Cataluña, Revolución y Guerra de HIST.

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Historia

En 1640 estalló violentamente la rebelión de C. (y de Portugal) contra las exigencias del valido de Felipe IV, eJ conde-duque de Olivares (v.). La rebelión implicó, a su vez, una guerra civil, una revolución social y la apertura de un nuevo frente en un conflicto internacional: la guerra entre Francia y España en la fase resolutiva de la contienda de los Treinta Años. En 1652, el ejército de Felipe IV, al mando de Juan José de Austria, logró recuperar Barcelona y la mayor parte de C. Se restableció el statu quo ante, esto es, las Constituciones y Privilegios de C. En 1659, el tratado de los Pirineos constituyó el último acto, con la desmembración de C. (cesión a Francia del Rosellón y parte de Cerdaña). Para enfocar correctamente el tema es indispensable el examen de los antecedentes de la ruptura de 1640 y de los orígenes de la crisis.

1. Antecedentes históricos. El orden constitucional de la monarquía hispánica, a partir de los Reyes Católicos, que funcionaría con bastante normalidad durante los Austrias mayores, Carlos V y Felipe II, se basaba, de iure, en las instituciones de la Corona de Aragón (unión personal, dinástica, de reinos que, bajo el mismo soberano, conservan su organización respectiva); y, de facto, en la neta hegemonía de Castilla. En palabras del historiador inglés J. Elliott, "los Habsburgo eran reyes absolutos en Castilla y solamente monarcas constitucionales en los reinos de la Corona de Aragón". El planteamiento de la crisis constitucional es paralelo al repliegue, a la recesión y a las dificultades económicas, que a su vez eXIgirían que la monarquía allanara los obstáculos que los reinos no castellanos interponían a la presión fiscal. En efecto, desde los primeros años del reinado de Felipe III esta causa económica condicionaría, en gran parte, la política de integración de los reinos no castellanos de España en la misma línea de sacrificios que Castilla. Afectó, primero, a la Corona de Aragón (C., sobre todo), ya que Portugal se beneficiaría, hasta 1630, de los recursos económicos del Imperio hispánico.

Respecto a C., Felipe III comenzó por eXIgir el pago del quinto (el 20%) de los ingresos de los principales municipios, a partir de 1599. El más afectado, Barcelona, hizo patente al rey que los gastos de la ciudad en atenciones a cargo del real patrimonio (armamento, soldados, vigilancia de las fortificaciones de la frontera) eran, en conjunto, muy superiores al importe del quinto que ahora se reclamaba. El rey contestó que comprendía perfectamente las razones de la protesta, pero insistió en cobrar la regalía del quinto: "Siendo esto imposible por la razón dicha, la falta de dinero, he ordenado que este negocio se prosiga por términos de justicia y que vosotros seáis oídos".

Por su parte, el pujante bandolerismo de la montaña catalana, que hasta cierto punto era una especie de quinta columna de la presión hugonote en la frontera, en los días de Felipe II, contribuyó, también, a la crisis. Se dictaron disposiciones prohibiendo llevar armas a los caballeros, autorizados a ello por las constituciones del país. Era un círculo vicioso: si los particulares tenían armas, abundaba el bandolerismo, y, si eran prohibidas, las Cortes se quejaban del contrafuero, mientras los virreyes arremetían contra las ataduras del régimen autónomo del Principado, que no permitía imponer el mantenimiento del orden público sin contemplaciones. Son muy significativas las palabras que en 1615 escribe a Felipe III el obispo de Vich, fray Andrés de San Jerónimo: "Sepa V. M. que la gente de este Principado culpa a todos los obispos porque no se juntan a representar todos estos males -se refiere concretamente al bandolerismo- y pedir remedio, y dicen que envíe V. M. gente y los conquiste, que todos se le darán para que asiente la justicia como en Castilla y les quite sus malos usos que la impiden".

En 1625, Olivares expuso a Felipe IV sus puntos de vista sobre la monarquía hispánica, en los que desarrolla la tesis uniformista y centralizadora ("No se contente V. M. con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y procure, con consejo maduro y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin diferencia alguna, que si V. M. lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo"). Olivares tenía la mirada puesta en C., donde se había planteado ya la crisis constitucional.

