Capítulo 8. Nunca más: el tóxico legado de los abusos sexuales

Preguntas desafiantes

¿Cómo es posible que miles de sacerdotes en todo el mundo abusaran de menores de edad, y los obispos no le dieran importancia?

¿Por qué tantos obispos, al conocer hechos lamentables, se limitaron a cambiar de parroquia a sacerdotes depredadores, ignoraron las reclamaciones de las víctimas e intentaron ocultar las pruebas?

¿Por qué las Naciones Unidas ha llegado a afirmar en febrero de 2014 que «la

Santa Sede ha dado prioridad a proteger la reputación de la Iglesia y de los culpables, por encima de los intereses de los menores»?

¿Por qué la Iglesia ha tardado tanto tiempo en pedir perdón, y en algunos lugares aún no ha reconocido sus culpas?

¿No sería el momento de acabar con el celibato obligatorio para el clero?

Visto lo que ha sucedido, ¿cómo puede la Iglesia reprochar nada a nadie?

El abuso sexual a menores por parte de sacerdotes católicos en los años 70 y 80, el encubrimiento y las evasivas realizados por las autoridades eclesiásticas de entonces, y el desastre que trajo –en términos de condena de los medios de comunicación e incontables demandas ante los tribunales– constituye una de las mayores crisis de la historia de la Iglesia, un escándalo que parece que no tiene fin.

En esta historia de traición, salieron a la luz sacerdotes y religiosos depredadores que se aprovecharon de la inocencia de sus víctimas, violaron el deber sagrado del sacerdocio y expusieron la Iglesia a la vergüenza, la deshonra y hasta la quiebra económica; y hubo obispos que no quisieron o no supieron cumplir con su deber de proteger a sus fieles ni a la Iglesia. Tampoco el Vaticano sale indemne, por su tardanza en darse cuenta de las dimensiones del problema y en tomar medidas eficaces. Este escándalo no ha dejado a nadie indiferente, y sigue en curso: no solo ha producido unas heridas profundas en los millares de víctimas, sino también en católicos corrientes, a quienes la malicia diabólica de lo ocurrido ha hecho que se tambalee su fe y su confianza en los pastores y en las instituciones católicas: colegios, seminarios, parroquias, centros juveniles, etc.

El foco mediático ha sido intenso, incesante e implacable, y se renueva cada vez que se descubre un abuso en las antípodas, como una herida que no acaba de cerrar. Por ejemplo, la película Spotlight (estrenada en España con el título En primera plana) sobre el descubrimiento de los abusos en Boston por parte del The Boston Globe, que le valió un Pulitzer, ha vuelto a relanzar en todo el mundo temas que muchos consideraban ya superados, para volver a hacerlo seis meses después de su estreno, cuando recibió los Óscar a la mejor película y al mejor guion original del 2016.

Muchos católicos sienten que la Iglesia ha sido puesta en el punto de mira y que ha sido vilipendiada de una forma que roza la persecución, y destacan las distorsiones y los mitos creados por esa cobertura mediática. El papa Francisco habló por boca de muchos cuando, un mes después de que un informe condenatorio de las Naciones Unidas de febrero de 2014 presentara de forma grotesca y distorsionada el comportamiento de la Iglesia en este asunto, señaló con educación que era «quizá la única institución pública que ha actuado con transparencia y responsabilidad en este tema».

Entendemos que hablar de los abusos sobre menores cometidos por clérigos católicos no es un tema agradable. Sin embargo, es indispensable tratarlo en un libro de estas características, porque afecta directamente a un punto neurálgico: la credibilidad. Si la Iglesia no vive lo que predica, su mensaje –el Evangelio– sencillamente no es creíble. Por eso es necesario entender qué pasó, qué hay de cierto en lo que publicaron los medios y qué ha hecho la Iglesia para extraer el mal de dentro de sí e impedir que vuelva a suceder.

Intención positiva

El abuso de la inocencia infantil y haber sacrificado a los niños en aras de la reputación institucional violan claramente todo lo que representa el Evangelio. Aquellos que abusan de los jóvenes no pueden ocupar puestos de autoridad ni influencia, y mucho menos confiárseles la formación de la juventud.

Verdades dichas con saña

La presencia continua de estas historias en las noticias es más que comprensible. Influyen cuatro factores. En primer lugar, los medios en las sociedades occidentales se presentan a sí mismos como garantes del bien común. No son testigos imparciales de cuanto sucede, sino que se sienten investidos de la misión de representar a la sociedad civil frente al poder político, económico, militar o religioso. Y, de hecho, la vida política y social de los últimos decenios muestra que los medios han sido la instancia más eficaz en la lucha contra la corrupción, los escándalos y las falsedades del establishment, con frecuencia por delante de la policía y los organismos de control.

Además, si hay algo que molesta a un periodista es… que le hayan querido engañar. Mentir –en todas sus formas– es con toda seguridad la conducta más reprobable a los ojos de un periodista, porque va contra la esencia de su trabajo, contar la verdad.

En tercer lugar, el dramatismo de estas historias y la simpatía natural hacia las víctimas han promovido una cobertura informativa intensa y continua. Las noticias sobre abusos de menores por parte de clérigos tiene esos elementos de manera superlativa: encubrimiento de delitos, oídos sordos a las víctimas, hipocresía, conductas sexuales detestables y abuso de confianza. Era evidente que la Iglesia no se iba a ir de rositas. Y que nadie piense que el problema ha pasado: como decía la corresponsal de la agencia Associated Press en Roma, en 2016, «para nosotros sigue siendo un tema prioritario: vamos a seguir los abusos en los países donde aún no han salido a la luz, y vamos a comprobar que las nuevas normas de la Iglesia católica son cumplidas por las diócesis».

En cuarto y último lugar, también es indudable que esas conductas reprobables han sido ocasión y pretexto para ataques directos contra la Iglesia. La existencia de casos innegables se ha vivido en algunas redacciones de medios de comunicación como si se hubiera «levantado la veda» contra el enemigo en otras muchas batallas culturales y políticas: la voz contra el aborto y la eutanasia; la oposición a las políticas aplicativas de la ideología del género; y otras iniciativas (por ej., la postura de Juan Pablo II contra las dos guerras del Golfo, única voz contra la iniciativa de los poderosos de la Tierra).

