Capítulo 5. Proteger el matrimonio, el cimiento de la sociedad

Preguntas desafiantes

El matrimonio es cuestión de amor. ¿Acaso me estás diciendo que las personas homosexuales no pueden amarse tanto como las heterosexuales? ¿Por qué limitar a las parejas heterosexuales el derecho a casarse, manteniendo así la odiosa discriminación contra los homosexuales que sufren desde hace décadas? ¿Por qué la Iglesia defiende que una pareja sin amor de hombre y mujer puede educar mejor a un niño que una pareja del mismo sexo donde reina el cariño y la armonía? ¿Por qué, si muere uno de los dos cónyuges, se sigue pensando que la familia monoparental es un buen entorno para los hijos, y en cambio una pareja del mismo sexo no lo es? Ya hay muchas parejas homosexuales con hijos adoptados o de madres subrogadas: ¿no sería mejor dejar que se casen, para dar estabilidad a la unión y proteger a los hijos dentro de un marco legal adecuado? ¿Por qué los católicos pretenden imponer su visión del matrimonio a personas que piensan de otro modo?

El desmantelamiento del matrimonio como institución conyugal por parte del Estado es uno de los fenómenos políticos y sociales más rápidos y de mayor alcance de nuestra época. El primer país que permitió casarse a gais y lesbianas fue Holanda (2001), seguido de Bélgica dos años después, Canadá en 2005 –que redefinió el matrimonio como «la unión legal de dos personas con exclusión de todos los demás»– y España. Antes de que acabara 2010, Sudáfrica, Portugal, Argentina, Noruega, Suecia e Islandia habían seguido su ejemplo; en 2015 se sumaron Irlanda, México, Estados Unidos y Colombia; y en abril 2016, Italia. En el momento de cierre de este libro, tenía reconocimiento civil en veintidós países. Este avance imparable del matrimonio entre personas del mismo sexo (MMS) es el resultado no solo de la enérgica y sólida presión de los grupos de interés, sino del celo religioso de los políticos, artistas y líderes sociales que lo promueven. Es casi el cántico uniforme de los que desfilan bajo las banderas de la igualdad y la justicia, impulsados por la ética de la autonomía. Un ejemplo de este avance imperioso es lo que está sucediendo en México, donde el presidente Enrique Peña Nieto anunció a mediados de mayo de 2016 su propósito de redefinir el matrimonio en la Constitución y que incluya como matrimonio las uniones del mismo sexo, ignorando las masivas movilizaciones profamilia y la recogida de firmas muy por encima del mínimo legal, que habían tenido lugar pocos meses antes. El presidente ignoró la voz de los ciudadanos, para ir exactamente en la dirección contraria. Muchos analistas creen que, debido a su poca popularidad en el país, busca ya «amigos en el extranjero» y aplausos de lobbies internacionales. Las asociaciones profamilia han descrito a Peña Nieto como «un nuevo Santa Anna»: si aquel general vendió un tercio del territorio mexicano a Estados Unidos, Peña Nieto estaría vendiendo a ideologías con fuerte financiación extranjera un patrimonio más valioso aún para México y cualquier país: la familia.

Para sus defensores, el MMS es el último hito del movimiento por los derechos civiles. En la historia de emancipación de las personas homosexuales, que comenzó con la derogación de las leyes que criminalizaban los actos homosexuales, y siguió con la prohibición de la discriminación de las personas homosexuales en el ámbito laboral, el MMS es la llegada a la tierra prometida. Este marco es tan poderoso que todo el que cuestione el MMS debe ponerse a la defensiva, y tiene que empezar explicando que no es un fanático contrario a la igualdad, ni a las relaciones amorosas, ni a los derechos civiles de las personas homosexuales.

El marco parece coherente. El MMS es el resultado de una serie de conquistas legales desde el momento en el que se considera que comenzó la lucha organizada: los disturbios de Stonewall en 1969 en Estados Unidos. El 28 de junio de aquel año, cuatro policías de paisano irrumpieron en Stonewall Inn (un local donde la comunidad homosexual neoyorkina solía reunirse) e hicieron una redada, lo que provocó la ira de los allí presentes, que se revolvieron contra las fuerzas policiales. Esa revuelta es el origen de los actuales desfiles del Orgullo Gay en todo el mundo.

Desde entonces, las exigencias del movimiento por los derechos de los homosexuales han pasado de reclamar el derecho a ser protegido de la criminalización y la marginación –el derecho a la no discriminación, que la Iglesia apoyó y sigue apoyando– a la conquista de otros derechos: hereditarios, de visita en los hospitales, desgravaciones fiscales, pensiones, etc., generalmente a través de la unión civil. En muchos países el movimiento ha conseguido también la legalización de la adopción por parte de parejas homosexuales.

El MMS parece ser el último peldaño de esa escalera hacia los «plenos derechos» de los homosexuales. O, al menos, así se ha conseguido enmarcar. De hecho, la limitación del matrimonio al hombre y la mujer se ve como una forma de discriminación arcaica, y el MMS, como una conquista de la igualdad. Negarlo es suprimir un derecho humano. Oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo es considerado, en el mejor de los casos, como aferrarse a creencias y tradiciones religiosas obsoletas y felizmente superadas en el mundo avanzado; y en el peor, como manifestaciones intolerables de homofobia y odio. A la Iglesia, que se mantiene firme en su oposición al MMS, se le acusa además de tratar de imponer una visión religiosa del matrimonio a las leyes laicas.

Lo cierto es que, en 2016, menos del 15 por ciento de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas han aprobado el MMS. Para la gran mayoría del mundo, el matrimonio sigue siendo una unión entre hombre y mujer centrada en los hijos. Este era también el punto de vista, hasta hace solo unos años, del propio movimiento por los derechos de los homosexuales. La idea de un «derecho» de una pareja del mismo sexo a casarse no se le ocurrió a casi nadie durante las marchas por los derechos civiles de los años 50 y 60, ni existe tal «derecho» en carta alguna de derecho internacional, algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha señalado repetidamente.

Estos cambios han sido posibles porque el significado cultural del matrimonio se ha desmoronado en Occidente. Hasta la década de 1960, los hombres y las mujeres de todo el mundo se emparejaban, criaban a sus hijos conjuntamente y más o menos permanecían juntos durante toda la vida. A mediados de los años sesenta, coincidiendo con la revolución sexual, la situación cambia en Occidente, por la extensión del divorcio y por el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio.