2. Orígenes inmediatos: las ideas centralizadoras de Olivares. Olivares intentó poner en práctica su gran proyecto, comenzando por la Corona de Aragón. Al pasar de la teoría a la práctica, el programa había experimentado profundos cambios: el conde-duque aspiraba a transformar el conglomerado de la monarquía hispánica en un organismo mejor integrado, en el que la castellanización en las leyes fuese contrarrestada o compensada por la descastellanización en los cargos. Pero esto último suscitó la oposición tajante de los intransigentes de Castilla: la nobleza castellana, capitaneada por el duque de Alcalá (el último virrey de Felipe III en C.) no estaba dispuesta a renunciar al monopolio que prácticamente venía usufructuando. Olivares comenzó por proponer una unión de armas, es decir, una estrecha cooperación de tipo militar entre todos los reinos de la monarquía hispánica, que, por lo que se refiere a la Corona de Aragón, implicaba un serio recorte en las facultades de las Cortes en orden a los impuestos. Los aragoneses y los valencianos aceptaron a regañadientes (Cortes de 1626). C., en cambio, se negó, alegando que ya contribuía bastante a las cargas de la monarquía. El fracaso de las Cortes de 1626 (que fueron prorrogadas hasta una nueva reunión en 1632) es el punto de partida de la rebelión de 1640.

La crisis se agrava entre 1626 y 1632: sostienen un diálogo tenso, aunque al parecer sin ganas de llegar a una ruptura definitiva, Olivares y la oligarquía burguesa del Principado, representada por el conceller de Barcelona, Jeroni de Navel. Ambos interlocutores están sometidos a la presión de fuerzas radicales: el sector de la nobleza castellana, que acusa a Olivares por su blandura, y la pequeña nobleza de la montaña catalana, que ataca el colaboracionismo de la burguesía del litoral. A mayor abundamiento, el primer ministro francés, Richelieu, en plena guerra fría entre Francia y España, espera resolver o por lo menos encauzar a su favor la crisis catalana. Richelieu alienta un movimiento secesionista de los condados de Rosellón y Cerdaña, conduce a su separación del Principado de C. Lo que resulta chocante es que Olivares y Felipe IV apoyaran decididamente el mismo intento, creyendo que con ello debilitarían la resistencia de C. a la unión de armas.

Las Cortes catalanas de 1632 (en el año anterior hubo motines en Vizcaya contra el impuesto de la sal y el reclutamiento de tropas) también desembocaron en un fracaso, que a su vez dio nuevos bríos a los elementos radicales, en C. y en Madrid. Al estallar la guerra abierta entre Francia y España (1635), Olivares vio el cielo abierto para obligar a los catalanes a aceptar la unión de armas. El conde-duque pensó entonces en la gran ayuda que C. podía prestar "viéndose interesada, que hasta ahora ha parecido que no lo está, en lo universal de la Monarquía". El mismo Olivares confesaba que había fracasado la "blandura", o sea, la colaboración financiera de buen grado, y que era impolítico recurrir a la fuerza, es decir, aprovechar unos incidentes provocados para invadir el Principado con un ejército y proceder a la abolición de las Constituciones y Privilegios de C. Pero restaba un camino viable: invadir Francia por la frontera de C., para obligar a los catalanes a cargar con la parte que les correspondía en la defensa de la monarquía. Este proyecto de Olivares de llevar la guerra a las fronteras de C. desembocaría en el más completo desastre. En efecto, el curso de los acontecimientos se precipita: presión militar francesa y campaña de Leucata de 1637; alojamientos de tropas en el Principado y revuelta armada de los campesinos catalanes; desplazamiento de fuerzas en C., del moderantismo de la oligarquía barcelonesa al radicalismo de los caballeros y canónigos de la montaña (Pau Claris, canónigo de Seo de Urgel, es elegido presidente de la Generalidad), y viraje en Madrid, donde los extremistas, capitaneados ahora por el protonotario Villanueva, acusan de debilidad a Olivares. De la radicalización de posiciones a la guerra no había más que un paso.

3. Desarrollo de las hostilidades. El choque se produjo, pues, entre los caballeros de la montaña catalana y los ultras de la corte de Felipe IV. La revuelta de los campesinos y de la nobleza arruinada por el alza de precios, la réplica violentísima de los tercios y el desencadenamiento, a partir del Corpus de Sangre (7 jun. 1640) del terrorismo contra la aristocracia y la alta burguesía ("a todos los ricos se nos considera traidores"), desembocó en la revolución catalana, que se apoyaba en un eje político formado por la Generalidad, los caballeros de la frontera y el card. Richelieu. Entonces, arrastrado por los intransigentes, Olivares adoptó la decisión de reducir por la fuerza a los catalanes (31 de julio). Con ello contribuyó a lanzar al campo contrario a las fuerzas que hasta aquel momento no se habían comprometido: parte de la burguesía (la que podía considerarse al margen del terrorismo revolucionario) y la mayor parte de los artesanos. En C., a la proclamación de una efímera República independiente, siguió la de Luis XIII de Francia como conde de Barcelona.