Un ejemplo podría ser el mencionado informe de las Naciones Unidas, que condenaba la actitud de la Iglesia con palabras tan duras, que la misma Santa Sede tardó más de un día en responder a las acusaciones. En realidad, el informe estaba escrito antes de las comparecencias de distintos altos cargos del Vaticano; no cita ni una sola prueba para apoyar sus conclusiones; aprovecha para atacar a la Iglesia en temas que no tienen nada que ver (el aborto, los preservativos, el matrimonio de personas del mismo sexo); y aunque fue difundido como «de las Naciones Unidas», de hecho correspondía a un «comité de 18 expertos», nombrados por algunos gobiernos que poco pueden presumir de respeto a los derechos humanos: Arabia Saudita, Siria (justo después de haber utilizado gas mostaza contra la población civil), Bahréin, Tailandia, Etiopía, Rusia… y algunos conocidos activistas de los lobbies LGBT y de organizaciones abortistas.

Con gran precisión Benedicto XVI describió en el libro-entrevista Luz del mundo esos dos elementos, verdad y saña: «Saltaba a la vista que la información dada por la prensa no estaba guiada por la pura voluntad de transmitir la verdad, sino que había también un goce en desairar a la Iglesia y en desacreditarla lo más posible. Pero, más allá de ello, debía quedar siempre claro que, en la medida en que es verdad, tenemos que estar agradecidos por toda información. La verdad unida al amor bien entendido es el valor número uno. Por último, los medios no podrían haber informado de esa manera si el mal no estuviese presente en la misma Iglesia. Solo porque el mal estaba en la Iglesia pudo ser utilizado por otros en su contra».

La cobertura mediática del escándalo de los abusos sexuales del clero puede verse como un ejemplo de los valores cristianos inconscientemente retenidos por el periodismo occidental, utilizados para juzgar a una Iglesia que los había olvidado en este tema. Al no poner a las víctimas en primer lugar, como exige el Evangelio, la Iglesia permitió a los poderes mediáticos laicos estar legitimados moralmente para reivindicar el cambio.

Sin el escrutinio de los medios, la voz de las víctimas no se habría oído y las reformas esenciales no habrían tenido lugar, al menos no tan rápidamente. Como comenta la escritora norteamericana Peggy Noonan, «la prensa ha sido la mejor amiga de la Iglesia católica en relación con los escándalos, porque ha revelado los hechos y ha obligado a la Iglesia a enfrentarse a ellos. La prensa ha forzado a la Iglesia a admitirlos, a dar la cara, a meditar lo que sucedió y a pedir perdón. La prensa ha obligado a la Iglesia a cambiar modos equivocados de obrar y a tomar medidas en relación con los autores de los abusos. La Iglesia no debería decir a la prensa j’accuse, sino muchas gracias».

En esas circunstancias, ponerse a disposición de los periodistas es el único modo elocuente de mostrar que las cosas han cambiado. Con palabras del cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich:

«Es inútil echar pestes contra los medios o condenar la opinión pública: lo que

hay que hacer es asumir públicamente una posición clara y neta en contra de lo que

ha pasado, a través de una acción ejemplar, hablando siempre que sea preciso y

aclarando todo lo que sea necesario. Enfrentarse a los medios y al público es un

desafío que los obispos han de aceptar. Jugar a la defensiva, banalizar o relativizar

los problemas no ayudará a reconquistar la credibilidad perdida. No hay alternativa a

actuar de manera abierta, transparente y sincera».

Curar las heridas aún abiertas

La cobertura mediática ha dejado al mundo una imagen distorsionada: que el sacerdocio católico acoge a un gran número de abusadores, o que la Iglesia camina por detrás de la sociedad en este tema. Nada de eso es cierto.

Quedan, por tanto, tres historias por contar. En primer lugar, la conciencia de que los abusos a menores es un gran problema social, y que estamos ante un fracaso generalizado a la hora de resolverlo. En el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Suiza y Australia, los estudios revelan sistemáticamente que en torno al 20 por ciento de las mujeres y al 8 por ciento de los hombres sufrieron abusos sexuales en la infancia, mayoritariamente en el entorno familiar. Tras la reforma operada en la Iglesia, los abusos por parte del clero se han reducido enormemente, pero por desgracia se mantienen elevados en la sociedad en general.

En segundo lugar, se necesita ahora contar la historia de la conversión y de la transformación de la Iglesia que está en marcha, de sus resultados obtenidos y de lo que todavía falta por hacer. De eso los medios aún no se han ocupado.

Por último, se deben desmontar los mitos que se han creado en torno al tema: que el celibato lleva al abuso, que la Iglesia trata de obstruir las leyes civiles, que los sacerdotes que cometen abusos no son castigados, que el objetivo de la Iglesia es proteger su propia reputación y su patrimonio, etc.

Estos datos no exculpan a la Iglesia de sus fallos en el pasado, pero contribuyen a revelar una nueva misión que tiene ahora: la de ayudar a sus instituciones, y a la sociedad en general, a aceptar la lacra del abuso sexual de menores que se ha producido en medio de ellas como la Iglesia se ha visto obligada a hacer.

Por último, la mirada ha de estar atenta a todas las víctimas causadas por los casos de abusos, entre las que se incluyen los que han sido acusados falsamente. La radicalidad de la respuesta de la Iglesia no ha de precipitarse en las sanciones hasta que han sido probadas, porque esas prisas (y, a veces, ese deseo de congraciarse con una opinión pública airada) crearía otras víctimas.

Un ejemplo (por desgracia, no infrecuente) es lo que sucedió a Mons. Max Davis, obispo castrense católico de Australia. En 2014, los medios publicaron, con detalles escabrosos incluidos, las cosas infames que le atribuyeron cinco exalumnos de un internado benedictino, cometidos cuarenta años antes. Enseguida se vio forzado a renunciar a su cargo para salvar la reputación de la Iglesia. En febrero de 2016 fue juzgado y declarado inocente de todos los cargos: se cree que efectivamente hubo abusos, pero debieron de cometerlos otros dos profesores del centro, ya fallecidos. Los cinco demandantes creyeron reconocer en Davis a su antiguo abusador, que cuando presentaron la denuncia era un personaje público.