La foto estadística de España relativa al divorcio tiene semejanzas con la de otros temas de cambio social: empiezan más tarde pero siguen un ritmo acelerado. Según las estadísticas oficiales sobre rupturas matrimoniales elaboradas por Eurostat, un 61 por ciento de las uniones acaban en ruptura, uno de los porcentajes de divorcios más altos del mundo. La progresión es intensa: por ejemplo, en 2014 aumentó el 7,2 por ciento respecto al año anterior. Hasta la fecha, la duración media de los matrimonios es de 15,8 años. Esas rupturas, unidas el hecho de que España es uno de los países europeos en los que hay menos matrimonios por habitante y en los que la gente se casa más tarde, no dan buenas señales de la salud de la familia española.

El segundo factor se refiere a los hijos fuera del matrimonio. En España la curva es incluso más empinada que la del divorcio: hemos pasado del 4,4 por ciento de nacimientos fuera del matrimonio en 1981 al 40,9 por ciento alcanzado en 2013.

Estas cifras muestran que el vínculo entre hijos y matrimonio parezca endeble, mientras que la generalización del divorcio y la infidelidad dificultan la conexión entre permanencia y fidelidad. Como el papa Francisco les dijo a los periodistas en mayo de 2014: «Los jóvenes ya no quieren casarse, o prefieren simplemente vivir juntos; el matrimonio está en crisis y por lo tanto la familia, también».

Ante el desmoronamiento de lo que la cultura entiende por matrimonio, no sorprende que se extienda la idea de que se debe avanzar hacia un nuevo modelo de matrimonio como «asociación», donde la complementariedad de género y la procreación –los elementos básicos del matrimonio– queden relegados a un segundo plano. Por eso los países donde predomina la ética de la autonomía han reconocido legalmente una versión desvirtuada del matrimonio que casi nada tiene que ver con la realidad antropológica originaria.

Por último, en el debate público actual se añade que hay que rechazar cualquier juicio moral sobre esta cuestión. Los valores religiosos no son aceptables en este campo, sería una interferencia intolerable. La autonomía de los individuos ha de ser el único criterio, y, por lo tanto, es imprescindible dar al MMS el mismo estatus legal que a las demás uniones, del tipo que sean. Pero, como el filósofo político Michael Sandel advierte, «no se puede argumentar en favor del matrimonio del mismo sexo sin realizar juicios de valor. Depende de una determinada concepción del telos del matrimonio, de su propósito o finalidad». Si el Estado concede al matrimonio especiales prerrogativas, es necesario que haya debate sobre las virtudes que honra y recompensa. «La cuestión moral subyacente –dice Sandel– es inevitable».

El debate sobre el MMS debe empezar con tres preguntas: ¿Qué es el matrimonio, y por qué el Estado debe apoyarlo? ¿Qué pasa cuando se redefine el concepto? ¿Y por qué oponerse a la aprobación de la MMS no es un acto injusto de discriminación?

Intención positiva

Los defensores del MMS invocan en su apoyo muchos valores positivos, empezando por la igualdad y la justicia: todos somos iguales ante la ley, y las minorías necesitan el reconocimiento y la protección del Estado. El matrimonio trata del compromiso y el amor, que el Estado y la sociedad deberían fomentar en todos los que quieran asumir ese compromiso.

El sentido del matrimonio

Hasta hace relativamente poco, Iglesia y Estado moderno pensaban sobre el matrimonio algo muy parecido. El matrimonio es una institución natural, anterior a la Iglesia y al Estado, reconocido y promovido por ambos por la misma razón: porque la institución conyugal beneficia tanto a los implicados como a su descendencia. En casi todas las culturas y épocas, el matrimonio ha sido visto como una forma de fomentar los vínculos heterosexuales, uniendo a mujeres y hombres para toda la vida para la crianza de los hijos por sus padres biológicos en un marco de permanencia y estabilidad, algo de suma importancia para todas las sociedades de todos los tiempos y en todos los lugares.

La Iglesia, como muchos otros, cree que el matrimonio es una institución fundamental para la sociedad. El matrimonio es una institución de interés público, y el Estado la protege y le concede algunos privilegios (modalidades fiscales ventajosas; pensión de viudedad u orfandad; continuidad en arrendamientos y en otros contratos; etc.) por los beneficios que aporta a la sociedad: un ambiente donde la humanidad nace, crece, se forma y es cuidada en tiempo de enfermedad y de vejez. El Estado no le concede un estatus especial por ser una relación sentimentalmente activa entre adultos, sino pensando en el futuro de la sociedad. Los «privilegios» jurídicos de los casados frente a otras relaciones se explican porque –como se dice de forma algo cursi pero expresiva– «han formado su nido».

Con otras palabras: al Estado no le interesa el «amor», sino su propio futuro: es un interés egoísta por su parte. Si no fuera así, ¿por qué motivo una pareja casada sin amor tiene más protección legal que una abuela enferma cuidada por su nieta amantísima?

De hecho, el Family World Map del 2016, que mide la salud de la institución familiar en 49 países de todas las regiones del planeta, que representan el 75 por ciento de la población mundial, muestra que el matrimonio es la mejor garantía de que los hijos se críen con los dos padres: los matrimonios no son las «parejas» que más hijos tienen, pero sí los que los educan conjuntamente.

Cierto es que los derechos y los deberes inherentes a la relación paternofilial existen también fuera del matrimonio: los hijos nacidos fuera de él tienen los mismos derechos que los otros, y sus padres tienen las mismas obligaciones frente a ellos. Pero es para el Estado como una red de seguridad, para que esos seres humanos recién llegados sean cuidados… por sus padres. La sociedad, desde siempre y en prácticamente todas las culturas, ha emitido un juicio de valor: lo mejor para los hijos es que nazcan y crezcan dentro de una familia. Y el Estado acepta ese juicio de valor universalmente aceptado.

La Iglesia ha apoyado y promovido siempre el matrimonio por todas esas razones. Tiene, además, una concepción teológica del matrimonio como un vehículo de la gracia de Dios, y por eso la Iglesia lo considera un sacramento. Pero esa concepción solo afecta a sus miembros, los bautizados. Cuando los obispos argumentan en contra de redefinir el matrimonio por ley, no quieren imponer «su» concepto de matrimonio, ni «proteger» los matrimonios de los católicos, sino como ciudadanos preocupados por defender los bienes sociales de la institución.