Durante casi 20 años, hasta el tratado de los Pirineos de 1659, C. sufrió un auténtico martirio: guerras independentistas (contra los tercios de Felipe IV y contra Francia, cuyas tropas de ocupación no tardaron en cometer los mismos excesos que habían contribuido decisivamente al alzamiento del campesinado contra los tercios españoles), una guerra civil, una revolución social, y, además, campo de batalla entre España y Francia. A la hora de la paz, después de la reconciliación de Felipe IV y sus súbditos del Principado (resultado de un nuevo viraje hacia el moderantismo, en Madrid, con el hijo bastardo del rey, Juan José de Austria, y en C., con la burguesía del litoral), el último sacrificio, éste irremediable: la mutilación de C. por el tratado de los Pirineos.

En realidad, el desarrollo total de la guerra giró en torno de la posesión de tres plazas importantes: Tarragona, al S; Perpiñán, al N, y Lérida, al O. Fracasaron todos los esfuerzos de las tropas francesas contra Tarragona, objetivo principal de los generales de Luis XIII en los comienzos de la campaña; Perpiñán cayó en poder de las tropas francesas el 29 ag. 1642; y Felipe IV hizo su entrada victoriosa en Lérida dos años después (31 jul. 1644). Una vez ocupada esta plaza, Felipe IV hizo solemne juramento ante sus habitantes de conservarles inviolablemente los Usatges de Barcelona, las Constituciones de Cataluña, y todas sus inmunidades y privilegios. Este juramento, con la libertad que concedió a muchos prisioneros para que se reintegraran a sus domicilios y sus continuas expresiones de moderación, produjeron un evidente efecto sedante por toda C.

Mientras los continuos alojamientos de tropas francesas motivaban los naturales conflictos con la población civil, y el gobierno altivo de los enviados borbónicas despertaba las suspicacias catalanas, el desencadenamiento de la gran crisis francesa durante la minoridad de Luis XIV -la Fronda (v.)- favoreció, en gran manera, la causa de Felipe IV. A partir de 1650, los tercios españoles lograron avanzar considerablemente a través del Principado, desde sus bases de Tarragona y Lérida, hasta confluir en las inmediaciones de Barcelona en agosto del año siguiente. La expugnación de la ciudad condal por los ejércitos mandados por el marqués de Olías y de Mortara y por Juan José de Austria, tardó todavía más de un año. Mientras tanto, la causa de Felipe IV hacía rápidos progresos en todo el país. La Diputación que actuaba en Manresa decidió reintegrarse a la obediencia del rey, mientras el municipio barcelonés decidía entrar en negociaciones. El 3 en. 1653 acordóse el perdón y general olvido de los hechos pasados, y la conservación de las Constituciones y Privilegios de C. Hacía pocos meses (13 oct. 1652) que Juan José de Austria había ocupado al frente de sus tropas la ciudad de Barcelona.

4. El último periodo: gobierno y pacificación de Juan José de Austria. Juan José de Austria (v.), gobernó C. con plenos poderes durante tres años (1653-56) y presidió, con indudable habilidad, la reconciliación entre el Principado y Felipe IV. Eran tiempos difíciles, puesto que continuaba la guerra con Francia y ésta disponía, dentro de C., de numerosos partidarios, que mantenía un estado de insurrección continua en la montaña: las partidas de miquelets. Fue auXIliado, en su tarea política, por dos personalidades catalanas: el regente de la Cancillería, José Romeu de Ferrer, y el de la Tesorería, Miguel Salvá de Vallgornera. La guerra civil había provocado, desde 1640, la división del país entre afectos y desafectos, con las represalias consiguientes en las personas y en los bienes (confiscaciones a los adversarios y adjudicaciones a los amigos). Continuando las hostilidades, es natural que Juan José de Austria procurara, a toda costa, que el gobierno de los pueblos y ciudades estuviera en manos de personas "idóneas, hábiles y, en particular, que sean de las más afectas al servicio de S. M.". Aprovechó todas las ocasiones para recordar "el entrañable amor que el Rey profesaba a los catalanes", hizo lo posible para resolver la difícil cuestión de los alojamientos de tropas, y pidió insistentemente al estamento eclesiástico que cooperase en la obra de captación política. En especial, solicitó de los sacerdotes que, durante las misas en que la asistencia de fieles fuese más numerosa, predicaran desde el púlpito el deber imperioso de la fidelidad al rey.