El perjuicio a la fama de Mons. Davis es en buena medida irreparable. En los tribunales se es inocente mientras no se demuestra lo contrario, pero en la opinión pública no es lo mismo. El acusado inocente, si no tiene coartada, solo puede negar. Y luego, si es declarado inocente, queda con el estigma que lo ha sido «por falta de pruebas». La acusación es una gran noticia, la absolución va en un recuadro pequeño. Esta es la cuarta batalla que emprender en la opinión pública: evitar a los inocentes la muerte civil que lleva consigo el abuso de menores.

Los perfiles de la crisis

Estamos ante una crisis de incidencia global, no limitada a unos países o a un área cultural. Ciertamente, ha golpeado más en algunos lugares, por causas internas (deficiencias en la formación en los seminarios y en la vida espiritual del clero, resquebrajamiento de la pobreza, etc.) o externas (sistemas educativos, ordenamientos más o menos propicios a acudir a los tribunales, etc.), y, en países como Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Reino Unido o Australia, tuvo dimensiones de pandemia. Pero – insistimos– el problema tiene rasgos globales. Si bien en zonas del mundo los casos fueron pocos (o quizá sería más preciso decir: «los obispos actuaron antes y con más decisión para atajar el mal»), tiene dimensiones universales porque la Iglesia es una, y el primer caso en un lugar se entiende enmarcado en una serie de casos, aunque hayan sucedido a miles de kilómetros y a distancia de años. Llueve sobre mojado.

Con otras palabras: no es «cosa de los anglosajones», ni es un problema regional. También en España y en América Latina se han dado y se dan casos con gran impacto nacional e internacional: en México, el caso del P. Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, del que hablaremos a continuación; el del sacerdote chileno Fernando Karadima (donde, por cierto, el fallo canónico ocurrió antes que el de la justicia civil, y fue más riguroso), que fue declarado culpable de abuso sexual con violencia contra menores, por lo que se dictaminó que llevara una vida de penitencia y oración en absoluta reclusión; en España, los abusos de un grupo de sacerdotes de la diócesis de Granada, que alcanzaron titulares cuando el papa Francisco se refirió a ese caso en la rueda de prensa de su viaje a Estrasburgo en 2014, y las de varios colegios de religiosos de Madrid y Barcelona; y en Uruguay, donde, a raíz de la película Spotlight, los obispos uruguayos abrieron en abril de 2016 una línea telefónica para atender a las necesidades de las víctimas. Desde entonces han recibido veinte denuncias de abusos de clérigos, algo que el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, ha calificado como una «tragedia humana».

También en Paraguay parece que por fin la Iglesia empieza a tomar en serio la gravedad de los abusos cometidos por clérigos, y en los primeros meses de 2016 ha suspendido a cuatro sacerdotes. Pero no lo han hecho por propia iniciativa, sino gracias en gran medida a una serie de reportajes de investigación de un periódico local (y que el nuncio en el país intentó silenciar).

Aún queda mucho por avanzar, ya que –como escribía la argentina Inés San Martín– los protocolos de actuación en este campo, solicitados por Benedicto XVI en 2010, son aún recientes en Argentina y Uruguay, mientras que otros episcopados de América Latina ni siquiera los tienen. Hay una necesidad imperiosa en todo el continente para establecer mecanismos de apoyo para las víctimas, medidas contundentes contra curas pederastas, y para abrazar las prioridades de la justicia. De hecho, en la mayoría de los ejemplos apenas mencionados no fueron las autoridades de la Iglesia las que descubrieron esas conductas terribles y las persiguieron, sino que fueron destapadas por distintos medios de comunicación.

Dado que el escándalo ha llegado en oleadas, merece la pena recapitular brevemente las principales fases del desarrollo de la crisis y de la respuesta de la Iglesia. Tener visión universal al respecto ayuda, en primer lugar, a entenderlo mejor; y, después, a escarmentar en cabeza ajena.

En términos generales, el escándalo ha tenido tres dimensiones:

El escándalo de los abusos sexuales cometidos por el clero. Las revelaciones de que un gran número de sacerdotes habían aprovechado su estatus para manipular y coaccionar a jóvenes para mantener relaciones sexuales ilegales e inmorales comenzaron a aparecer en la década de 1980. Las estadísticas en Estados Unidos (primer país tanto en la gravedad del problema como en la decisión para conocer las causas y erradicarlo de sí) muestran claramente que el abuso sexual a menores por parte de sacerdotes se incrementó desde mediados de la década de los 60 hasta finales de los 70; descendieron en los 80 y se mantienen muy bajos. Irónicamente, no fue hasta después de este fuerte descenso de las denuncias contra los sacerdotes, a finales de los 80, cuando las víctimas comenzaron a dar un paso al frente. Cuando tenían entre treinta y cuarenta años o más, decidieron acudir a los juzgados y a los medios de comunicación para denunciar lo ocurrido. Pero el abuso propiamente dicho había ocurrido mucho antes.

Fracaso de las autoridades eclesiásticas locales. Las denuncias acarrearon una tormenta mediática y popular de indignación. Las reacciones de condena de la gente eran consecuencia no solo de los abusos, sino de saber que muchas víctimas habían acudido a la Iglesia, para denunciar los hechos, pero habían sido rechazadas de plano o se les convenció de que permanecieran en silencio para proteger la fama de la Iglesia, o incluso se compró su silencio con indemnizaciones secretas; y los perpetradores no recibieron ningún castigo de la Iglesia ni del poder civil.

Las malas decisiones se tomaron por muchas razones: el deseo de preservar el buen nombre de la Iglesia, la incapacidad para comprender el engaño de los que cometían abuso sexual, la fe en el poder de la terapia, y la dificultad de muchas víctimas para hablar de forma clara y directa sobre sus experiencias. Parece que en pocos casos se trató de una ocultación deliberada en beneficio propio, y que en la mayoría se actuó por ignorancia; pero, en cualquier caso, estos fallos se catalogan como «encubrimiento».

Fracaso de la autoridad eclesiástica general. En 2000-2002, cuando los obispos de Europa y Estados Unidos introdujeron fuertes garantías y mecanismos de rendición de cuentas, la atención se desvió a Roma. En un primer momento, el Vaticano hizo oídos sordos y se mostró a la defensiva. A continuación se supo que, en algunos casos especialmente graves, no se tomaron medidas contra obispos responsables de ocultación, y que incluso hubo obstrucción en dos casos particularmente notorios de dos agresores de muy alto nivel: el entonces arzobispo de Viena, Hans Herman Gröer, obligado a dimitir en 1995, y el padre Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, contra el que a finales de los 90 no se había emprendido ninguna acción, a pesar de los cargos formales presentados contra él en el Vaticano. Desde 2003, no obstante, el Vaticano comenzó a ocuparse exhaustivamente del asunto cuando el cardenal Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, asumió un papel protagonista.