La Iglesia considera que el Estado debería continuar promoviendo el matrimonio conyugal, no porque rechace a quien se define homosexual o a cualquier otro grupo concreto de la sociedad, sino porque considera que el matrimonio es una institución conyugal, con rasgos precisos:

La familia es la unidad fundadora de la sociedad civil, el pilar fundamental de la

sociedad.

En el centro de la familia está la unión sexual de un hombre y una mujer, ofrecida

al otro por su bien y el de sus hijos.

El matrimonio conyugal proporciona el ambiente ideal e irremplazable para la

crianza de los hijos, que se benefician psicológica y emocionalmente y de tantas otras maneras; y por eso debería ser defendido y fomentado por el Estado.

Tanto la Iglesia como el Estado proporcionan acceso al matrimonio y lo regulan, pero ninguno de ellos tiene derecho a redefinirlo, porque ni la Iglesia ni el Estado lo han inventado, sino que lo han recibido. Ese derecho pertenece a la sociedad. Pero eso es lo que han hecho las autoridades públicas de los 22 países que han legalizado el MMS. Al reconocer como «matrimonio» la unión de dos personas del mismo sexo, han rechazado explícitamente la interpretación conyugal del matrimonio como una unión de marido y mujer con el cometido principal de engendrar y criar hijos.

Algunos hablan del MMS como del «matrimonio igualitario». Pero el matrimonio nunca ha sido «igualitario», en el sentido de que cualquier persona y en cualquier circunstancia pueda contraerlo. Amar a una persona no te da el derecho de casarte con ella a menos que cumplas una determinada serie de requisitos para proteger los bienes por los que la institución existe. Así, un hombre no puede casarse con una mujer que ya esté casada, ni una mujer que ame a dos hombres puede casarse con ambos, ni hermano y hermana pueden casarse entre sí.

Menos aún basta cualquier tipo de amor para acceder al matrimonio: una sobrina puede amar y ser amada por su tía, y decidir vivir unidos hasta que la muerte les separe, y no pasárseles por la cabeza casarse. No podemos, en nombre de la igualdad, permitir casarse a todos aquellos que se amen mutuamente a no ser que, por supuesto, nos pusiéramos de acuerdo en que el matrimonio no significa absolutamente nada.

Los Estados y las religiones han impuesto siempre restricciones al matrimonio, de manera razonada, con el objetivo de preservar la naturaleza, el significado y la función de la institución. Así, las parejas del mismo sexo no han podido acceder hasta ahora al matrimonio por ser una institución para la procreación; tampoco pueden los familiares (por los problemas genéticos de la consanguinidad). Tampoco las personas con impedimentos físicos o psicológicos que les impiden comprender y asumir sus obligaciones, lo que excluye a los menores de edad y a aquellos que no tienen pleno uso de sus facultades mentales. Otros son excluidos del matrimonio por otras razones: no puedes casarte si ya estás casado, no puedes casarte con más de una persona, y no puedes casarte por tres años y medio. Las exclusiones no son arbitrarias: el matrimonio ha excluido tradicionalmente la bigamia y las uniones del mismo sexo, así como las uniones polígamas y poliándricas.

En resumen, el matrimonio existe y es promovido por tres razones fundamentales: para fomentar los nacimientos y la crianza de hijos, para proporcionar el mejor entorno posible para que los niños crezcan, y para asegurar la cooperación entre hombres y mujeres en favor del bien común. Por eso es importante para la sociedad.

Esas razones nos hablan de la naturaleza intrínseca del matrimonio. Vivir juntos en una relación de compromiso no es criterio suficiente. Tampoco lo es estar involucrados sexualmente. Criar hijos juntos tampoco es suficiente para construir un matrimonio. De la misma manera, las uniones del mismo sexo, independientemente de su estatus moral, no pueden ser matrimonios porque carecen de una orientación esencial a los hijos; aun cuando existe un acto sexual, este no puede estar dirigido a la procreación.

La oposición de los católicos al matrimonio del mismo sexo no es esencialmente una postura religiosa, sino que se basa en la razón y en el derecho natural. El matrimonio es una institución social pública, creada y promovida al alimón por el Estado, las religiones y la sociedad civil, pues sirve a un bien social de gran alcance. Cada niño que nace ha sido creado por una madre y un padre, y todas las sociedades han considerado este hecho de tal importancia que el matrimonio –la institución que une a un hombre y una mujer para proporcionar a ese niño un entorno en el que crecer– ha sido elevado a la categoría de institución social.

La Iglesia considera que el Estado debería seguir comprometido con la concepción conyugal del matrimonio por la notable fuerza ejemplar que tiene la ley. Lo legal condiciona profundamente la cultura, y pronto lo legal se convierte en el paradigma ético social.

La estabilidad de las parejas de hombre y mujer que crían a sus hijos es la única razón por la que el Estado se interesa por el matrimonio y lo apoya. Por lo demás, como dijimos, las relaciones amorosas no son incumbencia del Estado. Esto se puede decir de otra manera: si el matrimonio deja de ser definido como conyugal, el Estado deja de tener una razón para promoverlo. La razón para hacerlo –para fomentar la unión biológica entre hombre y mujer, que da lugar al mejor entorno posible para los hijos– ha desaparecido. ¿Qué pasa, entonces, con los niños?

Los hijos, en el centro de la atención

Una relación conyugal es mucho más que una relación sexual; es una relación sexual que por su naturaleza –no siempre ni automáticamente, pues los hijos son un don; pero por regla general así es– genera hijos. Incluso cuando una pareja casada no puede tener hijos, siguen siendo capaces de ofrecer a un niño un hogar con una madre y un padre. El hecho de que una pareja concreta no pueda tener hijos –por la edad o por el drama de la esterilidad– no cambia el hecho de que los hombres y las mujeres puedan por naturaleza hacerlo. Cuando la ley restringe el matrimonio a un hombre con una mujer, está reconociendo ese hecho.

