Todo ciudadano y todo gobernante está obligado a trabajar para evitar las guerras.
Sin embargo, «mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa» (GS 79,4).CCE Catechismus Catholicae Ecclesiae ®.
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