Durante los pontificados de Benedicto XVI (2005-2013) y ahora de Francisco, Roma ha tomado la iniciativa en asegurar que la Iglesia de todo el mundo encabece la protección de las víctimas, siguiendo el ejemplo de los obispos de Europa y EE.UU.

La cronología es relevante. Hablamos de la respuesta errónea de la Iglesia a abusos que tuvieron lugar –por razones que luego analizaremos– sobre todo en las décadas de 1960 y 1970. En aquella época, no se informaba de casi ningún abuso, ni a la Iglesia ni a la sociedad en general. Era el delito menos denunciado del planeta, e incluso ahora menos del uno por ciento de los abusos sexuales a menores desemboca en una condena. Describir lo que no se hizo como una maniobra de encubrimiento es engañoso, pues implica una intención deliberada de ocultar información a quienes tienen el derecho de conocerla. Supone también juzgar el pasado con los criterios del presente.

Las víctimas, por un lado, se sentían sobrecogidas por sus propios sentimientos, que les hacían callar: algo parecido a lo que sucede tantas veces a mujeres violadas, pero potenciado aquí por la inmadurez psicológica propia de la edad de los menores abusados. Por otro, cuando vencían el miedo e intentaban hablar de ello, no se les creía o eran rechazadas. Ese era el comportamiento típico entonces de la sociedad en su conjunto, y especialmente en instituciones como colegios y orfanatos. Ni la policía ni la prensa lo veían como un asunto que mereciera la pena investigar. La Iglesia no fue la única institución que actuó así, aunque es muy razonable preguntarse por qué la Iglesia no dio ejemplo en ese momento.

La razón es la ignorancia. La mayoría de los fallos de la Iglesia se remontan a las décadas de los 80 y 90, cuando las víctimas comenzaron a dar el primer paso. Pero los obispos tardaron demasiado tiempo en admitir la escala y gravedad del asunto.

Para entender lo que había pasado y sus causas, en 2002 los obispos encargaron una investigación exhaustiva a una institución especializada, el prestigioso John Jay College, institución neoyorquina especializada en derecho penal y criminología. No dolieron prendas ni se reparó en gastos (el estudio costó 1,8 millones de dólares). Estudiar su contenido nos ayuda a conocer mejor este fenómeno.

El informe tuvo dos partes: la primera, titulada «La naturaleza y el alcance del problema de los abusos sexuales a menores por sacerdotes y diáconos católicos en Estados Unidos», se publicó en 2004; la segunda, «Las causas y el contexto del abuso sexual a menores por sacerdotes católicos en Estados Unidos, 1950-2010», en 2011.

El informe examina todas las denuncias verosímiles de abuso de menores por parte de sacerdotes en el período comprendido entre 1950 y 2002. El estudio concluye que en ese período de cincuenta años, 4.392 de alrededor de 100.000 sacerdotes fueron acusados, algo más del 4 por ciento del total de los sacerdotes. (Una estimación más precisa del número de sacerdotes acusados de abusos, citada por el papa Francisco, estaba en torno al 2 por ciento). Alrededor del 80 por ciento de las acusaciones se referían a abusos que habían tenido lugar entre las décadas de 1960 y 1980; más de la mitad de los acusados lo fueron por un incidente aislado; y en casi todas las denuncias la víctima había sido un varón en etapa posterior a la pubertad: en otras palabras, no eran casos de pedofilia, sino de pederastia (que no es un pecado o crimen menor). Entre ellos, 149 sacerdotes fueron responsables de una cuarta parte de los abusos. Y el 40 por ciento de las denuncias corresponden a un período de seis años a finales de los 70.

La segunda parte del informe revela que, hacia mediados de la década de 1980, los obispos conocían que habían ocurrido abusos, pero no tenían idea de su extensión. «Aunque más del 80 por ciento de los casos que hoy se conocen ya habían ocurrido en 1985, solo un 6 por ciento de esos casos se habían puesto en conocimiento de las diócesis en ese momento», señala el informe. Simplemente los obispos no fueron conscientes de la envergadura del problema hasta mucho después, en la década de los

90. En ese momento empezaron a tomar medidas: en la mayoría de los países, las directrices fueron marcadas por las conferencias episcopales. El informe John Jay indica que mientras los abusos aumentaban en la Iglesia al mismo tiempo que en la sociedad en general, a partir de la década de 1980 los abusos disminuyeron en la Iglesia –no en la sociedad civil– debido a las medidas tomadas por la Iglesia en ese momento.

El informe mostró que la tasa de abusos cometidos por el clero era menor que las de otras instituciones y profesiones comparables, similares a las tasas de abusos cometidos por clérigos de otros cultos, considerablemente menor que la de la población adulta masculina en general y mucho menor que la de gremios como el de los profesores, por ejemplo.

En cuanto a las conductas impropias ocurridas en la década de 1990, la Iglesia iba de hecho un paso por delante. La sociedad solo empezaba a despertar ante la realidad del abuso.

El informe John Jay atribuye a la ignorancia, más que a la conspiración, la inadecuada respuesta de la Iglesia; y responsabiliza a los obispos de «haberse centrado generalmente en los sacerdotes abusadores más que en las víctimas». Desconocían el efecto de los abusos sexuales sobre quienes los padecieron, porque, antes de 2002, rara vez se reunían con ellas. Los obispos actuaron en esto con la misma actitud de los líderes de la sociedad: no tuvieron conocimiento del dolor de las víctimas hasta finales de los 90. «Creo que el mayor error fue que nadie habló de ello, nadie lo mencionó. Yo lo desconocía completamente», dijo el cardenal George Pell, arzobispo de Sydney, a una comisión de investigación australiana en 2013. «No creo que hubiera muchas personas, si las hubo, en la jefatura de la Iglesia católica que supieran la magnitud del horrible escándalo en el que estábamos inmersos».