Manteniendo el matrimonio conyugal, el Estado reconoce que los hijos criados por sus padres biológicos están en una posición excepcionalmente ventajosa. A los hijos les va mejor cuando son criados por sus propios padres en un contexto de permanencia y estabilidad. Tal y como han demostrado interminables estudios, los niños criados en hogares de padres casados poco conflictivos tienen menos probabilidad de sufrir pobreza infantil, abuso físico y sexual, o mala salud física o mental. Son menos propensos a tomar drogas, cometer crímenes, sufrir desventajas en el ámbito laboral o convertirse en padres solteros o divorciados.

Las contundentes pruebas proporcionadas por las ciencias sociales respaldan firmemente la idea de que la estructura familiar importa, y que lo mejor para los hijos es ser criados por su propia madre y por su propio padre en un matrimonio estable y poco conflictivo. No es solo la presencia de unos padres, sino la presencia de dos padres biológicos –e incluso la de hermanos biológicos– lo que mejor contribuye al desarrollo de los hijos. «El matrimonio no solo aporta beneficios económicos, sino también sociales, posibilitando que los hijos crezcan y sean más exitosos de lo que podrían serlo de otra manera», señalan Ron Haskins e Isabel Sawhill.

Por eso, a la sociedad en su conjunto le interesa que el mayor número posible de niños sean criados de esta forma y ha tenido siempre políticas activas en esa línea, para fomentar ese resultado por todos los medios a su alcance. En contraste, el MMS manda el mensaje contrario: los hijos no necesitan a un padre y una madre, y si los «productos» del esperma y óvulo de unas personas no son necesariamente los hijos de uno mismo, ¿por qué el sexo y la crianza de hijos han de tener lugar dentro del matrimonio? El «matrimonio» del mismo sexo elimina de la ley y debilita en la cultura el ideal de que los hijos deben ser concebidos, nacidos y criados por sus padres biológicos unidos en matrimonio.

Por supuesto, el matrimonio no existe únicamente por los hijos; las personas no se casan únicamente con el propósito de tener hijos. Hay muchos bienes sociales fomentados por el matrimonio: compromiso, fidelidad y estabilidad, por ejemplo. Pero son bienes para los hijos en primer lugar, y la razón por la que el Estado promueve el matrimonio es porque el matrimonio es mejor para los hijos.

Algunos objetan que la realidad ahora es muy diferente: que de hecho el matrimonio se ha descompuesto, hasta el punto que nacen fuera del matrimonio al menos tantos hijos como dentro de él. Para el Estado, promover el matrimonio sería como poner rejas en las ventanas cuando los ladrones ya han entrado y se han llevado lo que había de valor. Pero ese sería un argumento para que el Estado se desentienda totalmente del matrimonio, no para que lo debilite redefiniéndolo como una mera asociación. Y ese no es el argumento que utilizan los gobiernos que han aprobado el MMS, que lo describen como una decisión en favor de fortalecer el matrimonio.

Algunos defensores del MMS aceptan la premisa de que el matrimonio beneficia a los hijos, y lo justifican precisamente en razón de los niños que están siendo criados actualmente por parejas del mismo sexo. Ese matrimonio, reivindican, es necesario para protegerlos.

Pero los niños son criados de muchas maneras diferentes; este no es un argumento para cambiar el matrimonio. Cuando el Estado promueve el matrimonio (conyugal) como algo extraordinariamente beneficioso para los hijos, no expresa una desaprobación oficial de los otros miles de maneras de criar a los hijos en circunstancias menos ideales, la mayoría de las veces con gran amor y cuidado, por padres solteros, padres divorciados, padres adoptivos, tíos y abuelos, y también por parejas del mismo sexo.

Lo prioritario en la perspectiva cristiana es la atención de los niños, y cuando se ven niños huérfanos sucios y abandonados, que mendigan y son presa fácil de la prostitución, lo importante es que alguien les cuide. Así lo explica el escritor Juan Manuel de Prada: «Francamente, entre un niño abandonado a su suerte y un niño atendido por una pareja de hombres que le dispensan su cariño, me quedo con la segunda alternativa: es cierto que ese niño nunca tendrá una madre en el sentido estricto y cabal de la palabra; pero del otro modo quizá no tenga futuro, ni posibilidad de redención (…). Nadie discutirá que lo idóneo para un niño es disponer de un padre y madre de sexos diferenciados; pero entre esa posibilidad ideal y una aciaga condena a la orfandad y el desamparo, prefiero que el niño disponga de dos padres o dos madres».

La equiparación de las uniones del mismo sexo al matrimonio, en cambio, convierte la excepción en la regla general. La ley debe promover lo mejor, y tener la suficiente flexibilidad para permitir soluciones imperfectas, pero sin promoverlas. Sería insensato negar que en todos estos casos los niños se ven privados de lo necesario para un desarrollo psicológico sano. La ley defiende los intereses de los niños. Lo mejor para ellos no es una pareja del mismo sexo, ni una madre o padre soltero, ni unos padres divorciados, por mucho que les quieran. Algunos defensores del MMS afirman incluso que las madres y los padres son prescindibles en la vida de un niño, pero nadie se cree eso cuando se produce el abandono, el divorcio o la muerte de un padre, dejando un vacío en la vida del hijo o la hija.

Algunos citan estudios que tratan de demostrar que los hijos criados por parejas del mismo sexo tienen los mismos resultados que aquellos criados por un padre y una madre. Casi todos esos estudios tienen un alcance extremadamente limitado, están basados en ejemplos seleccionados y no son longitudinales, esto es, no hacen un seguimiento del bienestar de los niños a lo largo del tiempo, y se basan en muestras minúsculas. Cuando se hacen bien los estudios, dicen lo contrario.

El sociólogo estadounidense Paul Sullins realizó una encuesta a 512 niños con padres del mismo sexo, y los resultados de ese estudio fueron publicados en 2015. Los datos muestran que «los problemas emocionales se dan el doble de veces en hijos de padres del mismo sexo que en hijos de padres del sexo opuesto», y estos incluyen mal comportamiento, angustia, depresión, malas relaciones con sus compañeros e incapacidad para concentrarse. «Ya no se puede sostener», concluye Sullins, «que ningún estudio haya revelado que los hijos de familias del mismo sexo están en desventaja con respecto a aquellos pertenecientes a familias del sexo opuesto». Sullins demostró lo que para la mayoría de las personas es obvio: que los padres de distinto sexo proporcionan un mejor ambiente para los hijos. «La paternidad biológica marca una clara y excepcional diferencia en los resultados de desarrollo infantil entre los niños con padres de distinto sexo y aquellos con padres del mismo», escribe. «El beneficio primordial del matrimonio para los hijos, por tanto, no está en que suela obsequiarles con mejores padres (más estables, acomodados económicamente, etc., aunque lo hace), sino que les proporciona a sus propios padres».