Al cesar Juan José de Austria, para hacerse cargo del gobierno de los Países Bajos, Felipe IV nombró virrey de Cataluña a D. Francisco de Orozco y Ribera, marqués de Olías y Mortara, que ya había ocupado el mismo cargo con anterioridad. Su gobierno se prolongó hasta 1663 y a él correspondió, pues, afrontar la última etapa de la guerra y los primeros años de la paz, después del tratado de los Pirineos. Continuó la política de atracción de su antecesor, ordenó que los afectados por los alojamientos de tropas fueran indemnizados y movilizó somatenes y soldados para luchar contra los miquelets y afrontar las últimas fases de la contienda con Francia.

5. El tratado de los Pirineos: desmembración de Cataluña. Las hostilidades cesaron el 7 mayo 1659, fecha en que se logró un acuerdo provisional, que recogía los preliminares firmados en Lyon por Mazarino y el embajador español Antonio Pimentel de Prado en noviembre del año anterior. El arreglo definitivo, conocido con el nombre de paz de los Pirineos (v.), logróse en las 24 conferencias celebradas en el Bidasoa (isla de los Faisanes) del 13 ag. al 7 nov. 1659, por los primeros ministros, Mazarino y Luis de Haro. Ya en 1633, en los primeros contactos franco-españoles, el plenipotenciario de Felipe IV, Francisco de Melo, mostróse dispuesto a renunciar al condado de Rosellón. Los art. 42 y 43 del tratado de los Pirineos disponían que el Rosellón y el Conflent, a excepción de los lugares situados en la vertiente meridional pirenaica, y las partes de la Cerdaña situadas en la septentrional, "quedarían irrevocablemente y para siempre incorporados a la corona de Francia". Mazarino y Haro acordaron que una comisión franco-española procedería a la delimitación fronteriza, a tenor de las directrices emanadas del tratado. Por parte francesa fueron fueron nombrados el arzobispo de Toulouse, Pedro de Marca, y el obispo de Orange, Jacinto Serroni. Y por parte de España, los dos catalanes a que antes nos hemos referido al ocuparnos del gobierno de Juan José de Austria: José Romeu de Ferrer y Miguel Salvá de Vallgornera.

Los cuatro comisarios se reunieron en Ceret, en el convento de los padres capuchinos, del 22 mar. al 13 abr. 1660 y, al no poder llegar a un acuerdo, remitieron las actas de sus negociaciones a los primeros ministros, para que resolvieran las discrepancias. Reunidos nuevamente en la isla de los Faisanes, el 31 de mayo del mismo año, Mazarino y Haro firmaron una declaración sobre el art. 42 del tratado de paz. La declaración estipuló que los condados de Rosellón y Conflent pasarían del todo a Francia, y el de Cerdaña quedaría en poder de España, a excepción de 33 pueblos del valle de Querol, en el Capcir. Miguel Salvá y Jacinto Serroni fueron encargados de escoger estos pueblos. Para ello se reunieron en Llivia en julio de 1660. Después de muchas dificultades, motivadas por el destino de Llivia, y de una gestión cerca de Mazarino por el embajador español, conde de Fuensaldaña, firmóse el acuerdo del 12 de noviembre del mismo año, que delimitó la frontera hispanofrancesa en la Cerdaña con la erección del enclave español de Llivia. En el mismo tratado de los Pirineos, los art. 55 a 59 y el 112 abordaban los problemas de la restitución general de bienes y dignidades a los desposeídos por desafectos en ambas partes (catalanes desafectos a Felipe IV y roselloneses desafectos a Francia). Los dos reyes se reservaron unas medidas de seguridad contra los que "no les fueran agradables". Esta cuestión, junto con el cambio de soberanía en los territorios afectados, suscitó muchos problemas y preocupó durante algunos años. Las capitulaciones fundamentales sobre todo ello fueron firmadas en Figueras el 28 abr. 1660 por los cuatro comisarios que ya conocemos: Marca, Serroni, Salvá de Vallgornera y Romeu de Ferrer.

V. t.: FELIPE IV; OLIVARES, CONDE DUQUE DE; PIRINEOS, PAZ DE LOS; TREINTA AÑOS, GUERRA DE LOS; JUAN JOSÉ DE AUSTRIA.

J. REGLÁ CAMPISTOL.

BIBL.: J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña, 1640-1659, Barcelona 1967; 1. REGLA, Els virreis de Catalunya, 2 ed. Barcelona 1961; íD, El tratado de los Pirineos de 1659. Negociaciones subsiguientes acerca de la delimitación fronteriza, "Hispania" XI, 2 (1951).