La verdadera transformación de la Iglesia comenzó cuando los obispos empezaron a reunirse con los supervivientes de los abusos. Escuchar sus historias fue el principal catalizador del cambio, y convirtió a los obispos en apasionados defensores de la reforma.

Hoy sabemos que san Juan Pablo II –que reaccionó con energía cuando supo las dimensiones del problema, que le habían sido ocultadas por colaboradores cercanos– aprobó unas nuevas normas para ocuparse de la falta de respuesta de los obispos, y encargó al cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) –organismo vaticano competente en la materia–, liderar un cambio que él, por la enfermedad que ya le limitaba, no podía impulsar.

El cardenal Ratzinger, con no poca oposición interna, llevó a cabo esa conversión en

2003. La CDF dictó normas más estrictas, y se encargó de examinar los delitos de abuso en la ley canónica, y supervisar de cerca la respuesta a cada denuncia. De hecho, los obispos diocesanos de todo el mundo fueron obligados a remitir sus expedientes a Roma para asegurar que se tomaban medidas. Más de 3.000 expedientes llegaron a la CDF en 2003 y 2004.

Mons. Charles Scicluna, un sacerdote maltés que fue promotor de Justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe –una especie de fiscal jefe–, ha descrito cómo el sentarse cada viernes a leer los testimonios de las víctimas dejó al cardenal Ratzinger destrozado. Al analizar los expedientes, Ratzinger y Scicluna concluyeron que en la mayoría de los casos las pruebas eran tan abrumadoras que exigían una acción inmediata. De los más de 500 casos que analizó la Congregación, la gran mayoría fueron devueltos a los obispos locales autorizando la suspensión del ministerio y a menudo la expulsión del sacerdocio.

Después de que el cardenal Ratzinger se convirtiera en Benedicto XVI en 2005, el proceso de reforma se intensificó: en 2006, Maciel fue condenado a una vida de oración y penitencia (murió dos años después). De los 3.400 casos notificados por las diócesis locales al Vaticano entre 2004 y 2011, 848 sacerdotes fueron expulsados del sacerdocio, mientras que a 2.572 –en su mayoría ancianos o enfermos que habían pasado tiempo en prisión y llevaban mucho tiempo apartados del ministerio activo– se les impusieron penas similares a la de Maciel.

A partir de entonces, cuando Benedicto XVI viajaba a un país especialmente afectado (EE.UU., Australia, Malta, Reino Unido, Alemania), su encuentro con las víctimas para pedirles perdón en nombre de la Iglesia, y para consolarles, se convirtió casi en una etapa fija.

En 2011, Benedicto XVI endureció aún más la legislación de la Iglesia con respecto al abuso. La Santa Sede pidió a las conferencias episcopales de todo el mundo que elaboraran directrices para tratar las denuncias por abuso, tal y como la Iglesia en la mayoría de los países occidentales, especialmente en los de habla inglesa, había hecho. El Vaticano indicó expresamente que garantizaran que las víctimas fueran escuchadas y tratadas con respeto; recordó que no había sitio en el sacerdocio para aquellos que hacen daño a los jóvenes; y ordenó que todas las denuncias fueran remitidas a la CDF y a las autoridades civiles. El año siguiente, una importante cumbre del Vaticano trató de ayudar a todas las diócesis del mundo a ponerse al nivel de los países que habían abierto el camino en ese tema. Desde entonces, el seguimiento es constante: seminarios formativos, desarrollo de reglamentos para aplicar las nuevas leyes, etc.

Puede decirse que los años 2001-2002 marcan un antes y un después dentro de la Iglesia, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Antes de describir el proceso de reforma acaecido desde entonces, es necesario comprender mejor dónde se produjeron los fallos antes de ese momento, así como desmontar algunos mitos.

Responsabilidad por los abusos y por las omisiones

En enero de 2002, el escándalo estalló en EE.UU. cuando el periódico Boston Globe convenció a los jueces para que obligaran a la archidiócesis de Boston a hacer públicos sus archivos confidenciales. Salió a la luz una imagen lamentable de inacción, falsedades, cambios de parroquia de los sacerdotes que abusaban y oídos sordos a las víctimas, prolongados durante más de una década. Las revelaciones acapararon las portadas de los medios norteamericanos hasta el mes de junio de ese año, cuando los obispos, reunidos en Dallas, introdujeron reformas de mayor alcance.

Para frenar la avalancha de demandas judiciales, los obispos acordaron revisar los archivos de sus diócesis para garantizar que se tomaran medidas con respecto a todas y cada una de las denuncias, incluyendo las más antiguas. En diciembre de 2002, el cardenal de Boston, Bernard Law, presentó su dimisión.

La Iglesia es una realidad singular, al mismo tiempo institución jerárquicamente unida y entidad profundamente descentralizada. Además, tiene a cargo una amplia red de parroquias, escuelas y organismos. Aunque cada diócesis manejaba el asunto de forma muy diferente, era fácil para los detractores describir la situación como un complot de encubrimiento organizado desde arriba. Una vez que las pruebas sobre la mala actuación salieron a la luz, se convenció a los jueces para que obligaran a las diócesis a desclasificar sus archivos, lo que llevó después a más casos y reportajes. Dado que las diócesis tienen personalidad jurídica, activos y seguros, los abogados de los reclamantes emprendieron acciones civiles contra las diócesis, un camino más rápido y rentable que hacerlo contra los abusadores. En los diez años entre 2002 y 2015, las diócesis norteamericanas han pagado al menos 2.700 millones de dólares en indemnizaciones, de los cuales 900 millones han ido a los abogados.

En el período 1960-1970, entre 1.000 y 3.000 sacerdotes mantuvieron encuentros sexuales con menores, dejando en total al menos 100.000 víctimas de abuso sexual. En enero de 2014, el papa Francisco habló de «sacerdotes corruptos» que «en vez de dar el Pan de Vida dan una comida envenenada al pueblo santo de Dios». Dijo que los responsables «tenían una posición en la Iglesia, una posición de poder, incluso de confort. ¡Pero no la Palabra de Dios!».