Querer a un niño es una cosa, y querer a un hijo con un amor que le proporcione la estructura necesaria es otra. El niño necesita una genealogía clara y coherente. En el caso de un padre soltero, el niño extraña la falta del padre o la madre. En el caso de una pareja del mismo sexo, los hijos son privados de la oportunidad de relacionarse por igual con el otro sexo. Lo relevante para el bienestar de un niño no es la orientación sexual de las personas que lo crían, sino su complementariedad sexual. Ser padre o madre no es una mera función afectiva, cultural o social; la paternidad implica diferencia sexual.

Desgraciadamente, la ética de la autonomía quita a los niños de la ecuación: la decisión de conceder el reconocimiento legal del matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo solo ha de beneficiarles a ellos. Las consecuencias para los demás y para la humanidad en general son totalmente irrelevantes.

Por qué el MMS no es una buena idea

En los epígrafes anteriores hemos desarrollado las razones de por qué el Estado debe favorecer el matrimonio, pensando en los hijos. Ahora veámoslo esquemáticamente desde el otro punto de vista: por qué las razones aducidas para el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo no son concluyentes.

Los defensores del MMS se apoyan en cuatro argumentos.

En primer lugar –dicen–, ese reconocimiento pone punto final a una multisecular discriminación: es una cuestión de derechos civiles. Todos menos ellos tenían el derecho a acceder al matrimonio, y con el MMS cae esa barrera discriminatoria.

Sin embargo, ese modo de argumentar tiene poco sentido. El MMS no crea un acceso igualitario al matrimonio, ni lo abre a todos: seguiría estando restringido a dos personas en lugar de tres, a parientes cercanos, a los ya casados, etc. Franjas enteras de población sin los requisitos legales no pueden casarse.

No hay nada discriminatorio en basarse en distinciones verdaderamente relevantes. Igualdad no es uniformidad y distinción no es discriminación. Una pensión diseñada para mejorar la situación de la tercera edad excluye necesariamente a los jóvenes; una exención fiscal para una empresa que se establece en un área deprimida no es aplicable a aquellas que no lo hacen, etc. «Declarar la heterosexualidad como requisito para el matrimonio no es discriminar», escribió en 2010 el cardenal Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, «sino partir de un hecho objetivo… El matrimonio se funda en la unión complementaria de un hombre y una mujer, cuyas naturalezas se enriquecen por lo que conlleva esta diversidad radical».

La segunda línea de argumentación es que una unión de personas del mismo sexo es igual en todo a un matrimonio: se basa en el amor, es permanente y puede ser fructífera.

Este modo de razonar olvida que el estatus especial del matrimonio no tiene que ver con el amor como tal (cuando dos cónyuges dejan de amarse, no desaparece el matrimonio), ni mucho menos con el sexo: al Estado le resulta completamente indiferente lo que se hace y con quién se hace. La protección pública se justifica porque el matrimonio es el mejor modo de favorecer que los seres humanos tengan hijos, los críen y los eduquen. Los tres rasgos del matrimonio –fecundidad, fidelidad y permanencia– van juntos. Es cierto que no todos los matrimonios tienen hijos, y que a veces se rompen. Pero eso es inevitable: el Estado no tiene que asegurar que tienen hijos y se mantienen unidos a la fuerza, sino que su papel es favorecerlo del único modo que le cabe: promoviéndolo con incentivos, pero sin forzar a las personas.

En tercer lugar, se dice, el MMS pondrá fin a situaciones injustas en las que se ven inmersas las parejas del mismo sexo. Sería como una solución justa a problemas sociales apremiantes.

Este argumento se apoya en la necesidad –compartida por la Iglesia– de que hay que proteger a todos de cualquier discriminación. Pero ¿estamos seguros de que existe esa discriminación siempre y en todos los lugares? En Occidente, al menos, los datos empíricos (sueldos, capacidad adquisitiva, acceso a puestos de responsabilidad, prestigio social, etc.) no lo corroboran. Pero, si así fuera, o donde sí las hubiera, entonces hay otros procedimientos para evitar situaciones injustas. Además, la propuesta no es satisfactoria, puesto que abriría nuevas vías de discriminación: ¿por qué abrirlo a esas parejas, y no a otras situaciones que merecen apoyo público, como la de dos hermanas ancianas que viven juntas, un abuelo y su nieta huérfana, etc.? ¿Hay menos amor y menos permanencia en esas situaciones que en las parejas del mismo sexo?

En cuarto lugar, se dice, el único motivo para estar en contra del MMS es desaprobar la homosexualidad. «No nos engañemos –dicen–, a los cristianos os parece mal, y por eso os oponéis; pero no deberíais imponernos vuestros dogmas. Si no queréis acogeros a esa posibilidad, allá vosotros, pero no nos lo impidáis».

Este tipo de razonamiento está viciado por dos motivos. En primer lugar, priva de un plumazo a los creyentes de decir lo que piensan sobre cualquier asunto público. De golpe y porrazo, se afirma que los ateos y agnósticos son ciudadanos de primera clase, y quienes tienen valores religiosos son de segunda clase: no tienen derecho a defender sus opiniones en la esfera pública. Es el polo opuesto de la democracia: una persona, un voto. No imponen su voluntad, dicen lo que piensan en una sociedad libre, y nadie debería decir a otro que se calle.

En segundo lugar, que alguien sostenga una opción por motivos religiosos no quiere decir que sea un capricho injustificado, más bien al contrario: saben justificar sus razones de manera racional y razonable. Sucede más bien lo contrario: la exposición de los argumentos de los cristianos contra el MMS se basa mucho más en la razón (hablan de antropología, de la esencia de la sexualidad humana, de las consecuencias en las personas y en la sociedad, etc.) que la de sus defensores, que en lugar de razonar utilizan descalificaciones («discriminación», «homofobia», «odio», etc.) simplemente porque, con educación y sin levantar la voz, les dicen que no están de acuerdo.

Además, la diferencia entre las relaciones homosexuales y el matrimonio no la ha inventado el cristianismo, ni la defienden solo los católicos. La oposición al MMS no es un modo de criticar la homosexualidad, sino de proteger el matrimonio. El MMS cambia radicalmente la naturaleza de la institución: exige al Estado que declare que el matrimonio ya no es una institución conyugal, basada en la unión de un hombre y una mujer para la crianza de sus hijos biológicos, sino un mero contrato entre dos personas que dan su consentimiento. Si fuera así, las razones para que el Estado proteja el matrimonio caen por no tener ya fundamento.

Consecuencias de renunciar al matrimonio

Uno de los datos sorprendentes acerca del MMS –que se presenta como si fuera la llegada a la tierra prometida– es el reducido número de personas homosexuales que lo contraen. A pesar de la intensa y festiva cobertura mediática de las primeras parejas que aprovechan el reconocimiento legal en cada país, su número es universalmente pequeño. En Holanda, el primer país que legalizó el MMS, solo el 12 por ciento de las parejas del mismo sexo que convivían se había casado en 2005, frente al 82 por ciento de las parejas heterosexuales. En España, con 46 millones de habitantes, se celebran en torno a 3.100 matrimonios homosexuales cada año, tras un pico de 4.300 matrimonios el primer año (2006); y constituyen el 2 por ciento de todos los matrimonios. En el Reino Unido, una nación de 60 millones, solo 1.400 parejas del mismo sexo se apresuraron a casarse en los meses posteriores a la entrada en vigor de la redefinición del matrimonio en 2014.

De acuerdo, son pocos. ¿Pero son al menos un buen ejemplo de longevidad y compromiso? Donde hay datos disponibles la evidencia demuestra lo contrario. En Holanda y Bélgica, la tasa de divorcio entre las parejas del mismo sexo es muy superior a la de las parejas en su conjunto. El caso de Bélgica es particularmente llamativo: las parejas del mismo sexo masculinas son un 21 por ciento más propensas a divorciarse que las parejas heterosexuales, mientras que las parejas casadas de lesbianas tienen un asombroso 76 por ciento más de probabilidades de divorciarse.

La inestabilidad de las parejas de mujeres ha sido registrada por las cifras durante largo tiempo: en el Reino Unido, las relaciones entre lesbianas suponen el 44 por ciento de las uniones civiles del mismo sexo pero el 62 por ciento de las disoluciones, mientras que, en Suecia, el 30 por ciento de los matrimonio femeninos tienen probabilidad de acabar en divorcio dentro de los primeros seis años de su constitución, frente al 20 por ciento de los matrimonios masculinos del mismo sexo y al 13 por ciento de los heterosexuales.

Algunos suponen que el MMS puede coexistir junto al matrimonio tradicional casi como una institución paralela, o como un pequeño subgrupo dentro del matrimonio; y que su falta de permanencia no afecta a los matrimonios conyugales. El MMS sería un beneficio para unos pocos, que no hace daño a nadie, tampoco si es muy inestable.

Pero no es así: la sociedad tiene como referencia las normas culturales, que en parte se reflejan en la ley y en parte son determinadas por ella. Al redefinir el matrimonio, la ley afirma que el matrimonio tiene más que ver con las uniones emocionales y sexuales que con la unión biológica o los hijos. Dado que no hay ninguna razón por la que la amistad debería ser permanente, exclusiva o limitada a dos personas, el MMS significa que las normas tradicionales del matrimonio de permanencia, exclusividad y monogamia tienen poco sentido: son solo exigencias que se mantienen por la pura inercia de la tradición.

En ese sentido, el matrimonio homosexual no lleva automáticamente a exigir la legalización de la poligamia, pero dificulta enormemente argumentar en su contra. Si se ha abandonado la concepción conyugal del matrimonio y se ha sustituido por una concepción basada en la compañía entre adultos, ¿por qué negar la extensión de licencias matrimoniales a uniones polígamas y poliándricas? De hecho en Holanda y Brasil se han levantado ya voces exigiendo el reconocimiento legal de las uniones de tres personas, en Canadá se han propuesto las uniones temporales, y en el Reino Unido se empieza a hablar de poligamia.

La jurista musulmana y profesora de la Universidad de Birmingham Zainab Naqvi señala que la tradicional definición legal de matrimonio como «unión voluntaria para toda la vida de un hombre y una mujer con exclusión de cualquier otro» ya no es válida: ninguno de sus elementos permanece. Por tanto, sugiere completar la transformación y reconocer las relaciones plurales. «Las mujeres musulmanas sufren porque sus matrimonios polígamos no tienen reconocimiento legal; y, sin protección de la ley, las segundas esposas son ciudadanos de segunda clase y están socialmente estigmatizadas». La abogada inglesa explica que muchas mujeres se sienten realizadas en una relación polígama. Por tanto –concluye–, «si la igualdad de género tiene un significado real, debería apoyar y no marginalizar a las mujeres, independientemente del tipo de matrimonio que elijan». El razonamiento de Naqvi es de una lógica interna aplastante, imparable desde el MMS.

A primera vista, el MMS parece extender los beneficios del matrimonio a todos; pero, a largo plazo, los reduce radicalmente. El efecto principal del MMS es la aceleración del declive del matrimonio, y a continuación todo lo demás cae como fichas de dominó: menos personas formarán una familia; habrá menos niños criados por sus padres biológicos, y el Estado tendrá que desempeñar un papel aún más importante en su salud, educación y bienestar. En un momento en que se alzan numerosas voces para reducir el control y la invasión del Estado en nuestras vidas, entra por la ventana una nueva función estatal: criar a los niños.

El MMS consolida y acentúa así la destrucción de la familia como institución social que aúna amistad, compañía, parentesco emocional y amor, la crianza de los hijos, su protección y cuidado y su incipiente educación y construcción de su identidad y su historia. El MMS significa que casi todo lo que una vez unió el matrimonio ha sido ahora excluido. El sexo se ha desvinculado del matrimonio, el matrimonio de la procreación, y el tener hijos de engendrarlos. Estas tendencias ya eran evidentes antes del MMS, como resultado de la fecundación in vitro, el control de natalidad y la ética de la autonomía; pero el MMS las refrenda y consolida.