Se han dado muchas explicaciones. Algunos le han echado la culpa al celibato sacerdotal, otras, a deficiencias en la selección y formación de los candidatos al sacerdocio en el postconcilio. Otros, a partir del hecho de que la mayoría de las víctimas (80 por ciento) eran chicos adolescentes, culpan a los «sacerdotes homosexuales». Otros han apuntado al clima que favorecía el engaño y el encubrimiento del abuso, que atribuyen al clericalismo –sacerdotes con una autoridad incuestionable– y al miedo al escándalo. Otros incluso han sostenido la «hipótesis Woodstock», el clima del «todo vale» de los 60 y de permisividad sexual que promovía romper tabúes.

El informe John Jay descarta tanto la hipótesis del celibato como la de la homosexualidad. La mayoría de los abusos de menores que tienen lugar en la sociedad en general son cometidos por hombres casados; si los sacerdotes católicos no son más propensos de ser agresores sexuales que otros ministros religiosos (en su mayoría casados) ni que los varones en general, entonces el celibato no puede ser la causa.

Respecto a la orientación sexual, hoy hay muchos más sacerdotes homosexuales que hace tres décadas. ¿Cómo se explica entonces que los abusos se concentren en los años 60 y 70?

El estudio identificó dos tipos de agresor: el verdadero pedófilo, que suponía solamente el 5 por ciento de los agresores, pero que acumulaba un gran número de víctimas (preadolescentes) durante un largo período de tiempo; y el agresor de ocasión, que representaba la gran mayoría de los autores de los abusos. En estos casos, las víctimas eran varones en la etapa de la postpubertad, e inferiores en número: en la mitad de los casos, había una sola víctima.

El grupo identificado como el más propenso a abusar a menores podría describirse como sexualmente confuso, con problemas psicológicos, que en muchos casos habían sido a su vez víctimas de abuso, y que, en condiciones de estrés, habían reproducido lo que les había pasado a ellos.

Este perfil reflejaba especialmente a los agresores que se habían iniciado en el sacerdocio con anterioridad a los años 70, cuando se reintrodujo un proceso para la selección de candidatos. Thomas Plante, profesor de psicología de la Universidad de Santa Clara, describe en un estudio de 2010, cómo hace 30 años la mayoría de los sacerdotes ingresaban en el seminario durante el bachillerato, no se les realizaba ninguna evaluación psicológica exhaustiva previa a su admisión, y no tenían formación sobre sexualidad, sobre los límites deontológicos de sus tareas pastorales o sobre cómo controlar sus impulsos. «No sorprende que la mayoría de los sacerdotes culpables de agresión sexual de los que oímos hablar en la prensa sean mayores. De hecho, nuestra investigación indica que la edad media de estos hombres es de 53 años».

El informe John Jay apunta a la combinación de la revolución sexual que estaba teniendo lugar fuera de la Iglesia y el cuestionamiento generalizado de autoridad y disciplina en la Iglesia de los años 70: el factor decisivo fue la combinación de una formación inadecuada en el seminario y la permisividad sexual en la sociedad en general, agravada por el clericalismo. Este último factor explica la mala actuación de los obispos, que no tomaron medidas para acabar con ello, en parte, por el miedo al daño que haría a la Iglesia y, en parte, por ignorancia: la ciencia psiquiátrica dominante de aquella época afirmaba que el abuso de menores era una enfermedad que podía ser tratada o controlada con medicación y terapia.

Un mito bastante difundido es que los obispos recurrieron al derecho canónico en lugar del civil para tratar con los sacerdotes responsables de los abusos, y que el derecho canónico no lo consideraba delito. Ninguna de las dos cosas es cierta: se trata de un delito en ambos sistemas jurídicos; y la investigación mostró que los obispos no recurrieron ni al derecho civil ni al canónico.

El derecho canónico exige que un obispo investigue las denuncias de abuso sexual y, si están bien fundamentadas, que solicite a Roma la imposición de sanciones, incluyendo la expulsión del sacerdocio al agresor. El derecho canónico también exige que el obispo remita el asunto a las autoridades civiles locales. Pero no ocurrió ninguna de las dos cosas en aquellos contados casos en que los obispos fueron conscientes de las denuncias. Al no recurrir a la ley, los obispos estaban actuando como se solía actuar en aquel momento; era algo prácticamente inaudito en los años 60-70 que una escuela u otra institución llamara a la policía para que investigara el abuso sexual a menores.

Mientras tanto, la imposición de penas en el derecho de la Iglesia había caído en desuso. A partir de mediados de los 60, dice Benedicto XVI en Luz del mundo, el derecho penal eclesial «dejó simplemente de aplicarse. Imperaba la conciencia de que la Iglesia no debía ser más Iglesia del derecho, sino Iglesia del amor, que no debía castigar. Así, se perdió la conciencia de que el castigo puede ser un acto de amor. En ese entonces se dio también entre gente muy buena una peculiar ofuscación del pensamiento». Por ejemplo, una comisión formada en Irlanda para investigar la mala actuación de la archidiócesis de Dublín con respecto a las denuncias de abuso entre las décadas de 1960 y 1980 desveló que ninguno de sus cuatro arzobispos informó de ninguno de los abusos que llegó a su conocimiento, y que no se celebró nunca ningún juicio canónico. Su informe revela una «quiebra del respeto por el derecho canónico… Los agresores no fueron juzgados ni rindieron cuentas dentro de la Iglesia».

La respuesta habitual de los obispos en estos casos era enviar al sacerdote que había cometido abusos a una clínica especializada. Actuaron en línea con la medicina de la época, que entendía que la pedofilia era un tipo de enfermedad mental que podía curarse. Solo más tarde se descubrió que era más una «fijación» u «obsesión» resistente a la terapia. En cualquier caso, lo problemático no era el uso de la terapia per se, sino que se usó como alternativa al castigo de los actos criminales tanto por el derecho civil como por el canónico.

En su Carta Pastoral a los católicos de Irlanda de 19 de marzo de 2010, Benedicto XVI señaló el fracaso concreto de los obispos «a la hora de aplicar las normas, codificadas desde hace largo tiempo, del derecho canónico sobre los delitos de abusos de niños… se cometieron graves errores de juicio y hubo fallos de gobierno».

Una de las razones por las que los obispos de todo el mundo no solicitaron la expulsión del sacerdocio de los responsables de los abusos durante los años 80 y 90 fue que los procedimientos eran largos, engorrosos y confusos. Gracias a la reforma de 2001, promovida por el cardenal Ratzinger y aprobada por Juan Pablo II, el procedimiento se hizo automático para los casos en que las pruebas eran incontestables. Las reformas se intensificaron en 2003 y 2010, hasta el punto de que ahora un sacerdote que cometa abusos se enfrenta a la expulsión automática del sacerdocio.