El resultado es una nueva forma de pobreza en humanidad. La sociedad se divide otra vez en clases, como no se había visto desde el siglo diecinueve: aquellos que tienen el privilegio de crecer en una comunidad afectiva y estable con las dos personas que los trajeron al mundo serán, en promedio, más sanos físicamente y emocionalmente, les irá mejor en la escuela, tendrán mejores trabajos y relaciones más exitosas, serán más felices y vivirán más.

Un segundo efecto de ese encuadramiento es que la defensa de la visión tradicional del matrimonio acaba percibiéndose como una postura cercana al fanatismo y a la intolerancia. En cuanto el MMS se convierte en política oficial del Estado y de los organismos públicos, afirmar que no importa si un niño es el fruto de la unión biológica de un padre y una madre o si es criado por una pareja del mismo sexo se transforma en dogma. Nadie podrá defender ningún modelo de crianza de los hijos como ideal, y sugerir lo contrario será «discriminatorio» y una muestra de «intolerancia dogmática».

La pretensión de cambiar la realidad alcanza también al lenguaje. En España, por ejemplo, se ha cambiado la ley para erradicar las palabras «padre» y «madre», y que toda mención en documentos oficiales (por ejemplo, los certificados de nacimiento) aparezcan los términos «Progenitor A» y «Progenitor B», pues no incluyen «valoraciones morales a priori» de cómo debe ser el hogar.

En efecto, tras la legalización del MMS viene la «homogeneización social». El sociólogo Brendan O’Neill describe así ese proceso: «El lobby del matrimonio gay, y los más amplios círculos políticos y mediáticos que lo favorecen, prefieren no hablar de que, en cada legislación en la que se ha introducido, el matrimonio gay ha sido fuertemente ayudado por el autoritarismo y la coerción».

En unos casos, la coerción es «blanda»: al tachado de homófobo se le da a elegir entre cambiar sus ideas o quedarse sin un puesto respetable en la sociedad. En otros casos, se exige al Estado que castigue ejemplarmente a los que no quieren proporcionar sus servicios a bodas gay (como ha sucedido en varios países, en que pasteleros, peluqueros y restaurantes han sido multados por negarse a colaborar con una boda gay). Una vez que la nueva y «tolerante» definición de matrimonio se convierta en la postura oficial del Estado, sea aceptada por todos los funcionarios públicos, quienes discrepen se enfrentarán a demandas por discriminación o a la retirada de fondos públicos para sus iniciativas de interés social.

El escritor inglés explica que este clima intolerante no es culpa de algunos zelotes pasados de rosca, sino que se debe a que «el matrimonio gay no tiene que ver realmente con ampliar la igualdad, y mucho menos la libertad; hay que verlo más bien como el mecanismo principal con el que la sociedad moderna desafía las normas culturales tradicionales».

«El matrimonio gay –escribe O’Neill– es el mecanismo perfecto a través del cual nuestras élites relativistas y pos-tradicionales pueden a la vez denigrar sutilmente los antiguos valores y también imponer un conjunto de nuevos valores, dirigidos a presentar como problemática la vida familiar y matrimonial tradicional, y como buenas unas relaciones humanas más individualistas y cambiantes. Y precisamente porque se trata fundamentalmente de erradicar los viejos valores morales y de imponer unos nuevos, su actitud raya continuamente en la coacción, con una hostilidad hacia sus oponentes que tiende a amenazarlos, no solo como equivocados o molestos, sino como verdaderos enemigos ideológicos que se oponen al intento de la élite de imponer una nueva moral».

Hemos pasado de despenalizar la homosexualidad, a santificarla. En un breve período de tiempo, la homosexualidad ha pasado de ser un delito a ser posiblemente el modo de vida más celebrado en las modernas naciones de Occidente. Y, en consecuencia, los que no están dispuestos a sumarse a la celebración solo pueden esperar censura o alguna otra forma de castigo, incluso legal.

La ley y las políticas públicas terminarán reflejando cada vez más una descripción desvirtuada y angosta del matrimonio, reducida a mera asociación de ámbito doméstico. Al rebajar el significado del matrimonio ante la sociedad, privarle de sus particularidades y quitarle importancia, el MMS dificulta aún más que las generaciones futuras se den cuenta del valor del matrimonio. Desestabiliza el fundamento jurídico del matrimonio, haciendo más difícil comprender por qué, si se ha eliminado un elemento esencial del matrimonio, el resto debería permanecer. Y dificultará aún más, con el paso del tiempo, que los niños sean criados como se merecen, como sería de justicia: por un padre y una madre que mantienen una relación estable, comprometida y sexualmente exclusiva y excluyente.

Familia, religión y sociedad

Paradójicamente, la concepción de la familia acorde con la naturaleza conyugal del matrimonio no solo beneficia a la sociedad, sino que incluso protege a las religiones. Algunas Iglesias cristianas –entre ellas, la Iglesia católica– han actuado como un dique frente a la marea deshumanizadora de la cultura occidental. Pero también ha sucedido lo contrario: las religiones que han defendido la familia han florecido y ha crecido el número de adeptos.

La investigadora norteamericana Mary Eberstadt habla de una «doble hélice de familia y fe». Para esta autora, el cristianismo en su versión original llevaba consigo un código sexual claro, más estricto que el de otras religiones, que permaneció intacto más o menos hasta la Reforma protestante. Uno de los primeros cambios introducidos por los reformadores fue precisamente el divorcio, y ese cambio debilitó el cimiento en el que se basaban las nuevas Iglesias reformadas:

«En sus esfuerzos por atraer a los individuos que deseaban un relajamiento de la

doctrina cristiana, las Iglesias se fueron olvidando de proteger sus bases: las familias

sanas cuyos miembros se debían reproducir, en el sentido literal y en el figurado de

transmitir la religión».

El historiador canadiense Roderick Phillips explica que la reforma protestante, guiada por Lutero y Calvino, rechazó la doctrina católica acerca del matrimonio, e inició un proceso de relajación progresiva: primero, el reconocimiento del divorcio en casos excepcionales; luego, su generalización posterior, acompañada de la atenuación del estigma social y religioso asociado al divorcio; para terminar en la Conferencia Luterana Evangélica de 2002, que decidió que los divorciados pueden volver a casarse por la Iglesia, borrándose así cualquier mancha que pudiera quedar.