Los procesos canónicos se desarrollan simultáneamente al proceso penal del Estado: la investigación policial, el juicio y la condena del sacerdote responsable del abuso por un tribunal estatal. Es decir, las penas civiles y las canónicas no son alternativas, sino concurrentes. Son dos ámbitos paralelos, cada uno con jurisdicción, jueces y sanciones propios. La ley de la Iglesia puede expulsar del sacerdocio, cosa que la ley civil no puede hacer. Sucede algo parecido en asociaciones y clubes con normas internas: por ejemplo, un abogado que cometa fraude será investigado por la policía y, si es declarado culpable, condenado a prisión; pero será también juzgado por el colegio de abogados, que probablemente le expulse de la profesión. La actuación o falta de actuación de una jurisdicción no sustituye a la otra. De hecho, la Iglesia decide a menudo investigar denuncias que la autoridad civil ha desestimado (por ejemplo, por prescripción). E incluso si la policía retira los cargos contra un sacerdote, este se someterá a una rigurosa «evaluación de riesgo» por parte de expertos nombrados por la Iglesia antes de permitirle volver a ejercer el ministerio.

¿Por qué el Vaticano no exige a todos los obispos del mundo que notifiquen todas las denuncias que reciban a la autoridad civil? Lo que prescribe el derecho canónico es obedecer siempre al derecho civil vigente en el lugar. Como señalaron las directrices del Vaticano de 2011: «La ley civil concerniente a la notificación de los delitos a las autoridades pertinentes debe seguirse siempre». Roma insta a la notificación de cada acusación a las autoridades civiles si esa notificación es obligatoria. No se olvide que la Iglesia opera en países donde, por ejemplo, el abuso de menores no es delito.

La ignorancia del derecho de la Iglesia, o interpretarlo equivocadamente como si implicara una política sistemática de obstrucción del derecho civil, es el origen de muchas de las acusaciones falsas contra la Iglesia. Ese es el caso del mencionado informe de Naciones Unidas de febrero de 2014, que afirmaba falsamente que el abuso de niños en la Iglesia católica había sido tratado a través de «procedimientos confidenciales que desembocaban en medidas disciplinarias que habían permitido a la gran mayoría de los agresores eludir los procedimientos judiciales en los Estados donde habían sido cometidos los abusos». La confidencialidad de los procedimientos de la Iglesia busca permitir que las víctimas aporten pruebas, y culminan con penas como la expulsión del sacerdocio; pero ni contradicen ni interfieren, y mucho menos evitan, la aplicación de la legislación civil. Es más, de ordinario el procedimiento canónico tiene lugar después de que el procedimiento civil haya finalizado.

Las nuevas medidas del papa Francisco

En diciembre de 2013, el papa Francisco creó una nueva Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, con el objetivo de promover reformas en toda la Iglesia. Cuenta con la presencia de una mujer irlandesa franca y directa que fue víctima de abusos sexuales por parte del clero, Marie Collins, así como una serie de expertos clave y laicos, en su mayoría mujeres.

Siguiendo su recomendación, el papa Francisco invitó en julio de 2014 a seis víctimas –dos de Irlanda, dos de Gran Bretaña y dos de Alemania– para que le contaran lo que ellos desearan, uno por uno, durante unas tres horas. Aquella mañana, celebró la misa con ellos, pidiendo «la gracia de que la Iglesia llore y repare por sus hijos e hijas que han traicionado su misión, que han abusado de personas inocentes». Añadió: «Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes, y humildemente pido perdón».

La Comisión, ampliada más tarde a 17 miembros, entre ellos otras víctimas de abuso, psicólogos y expertos de todo el mundo, se ha encargado del desarrollo de buenas prácticas en un gran número de áreas: atención pastoral para los supervivientes, formación para el clero, normas sobre los protocolos en caso de denuncias.

Junto a esto, el Papa se ha comprometido a que quien, ocupando puestos de autoridad en la Iglesia, incumplió con su deber de aplicar las normas de tolerancia cero, rinda cuentas ante la justicia. Por el momento, Francisco ha actuado de manera puntual en varios casos, pero en junio de 2015 anunció la creación de una sección específica de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para juzgar a los obispos que habían recibido denuncias contra algún sacerdote de su diócesis y no habían actuado diligentemente.

Al formar la Comisión, el papa Francisco asumió personalmente ante las víctimas esa responsabilidad; y los miembros prometieron que, si no cumple sus promesas, lo dirán y renunciarán públicamente al cargo.

En febrero de 2015, Francisco escribió a los obispos de todo el mundo y a los dirigentes de las órdenes religiosas invitándoles a seguir las orientaciones de la Comisión. Convencido de que «debe hacerse todo lo posible para librar a la Iglesia de la lacra del abuso sexual a menores y para abrir vías de reconciliación y sanación para aquellos que fueron víctima de abuso», les instó a asegurar «que no hay sitio en el ministerio para los que abusan de menores». Les pidió también que se reunieran con las víctimas y sus seres queridos, ya que esas reuniones son «valiosas oportunidades para escuchar a aquellos que han sufrido enormemente y pedir su perdón».

En junio de 2016, el papa Francisco ha dado una vuelta de tuerca en esta materia, con el motu proprio «Como una madre amorosa», en el que establece la responsabilidad de los obispos por negligencias en su misión de pastores, con especial mención a la inacción en caso de abusos por parte de sus sacerdotes, que puede conducir a su remoción como obispos. Desde el punto de vista jurídico, la nueva norma tiene un sentido primordialmente procesal, porque indica competencias y procedimientos, pero no cambia a fondo la materia, ya que el papado siempre ha tenido el poder de remover a un obispo por causas graves (en la gestión financiera, por desviaciones doctrinales, por crear división en la comunidad eclesial, etc.). De hecho, en sus ocho años de pontificado, Benedicto XVI retiró («aceptó la dimisión», se suele decir) de más de 75 obispos por culpas graves en su tarea. Y, sin embargo, el nuevo documento es muy significativo, porque pone el epicentro de la crisis en los obispos. En efecto, sacerdotes y laicos abusadores siempre ha habido y siempre los habrá (porque siempre habrá seres humanos abusadores), pero el problema más grave fue que quedaron impunes por culpa de la negligencia de los obispos, que incumplieron su deber de proteger al rebaño encomendado.

Estados Unidos, vanguardia de lo malo y de lo bueno

Decíamos más arriba que el «caso americano», aunque sucede en un ambiente social, religioso y legal muy distinto del español, es muy ilustrativo para la Iglesia universal, pues, así como llevó la delantera en las caídas, también lo hace ahora en cómo levantarse.

En 2012, los obispos de EE.UU. publicaron su «Informe sobre la aplicación de la Carta para la protección de los niños y jóvenes». Ese documento señala que el año anterior se habían registrado los niveles más bajos de denuncias nuevas de menores por abusos sexuales del clero (397) desde que empezaron a recopilarse los datos en 2004. También constató una disminución del número de víctimas que se daban a conocer (390) y el número de agresores (313). Cada uno de los datos representa menos de la mitad de lo registrado en 2004, y descensos del 20 por ciento desde 2011.

La auditoría muestra también que las diócesis americanas verificaron los antecedentes del 99 por ciento de los sacerdotes y de más del 95 por ciento de los educadores, empleados y voluntarios que trabajan en instituciones eclesiales. El plan en marcha incluye cursos de formación sobre ambiente seguro en todas las diócesis del país; códigos de conducta que detallan los comportamientos aceptables e inaceptables, y explican cómo informar sobre comportamientos sospechosos; un responsable en cada diócesis de la atención a las víctimas, cuyos nombres están en la página web de la Conferencia episcopal; juntas diocesanas de revisión –a la que se notifican todas las denuncias de abuso– formadas por personas procedentes de sectores relevantes como la policía, instituciones penitenciarias, servicios sociales, sanidad y la abogacía, y otras muchas otras medidas.

Desde 2002, se aplica una política de «tolerancia cero» hacia los que cometen abusos. Cuando un sacerdote o un diácono se reconocen culpables de un solo caso de abuso sexual, o se llega a demostrar, es expulsado permanentemente del ministerio pastoral y, si el caso lo exige, expulsado del estado clerical.

MARCOEXISTENTE

La Iglesia católica, tanto a nivel local como en Roma, ignoró y encubrió durante décadas el abuso sexual de niños por parte de sacerdotes; y lo sigue haciendo, porque da más importancia a la reputación de la Iglesia y la impunidad de los perpetradores que a los intereses de las víctimas. La Iglesia es un lugar peligroso para los niños, y debería considerar revisar sus normas sobre el celibato sacerdotal, así como su tendencia a tratar el problema a puerta cerrada, a través de sus propios mecanismos internos.

REFORMULACIÓN

El vergonzoso crimen de abuso sexual a menores por parte del clero es una grave traición a las víctimas, a su propia vocación sacerdotal, al Evangelio y a la comunidad de la Iglesia, e inflige un daño profundo y duradero que arruina la vida de las personas.

Durante muchos años, la Iglesia, al igual que otras instituciones, no fue consciente del alcance de los abusos y de su naturaleza compulsiva; no gestionó bien el asunto ni castigó a los autores.

Pero, desde 2003-2004, ha ido más allá que cualquier institución del mundo occidental en asegurar que esos errores no vuelvan a repetirse. Estas reformas han hecho a la Iglesia transparente, responsable de sus actos y uno de los lugares más seguros para los jóvenes.

La Iglesia reconoce hoy que es primordial e ineludible proteger en primer lugar a los niños, y exige a quienes dirigen la Iglesia (obispos, superiores, etc.) que cooperen en todo momento con las investigaciones sobre abusos sexuales llevadas a cabo por las autoridades civiles, y garanticen que en ningún caso se hará algo para obstruir el funcionamiento del derecho vigente del país en el que haya ocurrido un acto de abuso.

El Vaticano ha cumplido su parte introduciendo la suspensión automática y generalmente la expulsión del sacerdocio de los agresores y exigiendo que la Iglesia de todo el mundo siga la estela de las conferencias episcopales de los países de habla inglesa que están aplicando normas de vanguardia para la seguridad de los niños. En Estados Unidos el sistema de protección es excepcional, y se recomienda como modelo a seguir en otros países también. La Iglesia ha sufrido una gran transformación en este tema, y aspira a ser un agente de cambio destacado en la sociedad, donde la preocupación por el abuso debe traducirse aún en políticas y procedimientos en numerosas instituciones. La clave para esas instituciones –como lo fue en su día para la Iglesia– es escuchar las experiencias de los supervivientes.

MENSAJESCLAVE

Despertar moral. La sociedad ha despertado ante la extensión del abuso sexual a menores. Al igual que otras instituciones hace 30-40 años, las escuelas católicas y las parroquias no actuaron ante las denuncias ni escucharon a las víctimas. Ha habido un cambio radical en las actitudes y políticas de la Iglesia. Los medios de comunicación han ayudado a la Iglesia a cambiar. La tarea de los medios de comunicación es probar y exigir explicaciones, y han arrojado luz sobre algunos aspectos oscuros de la Iglesia, lo cual ha alentado a la Iglesia a cambiar sus actitudes y procedimientos. El sacerdocio no es un refugio para los que cometen abusos. El sacerdocio católico no es, ni ha sido nunca, excepcional en el número de agresores entre sus filas. No hay ningún vínculo causal entre el celibato sacerdotal y los abusos. La Iglesia es ahora mucho más cuidadosa con quién acepta para el sacerdocio. No existe conflicto entre el derecho canónico y el civil. Todos los católicos deben obedecer la ley, y el derecho canónico lo refuerza. El derecho civil y el canónico son sistemas jurídicos paralelos, no alternativos; y ambos consideran el abuso de menores un delito extremadamente grave. La gran diferencia entre hoy y hace 30 años es que la Iglesia actúa ahora conforme a los dos derechos, notificando las denuncia a la policía y al Vaticano. La Iglesia es hoy un «ambiente seguro» para la juventud. El sistema de protección es excepcional, un modelo para otras instituciones que aún no se han reformado. Las instrucciones de qué hacer cuando se sospecha de una conducta ilegítima o se recibe una denuncia están disponibles en las páginas web de las conferencias episcopales, y la Santa Sede supervisa cada caso con atención.