Comenta Eberstadt que ese fenómeno «muestra una pauta que aparece con claridad una y otra vez en la historia del experimento que he bautizado como “cristianismo light”: primero se hacen excepciones limitadas a la regla; luego, esas excepciones ya dejan de ser limitadas y se convierten en la norma; por fin, esa nueva norma se consagra como algo teológicamente aceptable». Lo mismo sucedió con la calificación moral de los anticonceptivos, el aborto y los actos homosexuales.

En lo que se refiere a la Iglesia anglicana, la trasformación se produjo por la fuerza de la cadena lógica que va desde la aceptación ocasional de la anticoncepción hasta la celebración de la homosexualidad. Por ejemplo, Robert Runcie, arzobispo de Canterbury y primado anglicano entre 1980 y 1991, explicó que su decisión personal de ordenar a hombres homosexualmente activos se basó en que la Iglesia anglicana había aceptado en la Conferencia de Lambeth de 1930 que la actividad sexual era para el deleite humano, una bendición incluso al margen de la idea de la procreación. A partir de ahí, concluía el primado, «¿qué ocurre con las personas entregadas a la expresión homosexual, incapaces de expresarse heterosexualmente?».

De manera parecida, la Iglesia Luterana Evangélica de América ha demostrado que es imposible sacar un hilo de la trama moral sin sacar también los demás. En 1991, afirmó oficialmente que el aborto, considerado como un grave pecado casi universalmente a lo largo de la historia cristiana, podía ser una opción moralmente responsable en ciertas circunstancias.

El revés de la trama confirma la unión entre religión y familia. La opinión que las Iglesias tienen de la familia es también el secreto de su solidez y vibración espiritual. En Estados Unidos, episcopalianos, luteranos y las demás Iglesias protestantes mayoritarias (la Iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, la Iglesia unida de Cristo, la Iglesia metodista unida y la Iglesia bautista americana) están amenazadas por la misma suerte: menos práctica religiosa, especialmente de jóvenes, menor financiación, y desplome del número de misioneros (una excelente medida de la vitalidad de la fe). Incluso los trabajos sociales por los que han sido conocidas las Iglesias cristianas también disminuyen: el voluntariado había bajado un impactante veintiuno por ciento desde 1998.

No sucede lo mismo con las Iglesias que no han rechazado el código moral tradicional, sino que se han aferrado a él: los mormones, las Iglesias evangélicas de corte tradicional, los pentecostales, las Iglesias anglicanas de eso que ahora se llama el Sur global (y, añade Eberstadt, «amplios sectores de la Iglesia católica»), que defienden tenazmente las enseñanzas morales del cristianismo contra el paganismo de sus propias sociedades y también contra los cristianos reformistas secularizados de Occidente.

Jonatan Sacks, gran rabino de Gran Bretaña, afirmó: «Europa se muere. Estamos sufriendo el equivalente moral del cambio climático, pero de este no habla nadie. Miren donde miren hoy en todo el mundo, se trate de cristianos, judíos o musulmanes, encontrarán que, cuanto más religiosa es una comunidad, más numerosas son, de media, las familias».

Estas lecciones de historia parecen desprender una lección para las distintas confesiones religiosas: «Protege el matrimonio, y el matrimonio te protegerá a ti».

MARCOEXISTENTE

El matrimonio homosexual es el último capítulo de la emancipación de las personas homosexuales. Permitir que las personas homosexuales se casen es una cuestión básica de igualdad, y aquellos que se oponen a su derecho a hacerlo están a favor de la discriminación. La Iglesia no acepta a las personas homosexuales y por tanto está en contra del matrimonio homosexual, pero ¿qué derecho tienen los cristianos a dictar nuestras leyes? Los homosexuales hoy en día tienen relaciones amorosas estables y la mayoría tiene hijos. ¿Por qué se les debería negar la legitimidad y aprobación social que conlleva el matrimonio? ¿Por qué deberían ser ciudadanos de segunda clase?

REFORMULACIÓN

La discriminación de las personas homosexuales está mal, pero no se combate eliminando de la ley la naturaleza conyugal del matrimonio.

El Estado ha mantenido y promovido el matrimonio por los beneficios extraordinarios e irremplazables que supone que los niños sean criados por sus padres biológicos, tanto para los mismos niños como para la sociedad en su conjunto. Si ahora el Estado redefine el matrimonio de tal manera que ya no es la unión entre un hombre y una mujer, sino una mera asociación, ya no lo promueve, sino que de hecho lo debilita. El significado y propósito público del matrimonio desaparece; el matrimonio se convierte en una simple relación sentimental consentida entre adultos; la paternidad pasa a ser concebida únicamente como un fenómeno legal por el que se elige quién es responsable de un niño. La función social que el matrimonio desempeña en la sociedad –procurar a los hijos una madre y un padre biológicos– se perdería.

La Iglesia no pretende imponer una visión teológica del matrimonio; respeta el matrimonio civil. Pero no puede quedarse callada cuando se perjudican los intereses de los niños y el bien común de la sociedad con el falso pretexto de combatir la discriminación.

MENSAJESCLAVE

La campaña en favor del matrimonio homosexual no es una reivindicación para

que el matrimonio se extienda a las personas homosexuales, sino para que se

redefina y se desvincule de la procreación y la crianza de un hijo por sus padres

biológicos. Al convertir el matrimonio en una simple asociación, la ley vacía al

matrimonio de gran parte de su significado y hace menos probable que los niños

sean criados del modo que más les conviene.

El eslogan «matrimonio igualitario» parece implicar igualdad de acceso a la

misma institución. En realidad, significa mermar la institución, equiparando el

matrimonio a las relaciones extramatrimoniales.

La Iglesia considera que el Estado debería continuar promoviendo el matrimonio

conyugal, no porque desapruebe las relaciones homosexuales o rechace a ningún

grupo concreto de la sociedad, sino porque cree que el matrimonio es una

institución conyugal que el Estado debe promover por el bien de la sociedad y, sobre todo, de los niños. El matrimonio del mismo sexo consagra en la ley la idea de que el género es secundario para el matrimonio y la crianza de los hijos, y que quien cree lo contrario es susceptible de ser acusado de promover la discriminación y los prejuicios.